Los megaproyectos mineros, la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta y la especulación inmobiliaria, son el motor que alimenta la renovada embestida que el Estado y el Capital concentrado local y transnacional han lanzado contra las comunidades mapuches de Río Negro, Neuquén y Chubut, y que tiene al Poder Judicial y a las Fuerzas de Seguridad como los principales instrumentos de acoso y hostigamiento.
La avanzada antimapuche en beneficio de las corporaciones mineras, petroleras e inmobiliarias ocurre mientras, en agosto pasado, en la Asamblea General de la ONU la Argentina fue el único país del mundo en votar contra una Resolución para proteger los derechos de los pueblos originarios en el acceso a la Justicia, preservación de su cultura, su lengua y su seguridad, y de su derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado sobre decisiones que los afecten. “Deben participar de las decisiones que afecten sus derechos y propiedades”, exige la ONU.
Las cifras de esa persecución en aumento son alarmantes y se traducen en decenas de procesos radicados en los fueros penal y civil de juzgados provinciales y federales contra centenares de personas acusadas y condenadas por habitar el territorio en que lo han hecho sus familias por generaciones, desde antes que existieran los títulos de propiedad.
En Neuquén, por ejemplo, hay 13 comunidades mapuches judicializadas sólo en la denominada “zona caliente” de Vaca Muerta (ver aparte), que es la línea que componen las ciudades de Neuquén, Añelo, Rincón de los Sauces y Cutral Có. Se trata apenas de la mitad de las 25 comunidades que se encuentran bajo serio riesgo en la zona de los yacimientos, debido a que las concesiones de explotación y los oleoductos o gasoductos están en sus territorios o los atraviesan.
Esos pueblos jamás fueron consultados para ello, pese a que es obligatorio según las legislaciones nacional y provincial, y los tratados internacionales a los que está adherida la Argentina.
El coordinador de la zonal XawvnKo de la Confederación Mapuche de Neuquén, el lonko Lef Nawel, reveló a Tiempo Argentino que desde iniciado el desarrollo de Vaca Muerta, hace 15 años, más de 300 integrantes de sus comunidades han sufrido persecución judicial, y que en la actualidad la cifra ronda los 90 encarpetados por el Poder Judicial.
En Río Negro, un relevamiento de la periodista Gioia Claro sobre la persecución judicial contra las comunidades mapuche, desde la costa atlántica hasta la Cordillera, reveló la existencia de más de 20 comunidades en conflicto con decenas de judicializados y condenados, producto de casi medio centenar de causas abiertas en los fueros penal y civil con el fin de desalojarlos de los territorios que, al igual que en Neuquén, sus familias han habitado a lo largo de generaciones.
En esa provincia se produjeron innumerables desalojos violentos, e incluso se ha llegado al extremo de reabrir procesos judiciales ya concluidos o, incluso, anular resoluciones oficiales que reconocían la propiedad comunitaria de los territorios.
Fue el caso de la Lof Buenuleo, de Bariloche, cinco de cuyos miembros fueron además condenados por la usurpación de 92 hectáreas de sus propias tierras.
En Río Negro la mayor parte de los conflictos tienen lugar en la Cordillera, donde viejos asentamientos o nuevas recuperaciones fueron judicializadas por el Estado y los estudios jurídicos de los grupos económicos. Pero, según anticipó a Tiempo Argentino el vocero (werken) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, la situación tiende a un agravamiento significativo debido a los 53 proyectos mineros de oro, plata y uranio, entre otros ya aprobados o en proceso, que van a afectar directamente a las comunidades en la meseta y la llamada Línea Sur.
El caso testigo es el proyecto megaminero de Calcatreu, a 50 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, donde el gobernador Alberto Weretilneck literalmente ocupó la ciudad por tres días con centenares de policías para condicionar un virtual simulacro audiencia pública sobre esa iniciativa (ver aparte).
En el Chubut la situación no es menos grave, según describió el Lonko de la comunidad Pillán Mahuiza, Mauro Millán, quien reveló que existe “una cantidad enorme” de gente judicializada. “Son tantos, que estamos imposibilitados de enfrentar todos en los juzgados provinciales y federales. Estamos absolutamente vulnerados para dirimir esos conflictos en el terreno del Poder Judicial, que devasta nuestros derechos porque somos un obstáculo para el saqueo que llevan adelante en la provincia”, denunció.
Al igual que en Río Negro, en el Chubut al viejo acoso por los bosques cordilleranos se le suman ahora los megaproyectos mineros que el gobernador Ignacio Torres (alias Nacho) intenta llevar adelante en la meseta central con un altísimo riesgo de contaminación del río Chubut, el único que atraviesa toda la provincia.
El conflicto más notorio actualmente es el desalojo inminente de la Lof Pailako, ubicada en el Parque Nacional Los Alerces, y a cuyos miembros tanto Torres como el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, denunciaron sin pruebas por los últimos dos grandes incendios de 2023 y 2024. Larsen los insulta reiteradamente a través de las redes sociales.
El retorno de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad se tradujo en una fuerte militarización de los conflictos territoriales en Río Negro y Neuquén. En Chubut, por ahora, según Millán usan a la Policía para hacer inteligencia sobre las comunidades en conflicto, como ocurrió en la Lof Cañú, en las afueras de El Maitén.
Bullrich viajó el pasado lunes 25 a Villa La Angostura para poner en marcha lo que llama “Comando Unificado de Seguridad Productiva”, que tiene como objetivo rodear y blindar con las fuerzas a su mando los yacimientos petrolíferos y mineros de la Patagonia, a fin de impedir que su actividad se vea impedida por reclamos sindicales e indigenasa.
Conocido como “comando antibloqueo”, estará integrado por Gendarmería y Prefectura, y las policías Federal, Aeroportuaria y las locales de cada provincia. Es un remedo del comando unificado implementado en 2017, que dos días más tarde produjo la desaparición forzada y homicidio de Santiago Maldonado, en Cushamen, y después el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, en Villa Mascardi.
Aunque su creación se anunció recientemente, la Gendarmería lleva meses desplegada en Vaca Muerta, donde su tarea real se remite al acoso y hostigamiento permanente de las comunidades mapuches de la zona petrolera.
En Villa La Angostura, Bullrich también reveló que buscará la derogación de la Ley 26.160 de regulación territorial indígena a partir de un proyecto del diputado conservador Miguel Pichetto, que dispone la anulación retroactiva de todos los efectos de la norma. Aunque insuficiente, esa Ley permitió desde 2006 que decenas de comunidades indígenas de todos el país accedieran al reconocimiento legal y a la propiedad comunitaria de sus territorios. Si Bullrich y Pichetto avanzan, todo volvería fojas cero.
