El primer día que asistió al juicio, Susana advirtió cómo el Indio la adivinaba entre el público de la sala de audiencias desde atrás del vidrio que separa a los imputados. «Me miraba con esa mirada suya», dice. Lo imita, afina los ojos. La mujer viajó desde la Patagonia para asistir al juicio en el que espera que su hermano, Carlos «Indio» Castillo, un jefe del grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), termine condenado por los siete secuestros y cuatro homicidios de los que se lo acusa. Quiere justicia y verdad. Lo acusa de destruir su familia, de la muerte de su madre, del suicidio de su hermano menor, del allanamiento en su casa en plena dictadura cívico-militar. Lo nombra por su apellido, por su apodo o por un impersonal «este muchacho», pero nunca como a un hermano. «Castillo es responsable también de la destrucción de nuestra familia», dice la mujer, que milita en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), que piensa en él como en un asesino cuyo destino está en prisión y por cuyos crímenes espera que se haga justicia.
La CNU destruyó las familias de sus víctimas. ¿Qué pasó con la suya?
Yo creo que así como se han destruido y desintegrado las familias de quienes fueron las víctimas de la CNU, Castillo es responsable también de la destrucción de nuestra familia. Nosotros éramos padre, madre, yo la mayor, él en el medio y Héctor, el más chico.
Carlos Castillo está siendo juzgado desde el 15 de mayo junto a Juan José «Pipi» Pomares por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y después del golpe de Estado de 1976 con la banda parapolicial CNU. El grupo de ultraderecha surgió a finales de los ’60 y actuó en La Plata y Mar del Plata, donde irrumpían en asambleas universitarias o gremiales y hostigaban militantes. En 1974, al amparo del gobierno de derecha de Victorio Calabró, pasaron a la acción directa. Como banda parapolicial fue desactivada cuando los militares decidieron que ya no les eran útiles: el 29 de abril de 1976 los arrestaron cuando intentaban secuestrar al hijo de un comisario. Fueron a prisión, y con el Indio cayeron su madre y su hermano menor. El padre se profugó. Y el 10 de junio, un grupo de tareas de la Brigada de Quilmes fue a buscar a Susana a su casa de La Plata.
«En el año ’75 fui a mi casa a visitar a mi mamá que nunca tuvo un mal pensamiento pese a que nosotros se lo advertíamos y recuerdo que me asomé a la pieza de Castillo y vi un chaleco antibalas colgado en el respaldo de una silla, unas piezas de metal que después me dijeron que eran picanas y un arma. Ese día, con muchísimo dolor, le dije a mi vieja: ‘si vos no te das cuenta de lo que está pasando acá… yo esta casa no la piso nunca más’. Y no la pisé nunca más», recuerda.
La madre era Nelly Novara y tenía 42 años. Estuvo detenida en la Brigada Femenina (hoy Comisaría de la Mujer), frente a la estación de Trenes de La Plata. Castillo había usado su casa como centro de torturas. El menor de la familia, Héctor, también cayó preso por culpa de su hermano: estaba visitando a su mamá cuando la fueron a buscar. Se suicidó de un balazo en el corazón en 1992, a los 37 años. Su hermana asegura que nunca pudo elaborar lo que le pasó. No al menos como ella que advirtió que Castillo era un asesino antes que un hermano.
¿Que esperás de este juicio?
Estaba esperando que se realice. Cuando regresó la democracia yo creí que era el momento pero mis primos, que eran radicales partidarios de Raúl Alfonsín, me dijeron que esperara. Yo ya no vivía en La Plata. Después vino el Punto Final y la Obediencia Debida. Estos tipos aparecieron trabajando en el Senado, el Indio circulando libremente. Estuvo bien la advertencia. Lo que espero ahora es justicia y memoria.
¿Por ser familiar no puede ser denunciante?
Como testigo creo que podría aportar mucho. Quiero que se haga justicia, sea mi hermano o quien sea. Quiero que el Indio y todos los demás vayan presos. No sé qué está esperando la Justicia. Yo, sin tener ninguna certeza, no puedo dejar de vincularlos a ellos con Julio López ( desaparecido tras declarar contra Miguel Etchecolatz en 2006). Yo creo que si llega a pasar una cosa parecida, la responsable directa es la Justicia. Están absolutamente comprobadas las relaciones de esta gente con Aníbal Gordon, con lo peor de la derecha. ¿Por qué tanta lentitud con esta gente?
Castillo era el hijo varón mayor de Miguel Ernesto Castillo, un comisario que trabajaba en la Policía de noche y como técnico laboratorista en la Facultad de Agronomía de día; un hombre autoritario que castigaba con un rebenque a sus hijos y que terminó como guardaespaldas de sindicalistas de derecha en el gremio SOEME. Susana era la hija mayor, y pese a su padre decía que en 1955 se había postulado para asesinar a Juan Perón, en 1971 comenzó a militar en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y en ATE. Para entonces ya no vivía en la casa familiar, una vivienda con dos habitaciones ubicada en los fondos de la Facultad que el Indio usó como casa operativa de la CNU. Hoy está preservada como prueba histórica. La semana pasada Susana volvió a recorrerla junto a Tiempo.
«Mi vieja contaba que este muchacho estaba con un grupo ‘rompehuelgas’. Del ’71 en adelante yo no lo recuerdo en nada que tenga que ver con cosas de la familia. Pero mi madre lo adoraba, y lloraba un montón porque no sabía qué hacía ni a qué se dedicaba. Había dejado la escuela. No se sabía de qué vivía», recuerda.
Con la CNU, Castillo arrastró a toda su familia. ¿Cómo lo superó?
El teatro me ayudó mucho y yo puedo hablar de esto de manera objetiva, como si no estuviera hablando de mi familia. Después de la detención de la banda, el 1 de mayo se llevan a mi madre y a mi hermano y el 10 de junio caen en mi departamento. Mi madre murió el 24 de septiembre en el policlínico San Martín. Mi hermano Héctor, en las cartas que me mandaba desde la cárcel, me contaba que como eran hermanos los pusieron en la misma celda. Pero consiguió que los separaran. No tuvo abogado, ni oficial de justicia y la única explicación fue que estaba preso por «cosas de arrastre de la familia», que no era otra cosa que las actividades del Indio. Le dieron la libertad el 30 de junio del ’78, con un papelito que decía que quedaba en libertad libre de culpa y cargo. Nunca tuvo contención psicológica y en 1992 se pegó un tiro en el corazón.
A días del juicio la Corte Suprema emitió el fallo del 2×1. ¿Se sintió en riesgo?
Es inadmisible. Creo que es un amague para dar marco para el avance de otras políticas que tiene en mente el gobierno de Macri. Sí sentí riesgo. Yo traté de no tener mucha visibilidad y en familia discutimos si tenía que venir o no a este juicio. Pero a pesar de todo, no voy a decir que sigo creyendo en la justicia, pero sí que lo que va a predominar es la Memoria y la Verdad. Creo que nuestra sociedad, en varias generaciones, ha sufrido demasiado y ya lo demostró cuando salimos a la calle para repudiar el 2×1. «
