Continúan las declaraciones en el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Bariloche. El debate por el asesinato del joven mapuche de 22 años está en pleno desarrollo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, en la provincia de Río Negro. Allí están siendo juzgados cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA); Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) es querellante en la causa. En las audiencias que se realizaron este martes y miércoles declararon los peritos que realizaron la primera y la segunda pericia balística. Además, la próxima semana es el turno de otros cuatro peritos que estuvieron en la tercera pericia balística que se hizo en la provincia de Salta, también los que hicieron los estudios químicos de restos fulminantes en manos y ropa.  

“Este martes y miércoles declararon, Roberto Nigris, Karina Uribe y Silvia Bufarini, fueron los peritos que participaron en la primera pericia y contaron cómo fue, dijeron estuvieron presentes en la autopsia cuando extrajeron la bala del cuerpo de Rafael Nahuel”, contó Mariano Przybylski, abogado querellante y director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en diálogo con Tiempo. Vieron todo y fueron parte de “la cadena de custodia del proyectil, pero no pudieron confirmar que era segura”, agregó.

Testimonios de tres peritos

“Los tres peritos y dos auxiliares, vieron la comparación microscópica y no tuvieron ninguna duda de que el tiro mortal salió del fusil MP 5 del prefecto Francisco Javier Pintos”, aseguró el letrado. Fue la segunda arma que cotejaron y en la que “encontraron la coincidencia, después siguieron con el resto de las armas, pistolas, subfusiles y escopetas, ratificaron que la bala salió del arma del uniformado señalado”, apuntó.

Estos tres peritos también participaron de la pericia ocular que se hizo en el territorio donde se recolectaron las vainas y pudieron describir “que las de 9 milímetros eran todas de Prefectura, así las identificaron, como pertenecientes a los imputados”, remarcó el director nacional. Además, dijeron que las vainas estaban dispersas en alrededores de unos 1.100 metros de distancia de la ruta, “o sea mucho más arriba de la ruta y el terreno que tenían que custodiar hasta llegar a los 300 metros, recién ahí encontraron las vainas letales que usaron los prefectos, estaban dispersas a la largo de un sendero ascendente”, reconstruyó.

Los detalles de las vainas encontradas

De la primera vaina que encontraron hasta la última, explicaron que había una distancia en línea recta de 100 metros, pero con el camino fue zigzagueante serían como 200 metros subiendo por el sendero. Les preguntaron si podría haber sido una emboscada o un enfrentamiento. Todos respondieron que los indicios mostraban en forma clara y precisa que fueron disparando en persecución mientras la comunidad mapuche huía.

“La respuesta contundente de los tres peritos fue que los prefectos dispararon en desplazamiento ascendente, es decir, montaña arriba”, dijo el abogado. Esto reafirma la teoría de la querella, “sobre que hubo una persecución a los tiros que coincide con el ingreso de la bala por la parte de atrás hacia delante en el cuerpo de Rafael Nahuel, no de un enfrentamiento en un mismo lugar como sostienen los imputados y sus compañeros que declararon”, subrayó.

En esta línea, los tres profesionales ratificaron que no se encontró ningún otro indicio balístico además del arma del prefecto Pintos. Contaron que sí había más abajo, entre 400 y 800 metros, allí había vainas de armamento no letal. Pero estas fueron descartadas porque no era motivo de cotejo, eran de la Policía Federal, que dispararon en el desalojo que habían hecho dos días antes -el 23 de noviembre- al homicidio de joven mapuche.

“Porque los federales también emprendieron una persecución, pero no usaron armamento letal”, aseguró el director nacional. Se les preguntó puntualmente “si habían encontrado indicios balísticos de armamento no letal de los prefectos y, dijeron que no, lo que indica que los uniformados usaron directamente armamento letal”, enfatizó.

La precariedad del juzgado y las pericias  

“Nigris fue el perito oficial, el que estuvo a cargo de la primera pericia, dijo que después se enteró de casualidad de que iban a realizar una segunda pericia en una sede de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y que no le habían informado nada”, recordó el director nacional. Siguió relatando que “se enteró por su propia cuenta, llamó al juzgado y pidió permiso para participar, aunque sea para observar, estar presente, dijo que más que nada lo hizo como para dar una explicación y ver como se revisaba el trabajo que él había hecho, aseguró que la Justicia le negó esa posibilidad, le respondieron que no”, aseveró el abogado querellante.

Este perito brindó un dato que “considero revelador, es muy importante, además fue de público conocimiento, dijo que para la tercera pericia que hicieron en Salta -que son los peritos que van a declarar la próxima semana- hubo problemas con el proyectil que se extrajo del cuerpo de Rafael Nahuel, no llegó a esa provincia”, subrayó el director nacional. Apuntó que “se había extraviado la bala, la pieza más importante”.

“Fue un escándalo porque se había perdido la prueba fundamental, después fue recuperado el proyectil”, recordó el abogado. En esta línea Nigris contó que el estudio terminó dando “un resultado distinto a la primera pericia, con lo cual tampoco sabemos puntualmente qué fue lo que pasó con esa bala durante el tiempo que no estuvo”, agregó.

 Además, el perito dijo que cuando se ordenó la pericia en Salta, “desde el Juzgado lo llamaron por teléfono a él, le preguntaron si por casualidad no tenía el proyectil y el MP 5 en su casa”, remarcó el letrado. “El perito lo contó con mucha bronca, porque él había hecho la pericia dos años antes”, dijo.

Después declararon quienes hicieron la segunda pericia, Martín Moreno y Silvina Lastretti de Gendarmería Nacional Argentina y Jorge Delgado de Prefectura Naval Argentina. “Esta fue realizada en Buenos Aires, en un edificio de los gendarmes, hubo un abogado de la querella que participó en la apertura, estuvo en las dos primeras reuniones y después no fue más”, contó Mariano. Tampoco firmó el informe, “no estuvo en el cotejo, no hubo peritos de la querella, fueron todos miembros de estas dos fuerzas de seguridad, ocurrió en 2018 cuando dependían de Patricia Bullrich”, señaló como responsable política.

“Obviamente ese estudio determinó todo lo contrario a la primera pericia, dijeron que no había salido del MP5 del prefecto Pintos ni de Obregón, que eran los dos con los que ellos tenían que cotejar en ese momento”, recordó el abogado. Entonces les preguntaron cómo podía ser posible que se hayan observado cosas tan distintas entre la primera pericia y la que hicieron ellos; “respondieron que depende de los ojos, la experiencia y cómo trabaja cada perito”, apuntó. 

También afirmaron que no tenían dudas “de los resultados que dieron ellos”, dijo el director nacional. Además agregaron, para reforzar el discurso, que por cuestiones profesionales “no pueden opinar sobre lo que determinaron los que hicieron el primer estudio”, recordó.

La escena del crimen fue contaminada

“Silvia Bufarini dijo algo sobre los restos de pólvora en las manos que es importante, ella es especialista en estos estudios químicos y dio algunas pautas valiosas, una es que Lautaro González y Fausto Jones Huala -ambos mapuches- tenían algunas partículas de restos fulminantes en sus manos y también en alguna ropa de Rafael Nahuel”, contó Mariano. Continuó señalando que los “defensores de los imputados usan eso para decir que los miembros de la comunidad estaban armados, es lo único que tienen para decir eso”, detalló.

La mujer explicó en la audiencia de este miércoles, “que esa prueba se puede contaminar fácilmente, que es muy relativa, para nada contundente”, remarcó el abogado. Siguió relatando que “cuando una personas dispara le quedan residuos de fulminantes en las manos y en la ropa, pero también le puede quedar al que está al lado o cerca del que dispara”.

Esto sucede así cuando se dispara mucho en un espacio acotado, ”en este caso fueron 130 disparos de armas de fuego en un radio de entre 100 y 200 metros”, enfatizó el director nacional. Por eso el mismo ambiente “pudo haber estado contaminado y entonces las partículas cayeron en manos y ropas de los miembros de la comunidad mapuche”.

“Se trata de una contaminación por transferencia, pasa cuando alguien que tiene las manos contaminadas toca a otra persona y le transfiere partículas”, explicó el letrado. Los prefectos “habían disparado, tenían las manos contaminadas, cuando arrestan a Lautaro y Fausto, fueron esposados y les tocan las manos”, subrayó.

“Este episodio que describí sucedió poco antes de que les tomen las muestras de fulminantes, por lo cual también pudieron haberles transferido partículas. Bufarini también dijo que las esposas son elementos que puede estar contaminados, así como los chalecos y los móviles oficiales”, ahondó Mariano. Por lo cual no se puede afirmar por ese dato “que los miembros de la comunidad hayan disparado, toda la escena estaba contaminada”, finalizó.

La próxima semana declararán otros cuatro peritos que estuvieron en la tercera pericia que fue la que se realizó en la provincia de Salta. Fue cuando la Justicia perdió el proyectil que tenían que analizar. También será el turno de los hicieron los estudios químicos de restos fulminantes en manos y ropa; es un poco lo que anticipó Bufarini en su testimonio de esta semana.