El Consejo de la Magistratura desestimará tras la reanudación de la actividad judicial, en febrero próximo, la denuncia de un ex precandidato a concejal por Esteban Echeverría contra dos jueces acusados de proteger a una supuesta fuerza de choque de Cristina Fernández de Kirchner, quien habría ordenado que se lo persiguiera con una espada katana tipo samurái para decapitarlo.
En tiempos en que cualquier disparate puede (y de hecho pasa) convertirse en una causa judicial, la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo recibió el expediente número 203/17, que promovía el juicio político contra la jueza federal porteña María Servini y su colega de La Plata Manuel Blanco, quien murió a principios de setiembre de 2014.
El denunciante, Miguel David Lezcano, sostuvo en su presentación ante el Consejo que un tal señor Alanis, sobre quien no aportó más datos pero sí lo definió como integrante del grupo de tareas del Frente para la Victoria de Cristina Kirchner, era el responsable, por sí o a través de terceras personas no identificadas, de la orden de que se lo persiguiera con una espada katana. ¿Por qué querría la ex presidenta, a través de un ignoto Alanis, decapitar al denunciante? El expediente que aún tramita ante el Consejo de la Magistratura explica que dicha situación habría tenido lugar por repartir cajas de alimentos y alfajores a los niños y el señor Alanis se enojó porque se quería llevar esa mercadería a su casa. Ese episodio, siempre según la denuncia de Lezcano, frustró su carrera política, pues lo echaron de su candidatura de Concejal por el partido de Esteban Echeverría.
En efecto, Lezcano figuraba como precandidato a séptimo concejal suplente para las elecciones de 2015 en esa localidad bonaerense, como parte de una lista encabezada por Sergio Saldutto, un ex concejal que había pertenecido al Frente para la Victoria pero que se escindió de esa fuerza y armó un bloque unipersonal en el Concejo Deliberante local. Según el sitio de internet La Política Online, Saldutto reporta a Claudia Rucci y armó un monobloque para apuntalar la figura de José Manuel De la Sota.
En el expediente que tramita ante el Consejo de la Magistratura, Lezcano había pedido que se libre embargo sobre el capital del Frente para la Victoria y sobre los bienes de Cristina Kirchner por 50 millones de pesos, porque su salud se vio afectada. Pero además, reclamó que se embarguen en la sucesión del fallecido juez Blanco, en la Plata, por daños punitivos.
Pese a la receptividad que exhibe el Consejo para denuncias que involucren directa o indirectamente a funcionarios del anterior gobierno, esto fue demasiado. Con tono formal, los consejeros Pablo Tonelli, Adriana Donato, Luis María Cabral, Leónidas Moldes, Juan Bautista Mahíques, Angel Rozas (habitualmente suscriben las posturas del oficialismo), Juan Mario Pais (peronista pichettista) y Jorge Candis (una suerte de líbero) consideraron que la denuncia no aporta elemento de prueba alguno que otorgue entidad a los escuetos argumentos esgrimidos, todo lo cual resta entidad para dar inicio a un proceso Disciplinario por ante el Consejo de la Magistratura.
No existen elementos de convicción suficientes para continuar el trámite de las presentes actuaciones, por lo que corresponde proceder al rechazo in limine de la denuncia, propusieron al Plenario del Consejo. En febrero, cuando se reanude la actividad judicial, la denuncia debería ser definitivamente cerrada.
