Todavía no hay ningún acuerdo firmado, apenas dos anuncios ante la prensa, uno escrito, redactado por el FMI, y otro oral, anunciado por el presidente Alberto Fernández y explicado en conferencia por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, la discusión sobre cómo se va a pagar la deuda ya se desató fronteras adentro. La lupa está puesta en los capitales especulativos que fueron fugados durante la administración de Mauricio Macri. Los pasos para seguir  la búsqueda de la ruta de la fuga son cuatro.

No toda formación de activos en el exterior es considerada fuga de dólares. De hecho, en Argentina fue legal el cambio de dólares a pesos, su valorización a altísimas tasas con las Leliq y las Lebac, el paso a dólares y su posterior salida del país, entre 2016 y 2018. Esa bicicleta financiera, denominada por los agentes del mundillo bursátil como “carry trade”, terminó en la toma de la megadeuda con el FMI por 44 mil millones de dólares. El propio Macri confesó en noviembre pasado a la CNN que la plata del Fondo había sido usada para pagarles a los bancos comerciales que habían participado en ese ciclo de valorización financiera.

El primer paso para avanzar en la investigación sobre quiénes fueron los que participaron en la fuga es la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, tras la renovación electoral.

Una segunda instancia ya depende del aporte de información de tres organismos clave: la Afip, conducida por Mercedes Marcó del Pont; el Banco Central que preside Miguel Pesce; y la Comisión Nacional de Valores, cuyo titular es Adrián Cosentino.

Los tres funcionarios, en menor medida Pesce, dependen de la decisión del presidente Alberto Fernández para accionar, a partir de un eventual pedido de la comisión bicameral. Un tercer paso es el procesamiento de esa información, ya que estos activos suelen esconderse en una serie de “mamuschkas” de cuentas y empresas. El cuarto y último paso es el más complejo: la elaboración de alguna herramienta cambiaria o impositiva que ayude a recuperar dólares, destinados al pago de la deuda.

Fuentes parlamentarias confirmaron a Tiempo que por el momento no hay plazos, ni mucho menos nombres, para componer la comisión de investigación de la deuda, porque primero se arman las comisiones permanentes y luego las bicamerales. Hasta el momento, la preside el senador oficialista José Mayans, quien fue criticado por diputados del mismo espacio político por haber “planchado” la investigación durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández.

El diputado Hugo Yasky hizo el reclamo este sábado. «La Comisión Bicameral de la Deuda se tiene que reactivar. Hay que investigar y conocer. Y, llegado el caso, hay que penalizar; hoy no existen leyes en Argentina, pero hay que construir un andamiaje jurídico y legal para impedir la impunidad», señaló Yasky  a El Destape Radio.

«No hay voluntad política  homogénea dentro del oficialismo. Quienes creemos esto somos minoría dentro del FdT, pero hay que armar un bloque social para poner la deuda en la agenda del debate, discutir quién paga», sostuvo Yasky y agregó: «Hay temor a enfrentar a quienes detentan el poder fáctico, y generar conflicto, ponerse de frente a ese poder que está en los medios y que nos tilden de populistas, que nos digan que conspiramos contra el buen clima de negocios».

Al igual que en Diputados, en el Senado tampoco hay una posición unánime en el bloque del Frente de Todos con respecto al entendimiento anunciado con el FMI, aunque el manejo de esas diferencias es por ahora muy sigiloso.

Los cuestionamientos giran en torno a que el gobierno de Estados Unidos fue inflexible con dos pedidos argentinos: la quita de las sobretasas –reclamo que había conseguido el respaldo del G-20– y el plazo de pago de diez años o más. Nada de eso pasó.

Más allá del debate, que todavía no llegó al Poder Legislativo, el Ejecutivo tiene en sus manos una detallada lista de argentinos que tienen sus activos en el exterior producto del blanqueo “más exitoso de la historia”, implementado por Macri en 2017, por el cual se admitieron fondos por 116.800 millones de dólares. Esa iniciativa permitió que pasaran a ser legales fondos no declarados, pero con el beneficio de no tener que repatriar nada. El objetivo a nivel país era lograr formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que exigía una puesta en marcha de acuerdos para realizar intercambios automáticos de información financiera y tributaria con más de cien países. Y que eso permita que el fisco argentino pueda obtener información sobre cuentas bancarias de sus ciudadanos.

Los datos fueron entregados por OCDE en 2018, pero recién comenzaron a ser procesados a partir de la llegada del peronismo al gobierno. Estos fondos pagan la alícuota por bienes personales. Habrá que ver si el oficialismo prefiere usar esa herramienta fiscal para aumentar el porcentaje o crear nuevos impuestos a los fondos especulativos que no forman parte del sistema productivo del país. «