El gobierno de Axel Kicillof desmintió categóricamente este jueves la información publicada por el diario La Nación en base a la denuncia que realizó un fondo buitre en Estados Unidos en la que se acusó a cuatro funcionarios bonaerenses de «haber movido cientos de miles de dólares en los últimos dos años dentro y fuera de la Argentina». Los acusados negaron tener relación con operaciones ilícitas y anticiparon que iniciarán acciones legales para que se aclare la situación.
La desmentida oficial llegó a través de un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, que respondió de esta manera a la nota «El documento explosivo de EE.UU. que apunta a dinero negro de funcionarios argentinos» publicada por La Nación, donde también se acusa al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, de haber utilizado «un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero», y también a Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia; Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense; Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, y a Ana María Bazán, funcionaria de la Asesoría General de Gobierno. A todos se los acusa de participar de operaciones ilícitas y mover dinero a distintas cuentas en el extranjero y hasta de figurar en los «Pandora Papers».
Las acusaciones sobre los funcionarios, que el diario replica, fueron vertidas en una denuncia formulada por el abogado Dennis Hranitzky, que representa a los bonistas Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, dos fondos buitre que no aceptaron el canje de deuda formulado por el gobierno bonaerense. El letrado le pidió a la justicia norteamericana que solicite a varios bancos que otorguen información sobre movimientos financieros de los acusados.
«En el día de ayer, fue publicada una nota periodística, con datos tomados de una presentación que se realizó pocas horas antes, ante la justicia estadounidense», comienza el comunicado del gobierno provincial. Y explica que las acusaciones tomadas por La Nación «fueron realizadas por uno de los abogados de un fondo buitre, en el contexto del litigio que mantienen luego de no aceptar el canje de deuda ofrecido por la Provincia. Se trata de un escrito donde los fondos buitre exigen respuestas a entidades financieras norteamericanas sobre un pedido de información (“Discovery”) que se inició en el mes de marzo de este año».
En este punto, el gobierno remarca que «esta coincidencia temporal, donde una nota periodística se publica simultáneamente con una presentación en la justicia de Nueva York, constituye un burdo intento, ya desesperado, de intervenir en el proceso electoral desde el extranjero junto con medios locales».
Remarca también que Montaña, Benítez, García y Bazán «desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan» y agrega que «todos los damnificados están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado».
El gobierno adelanta que «a través de sus abogados, presentará a la brevedad una queja formal ante el tribunal estadounidense, para cuestionar las acusaciones de los buitres y denunciar la mala fe en el uso de la información, con el claro objetivo de interferir en el proceso democrático de nuestro país».
Por último, en el comunicado se aclara que ninguno de los funcionarios mencionados en la nota periodística, ni tampoco el gobierno de la Provincia, «fueron consultados por el diario antes de la publicación, «contradiciendo una de las más difundidas (y sensatas) prácticas del ejercicio de la profesión: el chequeo con fuentes».
