Un grupo de juristas propuso 19 medidas para combatir la corrupción, lo que incluye la eliminación de la Oficina Anticorrupción. El documento, al que tuvo acceso Tiempo, impulsa además la creación del registro nacional de inversores off shore, redefinir las incompatibilidades en el ejercicio de la función pública de modo tal que un gerente de una petrolera no pueda ser ministro de Energía –por ejemplo- y la creación de un régimen de “responsabilidad patrimonial” de los gobernantes por daños ocasionados al patrimonio público, una medida que Mauricio Macri impulsó como presidente de Boca Juniors pero olvidó cuando se fue jefe de gobierno y presidente.

Además, postula la “reforma del Sistema de Inteligencia Nacional” mediante la restricción de los fondos, el control, la transparencia y el monitoreo legislativo de la oficina de escuchas judiciales. Y  propone la fusionar el fuero federal con el Criminal de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, de modo tal que un juez de Talcahuano 550 pueda investigar a un funcionario público y que a uno de Comodoro Py 2002 le toque esclarecer un robo común o un homicidio.

El documento, titulado “La corrupción, hacia un remedio institucional”, fue escrito por el directivo de la Asociación Argentina de Ética y Compilance Ángel Bruno, el ex director del Banco Central Pedro Biscay, la coordinadora general del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) Martina Cirimele, la ex funcionaria del Banco Central y docente de la Universidad Tecnológica Nacional Alejandra Freire, el primer titular de la Oficina Anticorrupción en 1999, José Massoni y el ex titular del área de comunicaciones de la Procuración General de la Nación Luis Villanueva. 

El trabajo propone la “reformulación de la Oficina Anticorrupción” para “dotarla de mayor autonomía frente al Poder Ejecutivo”. Para ello, la OA desaparece como tal: “Se propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, integrada por cinco personas, representando al Poder Ejecutivo Nacional, la Cámara de Diputados, la de Senadores, organizaciones sociales y las Universidades Nacionales. La presidencia de la Comisión no podrá estar a cargo del funcionario designado por el Ejecutivo”.  Ese nuevo organismo deberá, entre otras funciones, “implementar el sistema de seguimiento de la fortuna de los funcionarios públicos, formular políticas orientadas a mejorar los procedimientos de transparencia en materia de compras y contrataciones públicas, fortalecer las políticas de rendición de cuentas y acceso a la información, controlar el seguimiento de agendas de los funcionarios públicos, llevar adelante investigaciones vinculadas con delitos contra la administración pública y otras formas de corrupción”.

El organismo saldrá de la órbita del Ejecutivo. En la actualidad, su titular, Laura Alonso????, es una confesa militante del macrismo y, como tal, reconoció públicamente que no querella en causas de corrupción del actual gobierno.

La propuesta también impulsa la “reforma del sistema de financiamiento de la política”, estableciendo “la prohibición absoluta del uso de dineros privados con fines políticos” para que el Estado costee las campañas, que “deben ser austeras marcando un vector ético en el ejercicio de la actividad política”. En ese contexto, “la cuenta de los partidos, alianzas y/o candidatos deberá ser pública y estar a disposición on line para su estudio por parte del conjunto de la sociedad”.

En cuanto a las “incompatibilidades en el ejercicio de la función pública”, el proyecto contempla “la prohibición de designar en los cargos de Director Nacional, Subsecretario, Secretario, Ministro o equivalente a personas que hayan desempeñado su actividad profesional dentro del sector que está bajo la órbita de regulación que corresponda” al menos hasta tres años después de su alejamiento. Gran parte del gabinete que acompañó a Macri en su asunción no habrían podido asumir de haber estado vigente esta norma.

Sobre la “responsabilidad patrimonial por daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de un actuar contrario a las disposiciones vigentes en materia de transparencia y administración del erario”, el proyecto estipula “el inicio de acciones legales contra los funcionarios que hayan intervenido en la reformulación del esquema tarifario de servicios esenciales, especialmente teniendo en cuenta el perjuicio general a nivel social; el inicio de acciones civiles por daños y perjuicios contra los funcionarios del BCRA que tenían responsabilidades de evitar la corrida cambiaría y la fuga de capitales”.

En cuanto a la “creación del registro nacional de inversores off shore”, el proyecto establece directamente “la imposibilidad de presentarse a elección pública si se tiene participación en sociedades en Oasis Financieros y la penalización e inhabilitación directa en caso de que se tenga participación y no se haya declarado”.

El documento también propone juicios por jurados para casos de corrupción, evasión impositiva agravada, contrabando y delitos financieros, incluyendo la figura del “testigo protegido de instituciones financieras”; una nueva ley de recuperación de activos y de sanciones civiles por casos de corrupción;  la reforma de la Ley de Compras Públicas y del sistema de obras públicas y legislar nuevos tipos penales para, por ejemplo, “penalizar el ‘contado con liqui’”.