Mauricio Macri se tomó casi cuatro meses, desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la titularidad del Ministerio Público Fiscal, para anunciar el nombre de su candidata a sucederla: Inés Weinberg de Roca. Tal pronunciamiento causó una ingrata sorpresa en otros aspirantes al cargo, entre ellos los fiscales José María Campagnoli, Germán Moldes y Raúl Pleé. También produjo estupor en el procurador subrogante, Eduardo Casal, quien soñaba con su designación definitiva.

¡Pobre santo! Durante su breve interinato puso un descomunal empeño en parecer más «amarillo» que el sol. Y supo inaugurarlo desplazando al fiscal Félix Crous de la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin), un organismo en constante cortocircuito con la política de seguridad del PRO. En paralelo emitió una resolución para crear una estructura tendiente a enfrentar al «extremismo violento y el terrorismo internacional». Fue una iniciativa acorde a la doctrina norteamericana de las «Nuevas Amenazas», que supone sediciosos los actos de protesta, algo muy a tono con la religión del oficialismo. 

A espaldas de Casal se rumoreaba que su misión sólo consistía en hacer el trabajo sucio –una pretendida contrarreforma del Ministerio Público– con la idea de que su reemplazante no arrastre el estigma de tan indeseada labor. Su condición de viejo burócrata encajaba con semejante destino. Pero es notable que ahora, con las cartas sobre la mesa, este sujeto insista en hacer méritos. De hecho, en los últimos días apartó a Juan Pedro Zoni de la fiscalía federal que tramita la causa por la escandalosa condonación de la deuda del Correo, que lo tiene al propio Macri como imputado. También instruyó a la obediente fiscal Laura Monti para que produzca un dictamen favorable al reclamo de la cadena Farmacity, de la cual es fundador y accionista el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. El pronunciamiento es para operar en el Gran Buenos Aires, un anhelo rechazado por la Justicia provincial en todas sus instancias. Tampoco dudó en bendecir el procesamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio contra el fiscal Carlos Gonella, ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), tras difundir información sobre una causa penal que involucra a la jueza María Lanz. 

Cabe destacar que Gonella, al igual que Crous y Zoni, son referentes de la agrupación Justicia Legítima.

En tanto, la doctora Weinberg ya se prueba el tailleur de procuradora general de la Nación. Las semblanzas que en las últimas semanas los diarios publicaron sobre ella incluyen un simpático detalle: Macri la había conocido durante el otoño de 2013, mientras ambos elongaban en un coqueto gimnasio de Barrio Parque. Días después, el entonces jefe de Gobierno porteño impulsó su nombramiento como jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ).

Todo un estilo: en 1993, la doctora Inés conoció a Carlos Menem en una fiesta y le dijo que quería ser jueza. Semanas más tarde, el riojano maniobró su designación al frente del Juzgado Civil 11. Así comenzó su carrera.  

¿En qué evento mundano habrá conseguido, luego, integrar el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia y el de Ruanda, antes de su etapa en el Tribunal de Apelaciones de la ONU? 

Por lo pronto, se la critica por haber cobrado allí un sueldo hasta 2016, cuando ya llevaba más de tres años en el TSJ. 

Su esposo es el abogado Eduardo Alejandro Roca, un ex funcionario de tres dictaduras (las de José María Guido, Juan Carlos Onganía y Leopoldo Galtieri). Este individuo de 96 años es socio de Manuel Sabarrayrouse en un estudio jurídico. Tiene todavía gran presencia en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una ONG de dinosaurios que brega por el perdón a represores bajo proceso o condenados.

Tal lazo abre un interrogante sobre la postura de la posible procuradora sobre los juicios por delitos de lesa humanidad. Más allá de tan pesimista perspectiva, la septuagenaria jurista es célebre por dos fallos: el que aprueba el uso de pistolas Taser por parte de la policía y el que restauró a sus efectivos la atribución de pedir el DNI sin motivo alguno.

Dios y el Senado tienen ahora la última palabra. «