El Fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, fue procesado este lunes en una causa por delitos de lesa humanidad que investiga el juzgado federal N°2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence. La causa investiga el secuestro y las torturas a tres militantes comunistas en los últimos años de la dictadura cívico militar, cuando el jefe de los fiscales marplatenses era policía y actuaba en la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA). En el mismo expediente están involucrados otros cuatro policías y el ex militar Norberto Apa, condenado en diciembre pasado por el secuestro y asesinato de Ana María Martínez en 1982.
La jueza consideró a Fernández Garello partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados contra Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y Jorge Rolando Seitor, los tres militantes del Partido Comunista secuestrados el 23 de julio de 1981 y liberados cinco días más tarde. Vence no pidió la prisión preventiva, aunque trabó un embargo de 300 mil pesos a los acusados.
Con el fiscal quedaron procesados los también ex policías Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos y Daniel Cammarota, y al militar Jorge Norberto Apa el exjefe del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército.
Al conocerse el fallo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que es querellante en la causa, reiteró al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y a la Suprema Corte provincial –que preside el amigo del fiscal Eduardo Julio Pettigiani- el pedido de inmediata suspensión en su cargo de Fernández Garello. En noviembre pasado Conte-Grand cerró y archivó un trámite disciplinario contra el funcionario que había sido impulsado por la Comisión en la secretaría de Control Disciplinario de la Procuración General. El expediente señalaba la posible comisión de faltas disciplinarias por su participación en los hechos denunciados y también por haber ocultado su participación en la inteligencia policial al ingresar en el cargo.
La decisión del Juzgado Federal Nº2 llegó luego del fallo del 18 de diciembre pasado de la Sala I de la Cámara de Apelaciones que revocó la falta de mérito que la jueza había dictado para los imputados y señaló los argumentos por los cuales para los camaristas consideraban que se trataba de un crimen de lesa humanidad.
A principios de mes Fernández Garello fue nuevamente denunciado por otros dos casos: la desaparición forzada del militante paraguayo Mario Ramírez Medina y del espionaje, infiltración y persecución de exiliados chilenos. La CPM pidió por esos casos el juicio político.
El caso. Fernández Garello quedó procesado en la causa “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.”, por las detenciones y torturas cometidas contra Bulacios, Duarte, y Seitor, tres militantes del PC que fueron secuestrados entre la mañana del 23 y la madrugada del 24 de julio de 1982 en sus domicilios de Villa Lynch, San Miguel y Grand Bourg.
Bulacios y Duarte fueron secuestrados el primer día por un grupo de tareas compuesto por el oficial principal Marcos José Sztemberg, el suboficial mayor Roberto Abel Marcel, y el cabo primero Daniel Cammarota de la Brigada III de San Martín, y los oficiales subinspectores Ríos y Fernández Garello de la Delegación Regional de Inteligencia III (San Martín) de la DIPPBA. Seitor fue secuestrado a las 2 de la madrugada siguiente los policías de la Brigada Guillermo Horacio Ornstein, Ricardo Degastaldi, Juan Paniagua y Ricardo Coronel, junto a otros que no fueron identificados.
Las víctimas fueron llevadas a la Brigada de San Martín, donde fueron interrogados por personal de la Inteligencia policial. Todos fueron golpeados y al cuarto día fueron indagados en el Juzgado Federal de San Isidro, y liberados al día siguiente. Habían pasado cinco días del secuestro.
En el fallo, la jueza detalló que Fernandez Garello junto a Ríos, Cammarota, y los policCoronel y Ornstein, fueron convocados por Jorge Norberto Apa para conformar las comisiones conjuntas integradas por personal idóneo para realizar los procedimientos”. Tresguerras, en tanto fue quien elaboró el documento enviado a la DIPPBA con información relacionada con los procedimientos y las detenciones.
Los operativos quedaron asentados, entre otros documentos de la burocracia estatal, en los archivos de la DIPPBA que tiene en custodia la Comisión por la Memoria y que aportó en esta causa. “Las acciones de inteligencia fueron constitutivas del plan de exterminio y del modus operandi del terrorismo de Estado, y la delegación de la DIPPBA San Martín fue parte central”, señaló el organismo provincial en un comunicado.
Por eso festejaron la decisión de la justicia de San Martín de procesar al actual fiscal general de Mar del Plata porque “obliga a los distintos poderes del Estado a tomar medidas urgentes para impedir que continúe en su cargo”.
