El juez federal Roldolfo Canicoba Corral, quien el miércoles se jubila al cumplir 75 años, procesó sin prisión preventiva al exministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, por supuesta «administración fraudulenta» en la causa que investiga delitos cometidos en la renegociación de la concesión de peajes.

Para el juez, Dietrich «cumplía una función pública y como tal, su principal y exclusivo objetivo, debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado». Sin embargo, el magistrado consideró que tanto él como los otros acusados habrían actuado «direccionando toda negociación y contratación» para «beneficiar a las empresas (Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste) en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo». 

La semana pasada ya habían sido procesados el ex procurador Bernardo Saravia Frías y al extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y resta saber qué resolución tomará el juez saliente con el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, también imputado, quien declaró este lunes.

Días atrás, Dietrich rechazó haber cometido delitos en la renegociación de contratos de peaje y dio detalles técnicos sobre cómo fue esa operatoria, a la vez que recusó al juez Canicoba Corral por «parcialidad manifiesta» y por el supuesto «manejo arbitrario» del expediente.

Según el expediente judicial, el acuerdo que habilitó la prolongación de los contratos se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que las empresas –que tenían vinculación comercial con el grupo que integraba el expresidente– formularan un planteo administrativo y una demanda ante el tribunal arbitral internacional CIADI, pocos días antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la jefatura del Estado.

Para los investigadores, esas dos demandas, presentadas recién después de más de 15 años de supuestos atrasos y ante un seguro cambio del signo político del gobierno, constituyeron un escenario ficticio en el cual las empresas no tenían posibilidad de imponerse, y que sirvió como excusa para que el gobierno de Macri extendiera los contratos y reconociera la supuestas deudas.

En su defensa, sin embargo, Dietrich sostuvo que le ahorró al país «un juicio millonario que iban a pagar todos los argentinos; mejoró notablemente las condiciones para el Estado reconociendo un tercio de los montos reclamados; bajó los intereses estirando el tiempo de repago por peaje para que las obras las paguen sólo quienes las usan evitando subas exorbitantes y logró nuevas inversiones en obras fundamentales».

La declaración de DIetrich choca en el expediente con la del ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien enumeró los motivos por los cuales la demanda de Abertis (empresa asociada de Ausol) ante el CIADI no lograría prosperar.

Balbín, de hecho, debió abandonar su cargo luego de manifestarse en contra de ceder ante reclamos como el de las concesionarias de peajes y fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, quien días atrás fue procesado en este expediente, acusado de convalidar actos que afectaron los intereses del Estados.

Para el juez, “existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes- públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso».

En la causa se investiga la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste. El juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.