El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, procesó el viernes, y les trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir 8 millones de pesos, a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por maniobras de espionaje ilegal desplegadas contra políticos, gremialistas, dirigentes sociales y periodistas, como también sobre personas detenidas en el penal de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri.

La noticia, opacada por el caso que detonó la renuncia del ministro Ginés González García, es clave en una causa que compromete gravemente al gobierno de Mauricio Macri.

Augé procesó a otras 36 personas imputadas por las maniobras de inteligencia prohibida. Para el juez, hay elementos para procesar a Arribas y Majdalani como responsables “de dar las órdenes de practicar acciones de inteligencia ilegal” a 42 personas entre las que están la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el sindicalista Hugo Moyano y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La decisión de Augé se produjo luego de que la Cámara Federal porteña, que días atrás dispusiera el paso de la causa a los tribunales de Comodoro Py, le devolviera el expediente hasta tanto se trate un recurso extraordinario presentado por Cristina Fernández.

La decisión de Auge se sustenta en el criterio de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes antes del inicio de la feria judicial habían requerido que Arribas y Majdalani fueran procesados junto a otros 36 imputados entre los que también estaba la exempleada del área de Documentación Presidencial durante el Gobierno de Macri, Susana Martinengo, quienes el viernes resultaron procesados.

«Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas», habían dicho los fiscales.

«Con distintos roles, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos, los imputados utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas mencionadas, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales, tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires», sostuvieron.

En aquel mismo dictamen de más de 1.000 páginas, los fiscales habían indicado que correspondía dictarle la falta de mérito al secretario privado de Macri, Darío Nieto, tras considerar que no se habían encontrado elementos suficientes para reclamar que se lo procesara y el juez lo concedió.

Sin embargo, se investiga si Nieto fungió como canal alternativo para que el producto del espionaje ilegal aterrizara en manos del expresidente.