El juez federal Sebastián Casanello procesó a funcionarios del anterior gobierno y a poderosos empresarios por presuntos sobornos pagados por la multinacional brasileña Odebrecht y sus socias locales en dos obras licitadas por AySA: la Planta Depuradora Paraná de las Palmas (adjudicada al consorcio de empresas Odebrecht, Benito Roggio e Hijos, Supercemento y José Cartellone) y Planta Depuradora Berazategui (Esuco y Camargo Correa).
La lista de procesados comprende a los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y Tito Biagini por cohecho activo; a los ex funcionarios Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Carlos Ben y Raúl Biancuzzo por cohecho pasivo, y al empresario J.R, quien fungió como una suerte de intermediario en los pagos ilegales. La resolución incluye además embargos para todos por un monto de 511 millones de pesos. En los casos de Wagner, Roggio, Biagini, Ben y Biancuzzo, se trató de una ampliación de los procesamientos dictados en mayo del año pasado, en relación con los mismos hechos.
Según se desprende del procesamiento colectivo, una resolución de 118 páginas, los empresarios están acusados de haber sobornado a los funcionarios en dos etapas: primero para obtener las obras mediante el direccionamiento de las contrataciones y luego, una vez iniciados los trabajos, para destrabar pagos.
Parte de esos desembolsos ilegales –según la investigación- se canalizaron a través de la off shore uruguaya Sabrimol Trading SA, cuyos tres principales referentes también fueron procesados por Casanello. Pese a que buena parte de la información utilizada por el juez provino de confesiones como arrepentidos de empresarios relacionados con Odebretch en Brasil, ese material sólo se pudo incorporar a la causa gracias a los aportes del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.
En virtud de ello, Casanello le pidió al fiscal Federico Delgado que “avance en el proceso de colaboración” con los arrepentidos brasileños pues “los estados tienen la obligación de colaborar y auxiliarse mutuamente en la investigación y represión de los delitos de corrupción”.
Paradójicamente, la información más importante la aportó en Brasil el ex titular de Odebrecht en Perú, cuyo nombre es José Barata, con una sola T. Fue él quien entregó una planilla con el listado de todos los pagos ilegales, incluidos los realizados en la Argentina. Esa colaboración es vital para avanzar en lo que resta de la investigación, que tiene pendiente –entre otras cosas- un pedido de extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y de Camargo Correa “sospechados de haber intervenido en las contrataciones que beneficiaron a esas empresas y en el pago de sobornos”.
“Diversas fuentes (acuerdo de lenidad de ODEBRECHT con las autoridades estadounidenses y documentación aportada por el Principado de Andorra, entre otras) han indicado que el Grupo ODEBRECHT llevaba una práctica habitual en acuerdos con funcionarios de gobierno de al menos 20 países para la adjudicación de obras públicas.
El Grupo reconoció el pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos vinculados a tres obras: Soterramiento del Tren Sarmiento, Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, y Gasoductos”.
Casanello sólo procesó por las dos obras de AySA mas no por el soterramiento del Sarmiento, pues esa causa está radicada en el juzgado federal número ocho, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Esa causa involucra a la empresa IECSA, históricamente relacionada con la familia del presidente, Mauricio Macri.
En relación con ese caso, el presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, un habitual trajinador de la oficina de sorteos de denuncias de Comodoro Py 2002, denunció penalmente a Macri, su primo Angelo Calcaterra, el empresario Marcelo Mindlin, el titular de la AFI Gustavo Arribas, el millonario británico Joseph Lewis y Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IUECSA, por el pago de sobornos por unos 20 millones de dólares.
Esa causa quedó radicada ante el juez federal Sergio Torres, pero todo parece indicar que se acumulará al expediente que tramita Martínez de Giorgi. En cuanto a los procesamientos por las obras de AySA, el juez Casanello valoró la declaración de Ernesto Selzer, quien se desempeñó como presidente de la Unidad Ejecutora de la obra para el soterramiento del Tren Sarmiento.
En calidad de testigo en esta causa, dimo que fue el ex secretario José López quien le presentó a Carlos Ben “porque existía un convenio entre AySA y la Unidad Ejecutora. Explicó que participó de una reunión que tuvo lugar en la oficina de Carlos Ben, en agosto de 2013, junto con el nombrado, José López y José Luis Lingieri (director de AySA en representación de las acciones del Programa de Propiedad Participada). Se refirió también a J.R: dijo que era una suerte de emisario entre López y ODEBRECHT. Describió haberlo visto en la oficina de López y hasta haber compartido reuniones”.
La lista de procesados comprende a los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y Tito Biagini por cohecho activo; a los ex funcionarios Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Carlos Ben y Raúl Biancuzzo por cohecho pasivo, y al empresario J.R, quien fungió como una suerte de intermediario en los pagos ilegales. La resolución incluye además embargos para todos por un monto de 511 millones de pesos. En los casos de Wagner, Roggio, Biagini, Ben y Biancuzzo, se trató de una ampliación de los procesamientos dictados en mayo del año pasado, en relación con los mismos hechos.
Según se desprende del procesamiento colectivo, una resolución de 118 páginas, los empresarios están acusados de haber sobornado a los funcionarios en dos etapas: primero para obtener las obras mediante el direccionamiento de las contrataciones y luego, una vez iniciados los trabajos, para destrabar pagos.
Parte de esos desembolsos ilegales –según la investigación- se canalizaron a través de la off shore uruguaya Sabrimol Trading SA, cuyos tres principales referentes también fueron procesados por Casanello. Pese a que buena parte de la información utilizada por el juez provino de confesiones como arrepentidos de empresarios relacionados con Odebretch en Brasil, ese material sólo se pudo incorporar a la causa gracias a los aportes del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.
En virtud de ello, Casanello le pidió al fiscal Federico Delgado que “avance en el proceso de colaboración” con los arrepentidos brasileños pues “los estados tienen la obligación de colaborar y auxiliarse mutuamente en la investigación y represión de los delitos de corrupción”.
Paradójicamente, la información más importante la aportó en Brasil el ex titular de Odebrecht en Perú, cuyo nombre es José Barata, con una sola T. Fue él quien entregó una planilla con el listado de todos los pagos ilegales, incluidos los realizados en la Argentina. Esa colaboración es vital para avanzar en lo que resta de la investigación, que tiene pendiente –entre otras cosas- un pedido de extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y de Camargo Correa “sospechados de haber intervenido en las contrataciones que beneficiaron a esas empresas y en el pago de sobornos”.
“Diversas fuentes (acuerdo de lenidad de ODEBRECHT con las autoridades estadounidenses y documentación aportada por el Principado de Andorra, entre otras) han indicado que el Grupo ODEBRECHT llevaba una práctica habitual en acuerdos con funcionarios de gobierno de al menos 20 países para la adjudicación de obras públicas.
El Grupo reconoció el pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos vinculados a tres obras: Soterramiento del Tren Sarmiento, Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, y Gasoductos”.
Casanello sólo procesó por las dos obras de AySA mas no por el soterramiento del Sarmiento, pues esa causa está radicada en el juzgado federal número ocho, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Esa causa involucra a la empresa IECSA, históricamente relacionada con la familia del presidente, Mauricio Macri.
En relación con ese caso, el presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, un habitual trajinador de la oficina de sorteos de denuncias de Comodoro Py 2002, denunció penalmente a Macri, su primo Angelo Calcaterra, el empresario Marcelo Mindlin, el titular de la AFI Gustavo Arribas, el millonario británico Joseph Lewis y Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IUECSA, por el pago de sobornos por unos 20 millones de dólares.
Esa causa quedó radicada ante el juez federal Sergio Torres, pero todo parece indicar que se acumulará al expediente que tramita Martínez de Giorgi. En cuanto a los procesamientos por las obras de AySA, el juez Casanello valoró la declaración de Ernesto Selzer, quien se desempeñó como presidente de la Unidad Ejecutora de la obra para el soterramiento del Tren Sarmiento.
En calidad de testigo en esta causa, dimo que fue el ex secretario José López quien le presentó a Carlos Ben “porque existía un convenio entre AySA y la Unidad Ejecutora. Explicó que participó de una reunión que tuvo lugar en la oficina de Carlos Ben, en agosto de 2013, junto con el nombrado, José López y José Luis Lingieri (director de AySA en representación de las acciones del Programa de Propiedad Participada). Se refirió también a J.R: dijo que era una suerte de emisario entre López y ODEBRECHT. Describió haberlo visto en la oficina de López y hasta haber compartido reuniones”.
