El Presupuesto 2025 contempla el cierre o desfinanciamiento de programas claves para la ruralidad. Numerosas áreas estatales que asesoran a las comunidades campesinas e indígenas y a los productores agroecológicos corren riesgo de ser suprimidas.
Según un análisis del Presupuesto realizado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, el ajuste entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2025 en los programas vinculados a la agricultura familiar es del 97%. “El desmantelamiento de lo poco que había destinado al sector agudiza la tendencia a la desaparición de las pequeñas unidades de producción de alimentos, la concentración de la producción y de la tierra en empresas del agro y la migración de la población hacia centros urbanos, a la vez que pone en riesgo la capacidad del país de autoabastecerse de alimentos.”, sostiene el estudio.
Desde comienzos de este año, las políticas para el desarrollo rural y la agroecología están siendo desfinanciadas casi por completo. Ricardo García, dirigente la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe), cree que los recortes que figuran en el presupuesto “tanto para el INTA como para el INTI y el CONICET, para las Universidades y para otros organismos que desarrollan su trabajo de investigación y extensión, tendrán un impacto muy profundo en la territorialidad en relación a sostener el arraigo en las comunidades rurales”. Para García, el recorte presupuestario a esos organismos “lo que hace es desproteger a las comunidades más alejadas de los centros urbanos, las que necesitan mayor apoyo tecnológico, mayor apoyo de asesoramiento y financiamiento”.
El más importante de los programas afectados, el ProHuerta, fue discontinuado a mediados de este año. ProHuerta fue concebido para brindar herramientas y semillas de forma gratuita para huertas familiares en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Depende del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el cual también sufre un desguace similar al de otros organismos estatales, con el despido de numerosos técnicos y científicos.
Otro programa afectado es el de “Coordinación de Financiamientos Transversales y Federales y de la Asistencia a la Producción”. Creado con el objetivo de apoyar producciones agroecológicas, fomentar la inclusión de poblaciones vulnerables rurales y brindar asistencia al ProHuerta, pasó de contar con 47 mil millones de pesos de presupuesto a cero. El programa de “Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo”, que contaba con un presupuesto de 391 millones de pesos, también fue ahogado financieramente. A eso se suma la desarticulación del programa Cambio Rural, donde hubo más de 50 despidos, y la eliminación del Fondo Fiduciario para la protección de los Bosques Nativos.
“Toda esa pérdida de capacidad productiva que está representada por este desmantelamiento ataca directamente a la soberanía argentina, y sobre todo a la soberanía alimentaria. Argentina va a tener muy debilitado su sistema de investigación y extensión”, concluye García, de FeCoFe.
