La decisión del Gobierno de negarse a prorrogar el decreto que suspendía los desalojos y congelaba los alquileres llegó a la Justicia. La Asociación Inquilinos Agrupados presentó una acción colectiva de amparo para que el Ejecutivo disponga «la inmediata suspensión de la ejecución de desalojos de vivienda en emergencia sanitaria». La restitución del decreto, según sostiene la demanda a la que accedió Tiempo, es «indispensable para frenar los efectos epidemiológicos trágicos que una ola de desalojos en medio de la segunda ola de contagios indefectiblemente producirá en nuestro país». 

El amparo fue sorteado este lunes y es tramitado por el juzgado contencioso y administrativo federal 6 a cargo de Enrique Lavié Pico. La acción colectiva pide que el magistrado se expida con urgencia ante la cantidad de desalojos que comenzaron a producirse este lunes, tras la caída final de las prórrogas del DNU 320/20 que firmó el presidente Alberto Fernández en marzo del año pasado. Primero fue aplicada por la entonces ministra María Eugeia Bielsa y desde fines del año pasado corrió por cuenta de su sucesor, el intendente de Avellaneda en uso de licencia, Jorge Ferraresi, que impulsó la última renovación a principios de este año y luego se encargó de clausurarla luego de un compromiso asumido con las cámaras inmobiliarias. 



La demanda lleva la firma del titular de la asociación, Gervasio Muñoz y el patrocinio del abogado Andrés Bernal. Hace un detallado repaso de la cronología de medidas adoptadas por el Gobierno desde el año pasado. Revela una particular y desconocida génesis del protocolo que firmó la semana pasada Ferraresi, para crear mecanismos de asistencia a futuro. También busca saber cuántas familias están en riesgo de ser desalojadas, aunque esa información es reclamada desde el año pasado por organizaciones y especialistas. Ahora apuntan que la cartera habitacional quiere empezar una serie de relevamientos y recursos con los que debería contar desde el año pasado.

Silencio rotundo en Hábitat y en Salud

Los demandantes aseguran que ese protocolo es una medida improvisada que Ferraresi puso en marcha luego de recibir una serie de pedidos de acceso a la información pública. Fueron presentados por la asociación de inquilinos en las carteras de Hábitat y Salud antes de la finalización del DNU. El objetivo era saber si tenían un relevamiento de la situación habitacional luego de un año de vigencia de la medida. También solicitaron saber si habían realizado una estimación epidemiológica del impacto que puede tener una ola de desalojos en medio del empeoramiento de la curva de contagios. 

Además, le pidieron a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial que le informe sobre la cantidad de desalojos iniciados durante la emergencia. «La respuesta fue inmediata: en apenas dos meses de 2020 (agosto y septiembre) se iniciaron en la Justicia Nacional 1475 desalojos de vivienda, la mitad del total iniciado en todo 2019», apuntaron.

Los datos forman parte del planteo y dejaron probado que ni Ferraresi ni el área que conduce su colega Carla Vizzotti respondieron a las consultas para saber si había una evaluación epidemiológica ante un abrupto lanzamiento de desalojos en todo el país. 

Frente a la ausencia de datos para conocer la gravedad de la situación, que evoluciona por goteo, los demandantes pidieron celeridad. «Esperamos que el juez resuelva rápido y se expida favorablemente sobre esta situación urgente. No vamos a bajar los brazos, sostenemos que  el Gobierno tiene que revertir la decisión que tomó y suspender los desalojos», le dijo Muñoz a Tiempo y cuestionó la política habitacional de Ferraresi: «Quedó de manifiesto que la cartera de Hábitat no tiene idea de cómo sostener esta situación sin la herramienta del decreto». 

El caso de EEEUU: 433.700  casos por desalojos evitables

Para defender la necesidad de información pública al respecto, la demanda incluyó una serie de estudios recientes sobre el impacto de los desalojos en la multiplicación de contagios de coronavirus en Estados Unidos. «Investigaciones de diciembre del año pasado dieron cuenta que los desalojos sin previsión ocasionaron cientos de miles de casos adicionales de coronavirus. Durante la pandemia, 43 estados del país, además de Washington DC, prohibieron temporalmente los desalojos de las viviendas alquiladas para evitar -según los cálculos de por entonces- el desplazamiento de 40 millones de personas», sostiene el documento. 

«Mientras que algunos estados mantuvieron la prohibición, muchas de las moratorias de desalojos duraron solo 10 semanas», relata la demanda. Luego agrega los datos aportados por investigadores de las universidades de California, Johns Hopkins, Boston y la Facultad de Derecho de la Universidad Wake Forest. “Concluyeron en su estudio que el levantamiento de las moratorias estatales y la continuación de los desalojos causó entre marzo y septiembre en los EE.UU. alrededor de 433.700 casos en exceso de Covid-19 y 10.700 muertes adicionales», señalan los amparistas.

En términos jurídicos, detallaron que «en Argentina se estima que nueve millones de personas acceden a la vivienda del alquiler», sin embargo la acción presentada «no se interpone en favor de ese total, sino en representación y beneficio de aquellos inquilinos e inquilinas de vivienda pasibles de ser desalojados en lo inmediato, en contexto de emergencia sanitaria (DNU 167/21) y por la finalización contradictoria y lesivamente improvisada de la suspensión de la ejecución de desalojos de vivienda». 

Una crisis de desalojos que avanza en silencio

En la enumeración de medidas que adoptó el Gobierno desde el año pasado, la presentación judicial llega a una conclusión inquietante. «Como vimos, el Ejecutivo suspendió la ejecución de desalojos, pero no el inicio de las causas que en este tiempo de emergencia tramitaron con relativa normalidad, hasta agolparse en sentencias listas para ser ejecutadas a partir del 5/4/21, en plena segunda ola de contagios». Si bien la «medida estuvo vigente por más de doce (12) meses», fue un «plazo más que suficiente para que el PEN haga algo de todo lo que no hizo para desactivar el previsible desastre en el que hoy nos encontramos». 

Paradójicamente, durante la emergencia sanitaria, «el Ejecutivo fundamentó la protección de la vivienda por alquiler en el reconocimiento del impacto negativo por la pandemia». Sin embargo, un año después «la emergencia continúa, la situación se agravó en términos epidemiológicos y económicos (42,3% de pobreza) y las personas que el Ejecutivo asistió porque no podían pagar el alquiler a raíz de la crisis, hoy están por quedarse sin vivienda por esa misma crisis. La responsabilidad estatal es manifiesta, inaceptable: personas especialmente asistidas, abandonadas a la deriva en el peor momento», denuncia el pedido de amparo. 

El desolador panorama que detalla la demanda en sus 42 páginas menciona un agravante. «A diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, en nuestro país el acceso a la vivienda por alquiler resulta de la intermediación absoluta del mercado inmobiliario», sostiene. «Aún para aquellos que alquilan en condiciones de formalidad, la desigualdad que impera en la relación locativa, la oferta carísima, escasa o especulativa de vivienda y las condiciones leoninas que impone a su antojo, pone forzosamente a quienes alquilan en una situación de dependencia con el alquiler que determina vulnerabilidad y en un estado de inestabilidad habitacional permanente», denuncia el escrito.