El Colectivo Nacional Mario Bosch de abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, denunció un avance reaccionario y negacionista en el Gobierno Nacional que atenta contra los logros del Movimiento de Derechos Humanos. Señalaron que ese clima se trasmite a la justicia y, por eso, reclamaron que “se declare el Estado de Emergencia judicial en las causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad” y propusieron la reforma del Reglamento para la Justicia Nacional para acelerar los procesos de juzgamiento.

Al finalizar las VI Jornadas Nacionales que se realizaron el fin de semana en la ciudad de Santiago del Estero, el Colectivo Mario Bosch emitió una dura declaración en la que también se pronunciaron a favor de la reforma del Código Penal que prohíbe la declaración de los hijos de los represores en juicios por crímenes de lesa humanidad. Además, impugnaron la postulación de Inés Weimberg de Roca al cargo de Procuradora General de la Nación “por su adhesión a la teoría de los dos demonios”, dijeron.

“El gobierno nacional niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al Terrorismo de Estado como ‘guerra sucia’ y retrotrae las políticas públicas vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso de juzgamiento a sus responsables”, indicaron en el documento. Y agregaron: “Ante esto ratificamos una vez más nuestra posición contraria a cualquier expresión y/o acción que aliente o propicie la llamada ‘teoría de los dos demonios’”.

En ese camino, advirtieron -“con enorme preocupación”, aclararon- que buena parte del Poder Judicial “se ha amoldado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas referidas a prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones, en casos en los que existen sobradas pruebas sobre las responsabilidades de los imputados”.

La declaración fue el resultado de dos días de debate que comenzó el viernes con una mesa de análisis y discusión sobre las prisiones domiciliarias y el caso de Miguel Etchecolatz, siguió con el Operativo Independencia y la experiencia de abogados de Uruguay y Chile en casos de lesa humanidad y culminó el sábado con un panel sobre el proyecto de modificación de los artículos 78 y 242 del Código Procesal Penal, que encabezaron la diputada nacional Fernanda Raverta y el abogado Pablo Verna, hijo de un represor y autor del proyecto.

La abogada platense integrante del colectivo, Guadalupe Godoy, explicó que pese a que las realidades judiciales tienen sus particularidades en cada provincia, en las jornadas “se trataron algunas inquietudes generalizadas como son las estrategias de impunidad”.

En ese camino recordó que en jornadas anteriores la preocupación de los abogados y abogadas querellantes estaba relacionada con la búsqueda para crear estrategias para enfrentar la lentitud en las causas y que no se realizaran los juicios. “Pero hoy el panorama es más negativo”, dijo. Y detalló: “hay sentencias muy negativas. Hay una ofensiva con el intento de juzgar a las organizaciones (guerrilleras de los ‘70) que fue lo que ocurrió en el principio durante el alfonsinismo”.

En concreto, los abogados debatieron sobre la sentencia Operativo independencia, sobre uno de los votos en la sentencia del juicio a la CNU en La Plata y en la avanzada judicial de la causa que busca declarar crimen de lesa humanidad el asesinato del militar Larrabure en Santa Fe antes de la dictadura. En resumen, advirtieron una nueva ofensiva de la teoría de los dos demonios.

Por eso, en la declaración emitida el domingo remarcaron que más allá de la lentitud y fragmentación de los juicios, “la preocupación gira en torno a cómo frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri y sus aliados. Sus funcionarios, buscan transformar en impunidad y olvido las conquistas logradas por la lucha del Movimiento de Derechos Humanos y del pueblo todo”.

También denunciaron persecución y hostigamiento a abogados querellantes y a funcionarios judiciales que actúan en causas de crímenes contra la humanidad, y exigieron “la urgente investigación de esos hechos”.

En su posicionamiento también incluyeron un reclamo de juicio y castigo por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Facundo Ferreira, pidieron el cese de las políticas represivas y la persecución penal implementadas por el gobierno, y exigieron la libertad de los presos y presas políticos.