Legisladores del Frente de Todos, especialmente los de las provincias del llamado Norte Grande, comenzaron a poner en agenda su preocupación ante la posible participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en el plan maestro para la Hidrovía Paraná-Paraguay que impulsa el Gobierno del país vecino, con respaldo del sector privado.
Esta intención tomó mayor dimensión pública a principios de septiembre cuando en un evento de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, el Embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, se reunió con ministros del país vecino. La actividad fue difundida oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquel país, y por medios periodísticos paraguayos y argentinos.
Según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, el Embajador Julio César Arriola comprometió «todo el apoyo institucional que se requiera» en la elaboración, diseño y ejecución de un «plan maestro para la navegabilidad del río Paraguay» que ofrezca propuestas de intervenciones «económicamente viables, ambientalmente aceptables y técnicamente sólidas».
Y en esa línea, hizo referencia al estudio y elaboración del plan maestro que está siendo impulsado con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América, específicamente a partir de los servicios del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
«Se trata de un esfuerzo con participación de los organismos y entidades nacionales, el sector privado y actores relevantes, en la construcción de un proyecto a ser diseñado, financiado y ejecutado por las instancias competentes de nuestro país, con la colaboración técnica del Cuerpo de Ingenieros en base a su experiencia en el manejo de hidrovías (…) este esfuerzo abarcará el tramo de jurisdicción nacional del río Paraguay (…)», marcó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, fechado el 6 de septiembre en Asunción.
Este paso del Gobierno vecino generó preocupación parlamentaria tanto en ese país como en Argentina. La Legislatura chaqueña fue la primera en expresarse: a mediados de septiembre, aprobó la Resolución 1630, que expresó preocupación por la introducción de inversión financiera de EE UU en la Hidrovía Paraná-Paraguay y la presencia militar norteamericana en el tramo paraguayo. Una semana después, en el plenario del Parlamento del Norte Grande, que con la última ampliación actualmente integran legisladores de diez provincias norteñas, también se respaldó ampliamente la resolución chaqueña, previo a la misión comercial en EE UU que llevaron a cabo gobernadores de esa región junto a funcionarios del Gobierno nacional.
En esos días, también el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, presentó un informe a legisladores chaqueños. Posteriormente, según medios regionales, Peppo expresó: «Hemos mantenido reuniones con el canciller de los Estados Unidos, quien nos detalló la situación. El gobierno de la República del Paraguay todavía debe definir, pero tenemos que aclarar que no hay intenciones de militarización por parte el gobierno estadounidense». «El cuerpo de ingenieros estadounidenses de una organización civil está desarrollando un plan hídrico de viabilidad de cuatro años que plantea inversiones para mejorar la circulación por esta arteria fundamental donde circula la producción nacional», sostuvo el embajador, además de recordar que la Hidrovía se compone de tres tramos, uno de Argentina, otro de Paraguay y uno compartido.
Alarmas compartidas
La onda expansiva de esta posibilidad también prendió las alarmas en la Cámara de Diputados, donde legisladores del bloque del Frente de Todos, en su gran mayoría de las provincias del Norte Grande, presentaron el 26 de septiembre un proyecto de Resolución en el cual, sin eufemismos, alertaron: «La presencia militar del gobierno de Estados Unidos en nuestra Hidrovía Paraná-Paraguay compromete la seguridad de los estados ribereños y convierte a la región en escenario de conflictos ajenos a la misma». Este proyecto fue girado para su tratamiento a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y a la del Mercosur.
En comunicación con Tiempo, el diputado del Bloque Justicialista en la Provincia del Chaco, Hugo Sager, ahondó en las causas de esta preocupación: «El embajador de Estados Unidos, además de brindar su apoyo a esa inversión, también explicitó que parte del trabajo lo harían ingenieros pertenecientes al Ejército de su país».
«Dicho así, no tiene por qué preocuparnos, al contrario. Todos los países están en búsqueda de inversiones para fomentar el crecimiento. Pero en este caso, llama a preocuparnos la posible presencia de estos militares, sobre todo en algo que es estratégico, y que a futuro va a tener, además de la función que cumple actualmente, la del comercio entre los países, la estratégica ubicación de estos militares en una de las vías más importantes de agua dulce. Está ubicada en lo que se denomina el Acuífero Guaraní, que subterráneamente cubre toda esta región. Y también está situada en una de las áreas de selvas boscosas más importantes del planeta», marcó.
«Esto motivó nuestra presentación en el Parlamento chaqueño, que fue aprobada por unanimidad y fue informada la Cancillería argentina. Paralelamente se consultó extraoficialmente con el embajador argentino en Paraguay. Y luego se avaló en forma unánime en la sesión del Parlamento del Norte Grande en Catamarca. En forma paralela, hay un proyecto que estaría tratándose en la Cámara de Diputados impulsado por varios legisladores, entre ellos el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini y otro presentado en el Parlasur por los diputados que representan a la Argentina, especialmente el diputado chaqueño Julio Sotelo. Esa es la situación que estamos generando desde el punto de vista parlamentario para que haya una intervención, por supuesto si lo consideran oportuno, de nuestra Cancillería».
En Paraguay, en tanto, los senadores del opositor Frente Guasú ya presentaron proyecto de resolución para solicitar informes al Ejecutivo de aquel país. El proyecto está dirigido al presidente de la Cámara Alta, Oscar Salomón. «El pedido de informe se realiza para tener información oficial sobre el proyecto de Hidrovía Paraguay-Paraná, que según los medios de comunicación se haría con cooperación de EE UU de América, lo cual ha sido ampliamente cuestionado y, en el pasado, el Congreso ha rechazado proyectos similares por su enorme impacto ambiental y la pérdida de soberanía sobre un recurso tan clave para la comunicación y el transporte, considerando nuestra situación de país sin litoral marino», expresaron.
Mientras tanto, la decisión del Ministerio de Transporte argentino de aprobar, por primera vez, el cobro de un arancel para el tramo norte de la Hidrovía por medio de la Resolución 625/2022, estableciéndolo a 1,47 dólares por tonelada de registro neto, generó quejas y el «repudio» por parte del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym).
En este contexto, también puede ser clave el rol del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, el órgano político que interviene en el Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía, firmado en 1992 por los cinco países. «
