El libre y turbulento arbitrio de la policía en el espacio público, fallos judiciales aviesos y la mirada cómplice o al menos distraída de los dirigentes que gobiernan en los diferentes niveles del Estado se conjugan hoy para dejar a merced de las fuerzas de seguridad un intemperante control territorial, en desmedro de los derechos de las mayorías. Tiempo consultó a especialistas sobre violencia institucional y todos coinciden en señalar que los episodios de detenciones arbitrarias se han agravado desde el arribo del macrismo al poder, aunque reconocen que si bien no hay cifras oficiales, hay indicios «preocupantes» que generan inquietud creciente en los organismos de Derechos Humanos.
La brutal razzia sin razones aparentes en un comedor comunitario de Lanús, la detención durante seis días de dos militantes del Movimiento Evita que protestaban en La Plata por un prolongado corte de luz en su barrio o la «demora» que sufrió Micaela Brambilla, integrante de La Garganta Poderosa, por intentar evitar la detención ilegal de un menor de edad por mencionar solo algunos de los últimos casos de violencia policial, evidencian prácticas cada vez más habituales en la fuerza, puestas de manifiesto gracias a las nuevas tecnologías y a una incipiente corriente de resistencia entre los ciudadanos, dispuestos a viralizar las imágenes de estos atropellos.
Los casos no se pueden cuantificar. El Estado no proporciona cifras o asegura que no existen. El año pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) las solicitó a los ministerios de Seguridad de Nación y provincia de Buenos Aires, pero aún no obtuvo respuestas.
Los organismos de Derechos Humanos procuran discriminar las detenciones comunes de las que consideran detenciones arbitrarias y aquellas que involucran presuntos delitos con baja expectativa de pena, por ejemplo: las que se deben a averiguación de ilícito, de identidad, amenazas, desobediencia, daños, encubrimiento, resistencia a la autoridad, tenencia de estupefacientes para consumo personal o la violación a la Ley de Migraciones. El criterio policial es muy amplio a la hora de comprender todas estas figuras y por ende, son entendidas como autoritarias.
El coordinador del área de Violencia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró, sostiene que se registró «un aumento de consultas y denuncias apenas asumió el gobierno en diciembre de 2015, que se intensificó a partir del fallo Vera, por el cual el Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a la entonces policía de la Ciudad, la Federal, a exigir el DNI a las personas en la calle». «Apenas salió ese fallo comenzamos a recibir denuncias o relatos de que la policía interpelaba a las personas con esa idea clara de que ‘ahora te podemos exigir el DNI y si no lo tenés te podemos detener'», explica Tufro y agrega: «Sentimos como que bajó un mensaje que viene de la justicia, pero también del poder político, de endurecer este tipo de trabajo policial.»
Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), detalla que se trata de un mecanismo utilizado «para el control social de los segmentos más pobres, para limitar el ingreso a los cascos urbanos de quienes habitan en la periferia». Para el experto, esto «conlleva una saturación de todo el sistema carcelario, pero aún más en las comisarías donde notamos un incremento sistemático desde hace un año». Según relevamientos realizados por la CPM durante 2015 y 2016, arriba del 65% de los detenidos en comisarías eran detenciones arbitrarias o bien por delitos de baja expectativa de pena.
Esta presunta política de amedrentamiento parece haberse acelerado en marzo, a juzgar por los casos de detenciones arbitrarias denunciados a diario en las redes sociales y de otros más flagrantes de brutalidad policial, como el de Lanús, precisamente en el mes en que el descontento de cientos de miles ganó las calles en seis grandes movilizaciones. Las organizaciones de Derechos Humanos perciben ese in crescendo, y entienden que los sucesos del 8M fueron una bisagra. Ese día la Plaza de Mayo se convirtió en el principal escenario local del Paro Internacional de Mujeres, y motivó una selectiva cacería de manifestantes que habían osado registrar la actuación de la policía durante los breves incidentes ocurridos frente a la Catedral Metropolitana.
Aquellas detenciones y la de la joven militante de La Poderosa fueron convalidadas por la Justicia. Resta saber qué rol asumirá el gobierno porteño. El CELS que representa a tres de las víctimas del 8M sigue atentamente el sumario abierto contra los agentes que esa noche abusaron de su autoridad.
Todo esto ocurre en un contexto en el que, por un lado, las fuerzas de seguridad parecen tener vía libre para desplegar una «mano dura» cuyos jefes políticos consienten, cuando no alientan, y los ciudadanos, por el otro, se muestran cada vez más concientizados e informados sobre cómo abordar la violencia institucional. El sábado pasado, tres miembros de la policía comunal los «pitufos» de Florencia Varela intentaban detener a un menor de edad por no llevar su DNI y por haber supuestamente destratado a los agentes. La cantidad de personas que se congregaron para exigir explicaciones del procedimiento, mientras lo filmaban y que incluyó un tenso momento en que un efectivo de la Bonaerense sacó su pistola, derivó en la liberación del joven. No tuvo la misma suerte un vendedor ambulante detenido por tres agentes de civil en la estación Lima del subte A, pero su caso también fue registrado por pasajeros indignados y viralizado.
«Hace por lo menos dos años que le venimos poniendo el ojo a esta situación. No tenemos un número absoluto, pero sí podemos decir que hay cierta regularidad en esta práctica de detener a menores», señala Pomares, y precisa que la policía continúa «utilizando viejas figuras como la de ‘entrega de menor’ o ‘riesgo material y moral’ de la derogada Ley de Patronato, donde está vedado el alojamiento en comisarías».
Aunque no hay una ley que obligue a hacerlo, las organizaciones que trabajan en violencia institucional recomiendan siempre llevar el DNI, a pesar del vacío legal que instaló el fallo Vera, impugnado por la Defensoría del Pueblo porteño y sobre el que debe expedirse la Corte Suprema de Justicia. Desde la CPM destacan la Resolución 2279 emitida en 2012 por el entonces Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense, que regula las detenciones por averiguación de identidad para que no abunden los excesos. Especifica que los agentes no deben actuar bajo prejuicios económicos, de vestimenta o patrones culturales. Y que si en el lugar se acredita la identidad, no es necesario el traslado a una comisaría, estableciendo que el DNI puede ser reemplazado por la licencia de conducir o el carnet de una obra social.
Estas actuaciones tienen un protocolo. La permanencia en las dependencias policiales no debe exceder las 12 horas y el alojamiento debe ser en un lugar diferente al de otros presos y contraventores. Previo a ser llevado a la comisaría, el detenido y dos testigos deben firmar un acta, debe asentarse el ingreso en el Libro de Registros de Novedades de Guardia e informar la situación a la Jefatura Departamental y a Asuntos Internos. «En los relevamientos que hicimos en las departamentales del Conurbano y del interior bonaerense, encontramos que en una importante cantidad de casos, estas detenciones arbitrarias nunca se informan. Con suerte queda registrado el ingreso en la comisaría», concluye Pomares. «
