Fuentes del gobierno difundieron anoche que el presidente Mauricio Macri evaluó sacar la reforma previsional por Decreto de Necesidad y Urgencia. Usinas informativas de Cambiemos dijeron, también, que el decreto fue firmado, pero que su formalización fue detenida por un tuit de Elisa Carrió. La diputada, en efecto, advirtió en esa red social que se opondría a una reforma implantada por la vía del DNU. La Confederación General de Trabajo, por su parte, anunció que la promulgación de ese decreto activaría un paro nacional.

Ahora dicen que Macri le daría una última chance al Congreso antes de activar el DNU. No sería, por cierto, un episodio original.

El ajuste de los haberes jubilatorios por decreto tiene antecedentes. En julio de 2001, el entonces gobierno de la Alianza emitió el DNU 926, que estableció un recorte del 13 por ciento en los ingresos de los jubilados. Como ocurre ahora, el Ejecutivo explicó aquel ajuste por sus necesidades fiscales. En ese momento, la medida afectaba a unos 500 mil pasivos y perseguía un ahorro de unos 66 millones de pesos/dólares.

La pretensión de Macri, ahora, es obtener un ahorro cercano a los 100 mil millones de pesos con una modificación en el cálculo de la movilidad. El cambio de esa fórmula abarca a más de 17 millones de personas entre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y Asignación Universal.

«En este marco resulta necesario establecer determinadas salvaguardias a los fines de asegurar la mayor equidad posible en la aplicación de las medidas», decía el decreto de 2001, firmado por el presidente Fernando de la Rúa y los ministros Domingo Cavallo (Economía), Chrystian Colombo (Jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (Trabajo).

En el caso de Macri, el decreto en gateras ya habría sido firmado por todo el gabinete. Bullrich, en este ciclo gubernamental, está a cargo de ejecutar la represión sobre las víctimas del ajuste. 

En ese plano, la presencia de un camión de traslado del Ejército en medio del feroz ataque de las fuerzas de seguridad a los manifestantes sirve como símbolo del retroceso que experimenta la Argentina.

Las tapas de diarios que justifican la represión, la soberbia pendenciera de los que gobiernan, la compra de quorum con premios y/o coacción y la salvaje aplicación de la violencia de Estado sobre los sectores más vulnerables son otras postales del pasado que sirven como presagios de un futuro, todavía, evitable. Depende del gobierno pisar el freno a tiempo.