La muerte del cadete riojano Emanuel Garay remitió automáticamente en el inconsciente colectivo al caso del conscripto Omar Carrasco, torturado y asesinado por sus superiores hace casi 24 años en un cuartel de Zapala. Sin embargo, esta práctica habitual –y no por ello menos nefasta- en cualquier fuerza de seguridad tiene otro antecedente más reciente: el viernes 2 de febrero de 2007, unos 22 alumnos de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal terminaron hospitalizados, uno de ellos con un cuadro de pre infarto. Por este episodio, el entonces gobierno de Néstor Kirchner prohibió de manera explícita este tipo de ritos de iniciación en las cuatro fuerzas nacionales: la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería y PFA.

El artículo 1° de la Resolución 166/2007 del ex ministro del Interior Aníbal Fernández es claro: “Quedan prohibidas, en la preparación física, resistencia y desarrollo de masa muscular de los aspirantes a ingresar a las Fuerzas de Seguridad nacionales, actividades a cargo de personal no idóneo que involucren exigencias orgánico-funcionales (cardio-respiratorias) que hagan peligrar el estado de salud general, tales como carreras intermitentes, actividades de fuerza- resistencia y circuitos múltiples, entre otras; así como también, actividades corporales (osteo-musculares), entre ellas saltos y flexiones, que involucren riesgo de lesiones tendinosas, ligamentosas y/o musculares”.

La muerte de Garay y el caso de los 22 estudiantes de 2007 abruman por sus coincidencias: ambas situaciones ocurrieron los primeros días de febrero, cuando los aspirantes y los instructores volvían de las vacaciones; bajo una temperatura promedio de más de 35 grados; las víctimas fueron sometidas por sus instructores y otros oficiales más avanzados durante por lo menos seis horas a extenuantes maltratos físicos y psicológicos.

En los dos casos hubo consecuencias para los abusadores . En La Rioja el gobernador Sergio Casas echó al secretario de Seguridad y descabezó a la cúpula policial provincial. En 2007, Fernández hizo lo propio con los dos instructores, a quienes calificó de “idiotas” y “salames”.

El gobernador Casas reconoció que “las policías y las fuerzas usan los mismos métodos que la dictadura» y llegó a advertir: «Otros gobernadores me contaron que en sus escuelas policiales tienen este mismo problema».

El gobierno kirchnerista se enteró de aquel “baile” por los medios unos días más tarde. Desde la Ramón Falcón habían intentado esconderlo. Pero menos de una semana después del episodio, la Resolución 166, obligaba a las Fuerzas de Seguridad Nacionales a presentar “en un plazo de cuarenta 40 días, las currículas para preparación física, resistencia y desarrollo de masa muscular, así como la planificación anual, elaborada por médicos deportólogos”. Además, se establecía que “la preparación física de los aspirantes deberá ser llevada a la práctica por profesores de educación física”.

Esta norma no estipulaba cómo debían manejarse las fuerzas provinciales. Por eso, quizá ahora se esté ante una nueva bisagra y se logre establecer un nuevo hito como ocurrió con el Caso Carrasco. Como se sabe, tras su muerte, el entonces presidente Carlos Ménem dio por terminado el Servicio Militar Obligatorio.