Las autoridades nacionales y provinciales temen un desborde social como consecuencia de la profundización de la crisis que se vendrá en los próximos según la consideración de especialistas de todos los signos políticos.

Un claro indicio de esa preocupación se vio el fin de semana, cuando la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pidieron a las autoridades católicas y evangelistas que colaboren con las tareas que se impulsen para contener el malestar que gana espacio en la sociedad al calor de una crisis económica que pega cada vez más fuerte en los sectores populares.

Las iniciativas oficiales no contemplan políticas productivas ni tienen que ver con una redistribución del ingreso virtuosa capaz de poner en movimiento la economía. Stanley y Vidal prevén ampliar los programas de repartos de alimentos y solicitaron que las instituciones religiosas más representativas colaboren en esa tarea.

La cercanía de ambas funcionarias a la iglesia católica es conocida. Sin embargo los jerarcas religiosos les preguntaron por los cierres de empresas y por las caídas del salario y del poder adquisitivo.

A propósito, Tiempo adelantó la semana pasada que empresarios y funcionarios de las administraciones nacional  y de la provincia de Buenos Aires alistan una mesa de diálogo en la que esperan consensuar propuestas para frenar los cierres de pymes que explican en parte el drama del desempleo y la creciente marginalización de sectores de la población bonaerense.

En ese marco el empresario Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial de la Provincia (UIPBA) reconoció que existe un temor de los dirigentes políticos  y del sector privado a que se produzcan estallidos similares a los que en crisis anteriores terminaron en saqueos a comercios del segmento minorista.

Este lunes el presidente de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), Camilo Kahale, le manifestó al  ministro de Producción de la provincia, Javier Tizado, su “preocupación” porque la política del oficialismo  no tiene como eje la producción en general y al segmento pyme en particular.

Tizado pidió confianza en la posibilidad de revertir la crisis pero desde la CAME le insistieron con “políticas de Estado enfocadas en el desarrollo de las pymes”.   

A la mesa, que se reunirá el 11 de octubre, se sentará también Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria (CGERA), que hasta el momento estuvo al margen del diálogo con las autoridades políticas.