Aunque tiene tiempo hasta el viernes, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta mantendrá su decisión y sus funcionarios no asistirán a la reunión convocada por el Gobierno Nacional para definir la actualización de los 24.500 millones de pesos que deberá pagar la Nación para financiar la transferencia de la Policía Federal que se produjo en 2016. Luego de la reducción al 1,40% de la coparticipación federal que dispuso el presidente Alberto Fernández por decreto, la norma que aprobó el Congreso estableció una suma fija que se pagará en doce cuotas iguales, actualizables cada tres meses. 

La actualización debe ser definida en una mesa de negociación entre ambas jurisdicciones y contará con una «opinión técnica» de la Comisión Federal de Impuestos, que reúne a los ministros de hacienda de las 24 provincias. Sin embargo, la nueva ley 27.606 establece que tienen 60 días para negociar. Es decir que el alcalde porteño podrá extender sus inasistencias a esa cita hasta principios de marzo.

Por esa razón en la Casa Rosada le bajan el tono a la decisión de Larreta de que sus funcionarios no asistan a la reunión. Rechazan que la Ciudad haya comunicado la decisión como un portazo o una ruptura de las relaciones, cuando los tiempos para la negociación no son tan ajustados. En el gobierno porteño tampoco tienen apuro. Se aferran a la carta que les mandó Larreta el sábado pasado, donde les recordó que están «impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2 de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma».

Hasta ahora la Ciudad presentó dos recursos ante la Corte Suprema para impugnar la reducción de la coparticipación federal del 3,5% al 1,4% y la nueva ley que aprobó el Congreso el 10 de diciembre y que revierte drásticamente el aumento de 2,1% que el entonces presidente Mauricio Macri dispuso por decreto en 2016. Fue-en ese momento-con la excusa de financiar el traspaso de las 53 comisarías porteñas, sus efectivos y parte de su estructura metropolitana. 

Cerca de Larreta insisten que el grueso de esos fondos son para pagar salarios. En el oficialismo nacional aseguran que es una cifra desmedida que ahora se ajustará con precisión para afrontar los salarios de los efectivos de la Policía de la Ciudad. 

Sin embargo, por fuera de las tensiones administrativas por la nueva ley, la administración porteña afronta dos frentes indeseables en el arranque del año electoral. Uno político y otro judicial. El primero no pasa por el previsible recorte que Larreta esperaba de Fernández sino por el apoyo que el gobernador cordobés Juan Schiaretti le aportó al gobierno nacional en Diputados para obtener la aprobación con cambios del proyecto que ya había sido aprobado en el Senado. Sus cuatro diputados fueron los responsables e impulsores de la introducción de la comisión negociadora de 60 días que ahora atormenta al ministro porteño de Hacienda, Martín Mura. Esa instancia es considerada en la Ciudad como una trampa donde gana la Rosada y es un golpe que no esperaban de un mandatario que hasta 2019 fue un aliado amable de Macri. 

El frente judicial tiene que ver la Corte Suprema. Fuentes vinculadas al Máximo Tribunal habían deslizado que se expedirían sobre los planteos porteños cuando el Congreso transformase en ley la definición de un monto fijo. Los tiempos de aplicación de la nueva norma ya arrancaron pero no han concluido. En la oficina del alcalde porteño no esperan una respuesta favorable sino un fallo salomónico que posiblemente le otorgue parte de razón a las dos partes. Con ese derrotero por delante, el alcalde porteño le subirá el tono a la discusión y buscará politizarla al máximo por razones económicas y también electorales.