La estrategia de demolición de los proyectos soberanos en la región consta de cuatro componentes claves: los golpes de Estado –militares o policiales–, el bloqueo económico para rendir por hambre a los pueblos, el endeudamiento externo y el lawfare.

En estos últimos días se produjo una discusión acerca de la existencia en Argentina de presos políticos o detenidos arbitrarios.

Independientemente de la pertinencia nominativa en términos jurídicos, es interesante abordarlo desde el punto de vista político.

El concepto de «detenciones arbitrarias» particulariza, singulariza; la idea de «presos políticos» opera sobre un objeto colectivo, señala la persecución judicial-mediática a un proyecto político que intentó –sin éxito– ser demolido.

El lawfare es un mecanismo disciplinador de la derecha regional para perseguir a dirigentes de los proyectos populares en la Patria Grande.

Opera también en Brasil, en Ecuador y lo sufrimos recientemente en Bolivia.

Argentina se ha convertido en estandarte en políticas de DD HH y en bandera irrevocable de la resistencia a cualquier amenaza democrática.

La decisión de Alberto Fernández de designar a Sabina Frederic como ministra de Seguridad y no a un funcionario con terminales en la embajada de EE UU fue un sano anticuerpo.

Con respecto al endeudamiento resulta vital investigar penalmente la responsabilidad de funcionarios del gobierno anterior en la toma de deuda para financiar la campaña de Macri y la fuga de capitales, y asumir el Nunca Más al FMI como un paso indispensable para recuperar soberanía y construir definitivamente una agenda de desarrollo con distribución de la riqueza.

A su vez, denunciar el lawfare y buscar los mecanismos judiciales para revisar los fallos que están viciados por manipulaciones obscenas –peritos truchos, aprietes, delaciones premiadas, armado de causas– es una obligación política de nuestro proyecto.

No se trata de un capricho o de exigirle al presidente más de lo que puede hacer, sino de asumir que este mecanismo anula la libertad de quienes están presos y presas, pone en riesgo la libertad de quienes no lo estamos, y por sobre todas las cosas se convierte en una amenaza permanente para quienes se atrevan hoy y en el futuro a edificar un proyecto democrático, popular y soberano.

Los matices y los debates al interior del proyecto no deberían verse como problema sino como síntoma de vitalidad.