El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) suele ser noticia por su tarea en las comunidades de los pueblos originarios, ya que es el organismo encargado de implementar las políticas públicas, articulando su accionar con los estados provinciales y las mismas comunidades. Sin embargo, el martes 17, funcionarios nacionales de segunda línea Carlos Bulaievsky e Ignacio Asis les anunciaron a sus trabajadores que despedirán al 25% de los empleados del área para lograr la dotación óptima según indica el informe del Ministerio de Modernización que comanda Andrés Ibarra.
La increíble propuesta que los funcionarios les hicieron a los delegados fue que el sindicato conformara la lista de despidos para evitar conflictos. Lisandro Arijón, uno de los delegados presentes en esa reunión, dialogó con Tiempo Argentino: Obviamente nos levantamos de la reunión y contamos todo eso a los compañeros. A partir de ese momento estamos en asamblea permanente. Nosotros no vamos a hacer ninguna lista, no vamos a poner ni un solo nombre, tenemos otro rol, otro mandato, otra ideología, dijo el delegado de ATE.
Queda claro que el perverso convite no busca mejorar el rendimiento del instituto, ya que no se trata de dar de baja alguna función que se considera poco eficaz, sino solamente reducir el número de trabajadores sin medir la importancia de su trabajo. A partir de ese momento, los trabajadores lograron un encuentro con Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, quien les dijo que se trataba de una decisión coyuntural, que es lo que pide el ministro de Economía, achicar gastos, reducir planteles de trabajadores y dijo una frase que fue como ustedes no van a parar la ola con sus manos o algo así. En esa reunión, los delegados le cuentan a Avruj qué tareas realiza el INAI, ya que hace poco se incorporó a su Secretaría: «pareció que se sintió interpelado y quedó en hablar con Modernización para ver si se podía achicar el número de despidos. Pero la definición es que va a haber despidos, que la reforma y el ajuste también se van a dar en el instituto, relata Aijón.
Hace unos cinco meses, el oficialismo dio el brazo a torcer luego de una fuerte lucha de las comunidades y aceptó que sus legisladores prorrogaran la Ley 26.160 de Emergencia territorial por cuatro años más. Pero los trabajadores del instituto que debe llevar adelante el relevamiento denuncian que el desfinanciamiento y la subejecución del presupuesto ponen en serio riesgo que se llegue a este objetivo.
«La realidad es que el INAI está paralizado hace dos años y medio, desde que asumió la gestión Cambiemos. Hoy no hay políticas públicas del INAI en las comunidades explica Arijón. Desde el instituto Informan que tienen el 23% del presupuesto de este año ejecutado, pero es un dibujo, sólo son salarios más el traspaso de dinero a las provincias para el relevamiento territorial. Pero esa transferencia de fondos no implica que se haya hecho nada y ellos la cuentan como ejecución presupuestaria cuando en realidad no se traduce en políticas públicas. Es sólo una manera de mostrarle a quien tengan que rendirle cuentas que están ejecutando el presupuesto.
La misma lógica que llevó a Juan José Aranguren al Ministerio de Energía puso a Jimena Psathakis al mando del INAI. Desde varios sectores cuestionan su defensa de la megaminería y las actividades extractivistas, algunos de los principales responsables por la violación de las leyes que resguardan a las comunidades originarias. El delegado del INAI cuenta también que fue representante de las mineras en Esquel cuando se intentó explotar los cerros cercanos a la ciudad. En ese caso, el pueblo los frenó, pero ella se sentaba en la mesa como representante de las mineras.
Desde que asumió como directora del organismo hace nueve meses, el mismo día que Gendarmería reprimía en Cushamen, cuando murió Santiago Maldonado, hasta hoy solo tuvo una reunión con los trabajadores del INAI. Los equipos territoriales, que trabajan en las provincias con las comunidades, quedaron sin oficina, sin computadoras y sin teléfonos en lo que va de su corta dirección, en el traspaso de Desarrollo Social al área de Derechos Humanos.
El jueves 31, el secretario Avruj se reunió con funcionarios de Modernización para ver si era posible reducir el número de despedidos, aunque se da por hecho la definición del número de despedidos es relevante para saber si el instituto contará con un mínimo de personal para llevar adelante su tarea. La semana próxima se deberían conocer el resultado de dicha reunión- Los trabajadores saben que además de sus empleos, el Estado está en deuda con miles de comunidades originarias que aún no tienen reconocidos sus territorios, no tienen acceso al agua potable, la vivienda digna, la salud, la educación intercultural bilingüe. Todos ellos serían castigados si en lugar de dar más herramientas al INAI para avanzar en el camino de la recomposición de derechos se los recorta.
