El gobierno nacional utilizó un decreto para derogar la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y cuestionó la actuación del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, por considerar que publicó la norma «sin consultar la opinión de los superiores jerárquicos».
Según lo publicado este viernes en el Boletín Oficial, «la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas».
La decisión del gobierno había sido adelantada por la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, tras la reunión de gabinete de este jueves.
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Con el decreto 785/2019, rubricado por el propio presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra Stanley, se dejó sin efecto la normativa que según el jefe de Estado se trató de una «decisión unilateral» de Rubinstein, por lo que pidió expresamente que se diera marcha atrás.
Además, el decreto destacó que el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia manifestó «no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos de niñas y adolescentes».
También mencionó la falta de intervención del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Nacional de las Mujeres.
Finalmente, en uno de los últimos párrafos del decreto, se recordó que «el Presidente de la Nación es el jefe supremo de la Nación, jefe del Gobierno y responsable político de la administración general del país», en clara alusión a lo que varios ministros calificaron como una «insubordinación» de Rubinstein.
