El debate en torno al futuro de los planes sociales fue uno de los ejes de discusión desde la asunción al poder del Frente de Todos. Desde hace un tiempo, predomina la idea de convertirlo “en empleo genuino” y el presidente Alberto Fernández ratificó ese rumbo al firmar un decreto que resuelve que ya no se entregarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.
Según fuentes oficiales, la medida avanza en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino. Así, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.
Por ese tema, Alberto Fernández recibió este jueves en su despacho de la Casa Rosada al jefe de Gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y a las ministras de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y firmó la medida.
Una vez conocida la decisión, asomaron algunas críticas desde los movimientos sociales. Pasamos de empezar por los últimos para llegar a todos a «ajustar a los últimos para sostener a los cuatro vivos de siempre”, twitteó Dina Sanchez, secretaria adjunta de UTEP. Gabriel Solano, legislador en CABA del Partido Obrero, también cuestionó la medida. «No crean más empleo genuino, lo reemplazan por trabajo precarizado», sostuvo en una entrevista en Radio Delta.
Tras la reunión en Casa Rosada, Tolosa Paz explicó que el decreto «pone un techo a las personas del Potenciar Trabajo», que es de 1.350.000 beneficiarios, y señaló que «se hizo en acuerdo con los movimientos sociales».
La funcionaria indicó que el ministerio a su cargo va a redistribuir los montos de las bajas, unas 10 mil mensuales, «en la adquisición de máquinas y herramientas para la producción de bienes y servicios» para los receptores del plan, o también «con oferta educativa y formación laboral».
El decreto
El decreto 728-2022 instruye además a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales, un margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa «Puente al Empleo».
Además, otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta 300 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación que corresponda.
Asimismo, instruye a los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía a designar a sus representantes en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública, en un plazo no mayor a 60 días.
Esa ley tiene por objetivo promover y defender, en todo el territorio nacional, los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la Economía Popular, con miras a garantizarles acceso a la vivienda digna, alimentación adecuada, educación, vestimenta, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, entre otros derechos.
Entre los considerandos del decreto al que tuvo acceso Télam señala que «es prioridad del Gobierno nacional promover el trabajo en sus diversas formas y el acceso a los derechos de la seguridad social por parte de los sectores sociales con mayor grado de vulnerabilidad económica y social».
Y expresa que «es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social».
