Los empresarios citados este miércoles por la subcomisión bicameral de inteligencia decidieron no presentarse en el Parlamento hasta no hacerlo en la justicia. Se trata de Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO) y Ricardo José Alconada, presidente de OCSA.
Según pudo saber Tiempo, los dos empresarios se excusaron de su participación – prevista para la tarde del miércoles- argumentando que se pondrán a disposición de la Justicia Federal de La Plata y luego de ello concurrirán al Congreso. El martes, la fiscal Ana Russo pidió el listado de llamados entrantes y salientes de los teléfonos de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y de todos los concurrentes a la reunión, en el marco de la causa por supuesto armado de causas a sindicalistas.
La fiscalía imputó también a Marcelo Jaworski, Director General de COPETRO; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Roberto Gigante, ex ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario; Juan Pablo Allan, senador de la provincia de Buenos Aires; Jorge Oscar del Río, presidente de APYMECO; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata; Julio Garro, actual intendente de la ciudad de La Plata; Juan Sebastián De Stéfano, Darío Alberto Biorci, y Diego Luis Dalmau Pereyra.
El primer encuentro estaba previsto el martes, pero –como contó este medio- se postergó para la semana que viene, debido a que uno de los empresarios se encuentra aislado por Covid y otros dos fuera de Buenos Aires. Los encuentros, a puertas cerradas, seguirán el jueves con la destacada presencia Hernán Casassa, policía retirado de la Bonaerense.
Casassa apareció sindicado como autor de un audio en el que se relata el supuesto armado de causas contra sindicalistas durante la gestión de Cambiemos. Ese audio fue incorporado a la Justicia a través de una denuncia que elevó el jefe de gabinete durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli, Alberto Pérez.
La subcomisión formada dentro de la bicameral de Inteligencia, que preside el oficialista Leopoldo Moreau, tiene por objetivo establecer qué hacían los agentes de inteligencia en ese encuentro en el Banco Provincia con funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y un grupo de empresarios. La bicameral tiene la potestad de elaborar informes que generalmente terminan siendo remitidos a la Justicia para el avance del proceso penal.
“La idea frente a una ausencia injustificada de algún empresario es recomendarle al gobierno de la provincia de Buenos Aires que lo excluya del registro de proveedores del Estado”, comentó a Tiempo el martes una fuente de la comisión.
En Juntos por el Cambio, el radical Miguel Bazze –que forma parte de la subcomisión- señaló: “No corresponde que la comisión haga evaluaciones políticas, sino controlar cómo funcionan los agentes de inteligencia, si participaron de una reunión que no deberían haber participado y por qué se tomó esa decisión“.
“En este tema hay que ser muy cuidadoso -continuó Bazze- porque la justicia debe ser independiente del poder político. Creo que desde el Congreso no tenemos que asumir roles que no nos corresponden y por eso me opuse a la convocatoria de funcionarios políticos que estuvieron en la reunión, porque eso es tarea de la justicia”, agregó el bonaerense en declaraciones a Diputados TV.
Si bien no forman parte de la bicameral, desde el Frente de Izquierda expresaron su repudio al hecho que se dio a conocer hace unos días ante la opinión pública. En diálogo con la señal de noticias de Diputados, Romina del Plá manifestó: “Tenemos que disolver definitivamente los servicios secretos porque esto es una línea de carpetazos permanentes de un lado hacia otro. No nos puede sorprender que el gobierno de Vidal y el de Macri en Nación hayan utilizado este mecanismo de los servicios de inteligencia como un mecanismo de apriete, lo hemos vivido en todos los terrenos al ataque de sindicatos”.
