El paso del tiempo juega en detrimento del proceso de memoria, verdad y justicia. En muchos casos la impunidad biológica deja a genocidas sin condena o sin sentencia firme, y a víctimas y familiares sin la reparación a la que contribuye la justicia. Para acelerar esos tiempos, a fines del año pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación elaboró un Plan Estratégico para contribuir al avance del proceso de juzgamientos.

A casi un año, pandemia mediante, ese plan implicó acciones de seguimiento y denuncia en casos de demoras judiciales, desde la instrucción hasta la Corte. En los últimos meses, de acuerdo al informe elaborado en septiembre, se realizaron 20 presentaciones en este sentido, algunas en casos emblemáticos de responsabilidad empresarial como Blaquier o Ford. “No podemos seguir teniendo un ritmo tan bajo de audiencias. No es justo para las víctimas, para los familiares y para la sociedad toda”, dijo el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla, al presentar el informe en un encuentro con periodistas, donde señaló la “aceleración” de estos procesos como máxima prioridad.

El Plan Estratégico incluyó la incorporación de un cuerpo de peritos para que intervengan en juntas médicas, para controlar pedidos de prisiones domiciliarias, excarcelaciones y libertades condicionales. Este cuerpo trabaja, por caso, en la evaluación de posibles simulaciones. Pero también se busca advertir que las demoras judiciales fortalecen los planteos de pedidos de domiciliarias y llevan a casos de incapacidad de enfrentar los procesos, por cuestiones de salud o relacionadas con la edad avanzada de los acusados.

El incremento de profesionales especializados permitió aumentar el número de causas en las que la Secretaría se presenta como querellante: desde febrero de este año presentó 36 nuevas querellas, y hay 258 activas. El mes pasado, además, se envió al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal un listado actualizado de las 130 investigaciones realizadas por el equipo de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales, para articular y poner a disposición prueba ya generada y evitar la duplicidad de pedidos.

“No queremos impunidad biológica, lo decimos siempre”, resaltó Pietragalla. Entre las próximas acciones que se enmarcan en el Plan Estratégico se encuentra la participación en la “Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos” conformada por la AFI. Para contribuir a desentrañar ese universo de datos y acceder a lo que falta conocer en torno a la última dictadura cívico-militar. En materia de archivos y preservación de la memoria, se pidió también a la Corte Suprema una copia digital de los registros audiovisuales de las audiencias de juicios de lesa humanidad.

“Teníamos que marcar un antes y un después tras la gestión de (Claudio) Avruj” al frente de la Secretaría, destacó Pietragalla al dar cuenta de los efectos que los cuatro años de macrismo tuvieron sobre el área. Entre otras cosas, contaban con 1300 trabajadores cuando se fue el secretario Martín Fresneda, y se habían reducido a 800 cuatro años después: “Hubo un desmantelamiento”. A ese panorama se sumó la pandemia, que generó un “retraso estructural” en el plano judicial. Pero el tiempo apremia y la meta es clara: que avance con más celeridad el proceso de memoria verdad y justicia, en tiempos en que las expresiones negacionistas y de derecha proliferan con rapidez.