La justicia italiana condenó en ausencia este lunes a cadena perpetua a 24 represores sudamericanos procesados por la desaparición y muerte de 23 opositores con ciudadanía italiana en el marco del Plan Cóndor.

Los jueces de la Corte de Apelación de Roma consideraron a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay responsables del operativo represivo que llevaron adelante las dictaduras de esos países en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes. El tribunal modificó la sentencia de primera instancia, dictada en enero de 2017, en la que había condenado a cadena perpetua solo a 8 personas.

La historia de la causa (Por Nadia Angelucci, para La Diaria)

“Zelmar Michelini me sugirió escribir todo lo que había pasado aquella noche. Y seguir escribiendo todos los detalles de los pedidos formales que presentaba, los encuentros que ocurrían, los hechos que surgían durante la búsqueda de Daniel y de los muchachos que habían sido secuestrados con él”, cuenta Aurora Meloni. Era 1974, y ella tenía 23 años y dos hijas pequeñísimas la noche en la que el comisario Hugo Campos Hermida se presentó en el umbral de su apartamento de Buenos Aires. Campos Hermida se llevó a su esposo, Daniel Banfi, a Luis Latrónica y a Guillermo Jabif.

Asombra en el relato de Meloni encontrarse con la capacidad del senador para comprender en qué medida aquella historia, prólogo de miles de historias análogas, podría prolongarse en el tiempo, superar épocas y espacios de acción.

Michelini había entendido que se iba a necesitar mucho tiempo para lograr verdad y justicia.

En octubre de 1976 Cristina Mihura dejó Argentina cruzando la frontera de Misiones. Llegó a Río de Janeiro y desde allí se embarcó hacia España. Su viaje todavía no había terminado. Llegó a París, a Suecia, y finalmente, en 1977, a Italia. Y llevó consigo su denuncia. Su marido, Bernardo Arnone, había desaparecido el 1° de octubre de 1976 junto con muchos otros compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo.

Meloni, a su vez, había llegado a Suecia en 1974. También ella decidió mudarse a Italia, el país del que provenía su familia, y, al igual que Mihura, trabajó para dar a conocer su denuncia desde el primer día.

El 16 de octubre de 1998 el juez español Baltasar Garzón, apoyándose en el principio de la jurisdicción universal, logró que el ex dictador chileno Augusto Pinochet quedara en prisión domiciliaria en Londres. Ese hecho despertó las esperanzas de quienes no lograban obtener respuestas en los tribunales nacionales latinoamericanos debido a las leyes de impunidad.

Meloni vivía en Montevideo en ese entonces y recuerda las reuniones con las organizaciones de familiares de desaparecidos y militantes por los derechos humanos. En esos encuentros empezó a tomar forma la idea de presentar denuncias en otros países. “La primera reunión se llevó a cabo en Montevideo, en las oficinas de Serpaj [Servicio de Paz y Justicia]. Fui invitada por [el ex diputado] Felipe Michelini. Por entonces [el actual presidente del Frente Amplio] Javier Miranda era el abogado de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. En ese encuentro estuvieron María Bellizzi, Luz Ibarburu, Marta Casal, Filomena Narducci y Raúl Olivera, que representaba a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. Yo ya había acompañado a las Madres de Plaza de Mayo en sus juicios en Italia en los años anteriores. Recuerdo que el propósito de esta reunión era presentar una denuncia en Italia”, dice Meloni.

“Después de todo lo que estaba sucediendo con Garzón”, cuenta Cristina Mihura, “y de las denuncias que estaban surgiendo también en otros países europeos, me contactó Luz [Ibarburu]. Con Luz y María Esther [Gatti de Islas] ya teníamos una costumbre de trabajar juntas porque Bernardo, María Emilia [Islas] y Juan Pablo [Recagno Ibarburu] habían desaparecido en el transcurso de diez días, y a menudo habíamos colaborado en su búsqueda. Así me involucraron”.

En 1999, el 9 de junio, Meloni y Mihura llegaron ante el fiscal Giancarlo Capaldo y presentaron denuncias por el homicidio de Daniel Banfi y la desaparición de Bernardo Arnone, ambos ciudadanos italianos.

“No tengo una idea clara de cuándo supe de la existencia de la Operación Cóndor”, dice Mihura. “Todos habíamos sufrido los efectos de lo que llamábamos coordinación represiva, pero no habíamos oído hablar de la Operación Cóndor. Fue en algún momento de las investigaciones de Garzón que surgió en mí la idea de que Bernardo había sido una víctima de la Operación Cóndor”.

Asimismo, Meloni recuerda: “Presentamos una denuncia y solicitamos una investigación para comprender qué había sucedido con los miembros de nuestras familias. La idea del Plan Cóndor llegó más tarde, y fue el fiscal Giancarlo Capaldo quien la planteó. Capaldo nos escuchó, creyó en nosotras y comenzó la investigación”.

“La legislación italiana no prevé la jurisdicción internacional, como en España, entonces utilizamos la norma que permite activar la acción legal para crímenes cometidos en el exterior, con motivaciones políticas, contra ciudadanos italianos”, dice el fiscal Capaldo. “Apenas recibí las denuncias me planteé el problema de cómo proceder para recopilar información y construir un caso judicial sólido. De hecho, estábamos hablando de hechos que habían acontecido muchos años atrás y en varios países de América Latina”.

Capaldo pidió a la policía judicial de Italia que recopilara toda la información posible en las bases de datos italianas. El resultado fue decepcionante. No había nada. “La respuesta fue tan desalentadora que decidí abandonar la idea de utilizar a la policía italiana para hacer esas investigaciones”, dijo el fiscal. En una decisión totalmente atípica, optó por recurrir a las asociaciones de víctimas y a algunas personas en particular. De esta manera, se activó un mecanismo mediante el cual se recibieron declaraciones espontáneas de familiares de las víctimas a través de las oficinas diplomáticas italianas en los países involucrados en las denuncias.

A los testimonios, que llegaron casi al centenar, se agregó un estudio de la actuación judicial de esos países, sobre los procesos iniciados y no concluidos, que se recopiló mediante la colaboración de algunos fiscales y también de ciudadanos comunes. “Agregamos historiografía y fuentes de prensa; utilizamos todo lo posible porque era necesario reconstruir el contexto y lo ocurrido en su totalidad. Ha sido un trabajo muy largo y difícil que hemos llevado a cabo en varios países y en distintos idiomas”. Y con recursos muy escasos. “Durante todos los años de investigación trabajaron en el proceso del Plan Cóndor cuatro personas en total, en diferentes momentos”, señala Capaldo.

En esa época fue cuando la red entre los familiares en Italia y las asociaciones militantes por los derechos humanos de los países de origen se hizo más densa. Mihura fue fundamental en este tejido, tanto en el apoyo a la fiscalía como en el relacionamiento con las organizaciones sociales, así como en la lectura de documentación útil para el proceso y en la investigación y reconstrucción de los hechos. “Con Capaldo viajamos a Argentina y Uruguay, donde el fiscal escuchó a los testigos y reunió toda la información. Con ayuda de Luz y los demás, organicé la parte uruguaya. Y para quienes no pudieron testificar en esa ocasión, organizamos viajes a Italia”, recuerda.

“En ese momento, antes de que existieran desacuerdos con Capaldo, pasaba todo el día en la oficina del fiscal trabajando en la documentación. Recuerdo muchos viajes para conseguir material útil para el juicio. Estuvimos también en Washington, en las oficinas de Departamento de Estado, pocos días después del atentado a las Torres Gemelas. Me acuerdo de que pasamos volando en una avioneta muy cerca del lugar, todavía humeante”, afirma Mihura.

Su colaboración con el fiscal italiano duró algunos años, luego surgieron diferencias de opinión y los dos se alejaron.

Meloni recuerda: “Yo ayudé a Capaldo facilitándole contactos, traduciendo documentación, pero la gran parte del trabajo en Roma la hizo Cristina Mihura. Su contribución fue fundamental”.

El juicio por el Plan Cóndor surgió entonces de ese trabajo conjunto que Capaldo elaboró hasta formular una acusación firme: “No quería empezar una búsqueda a partir de una tesis prefabricada, entonces recopilé todos los pequeños elementos para poder reconstruir los episodios individuales, y a partir de allí fui a buscar la conexión común que abarcaba todas las historias. El vínculo común que identifiqué, y con el cual formulé las acusaciones, fue el hecho de que las desapariciones individuales eran parte de operaciones militares, o de servicios secretos, que involucraban a docenas de personas. Todo esto estaba dirigido a la represión y aniquilación de movimientos políticos, sociales, sindicales, y tenía origen en las juntas cívico-militares”.

“Sólo razonando con esta perspectiva se podría entender que las desapariciones no sólo dependían de quienes actuaban materialmente, sino de un acuerdo internacional secreto, que ahora es denominado Plan Cóndor, por el cual los países del Cono Sur habían actuado conjuntamente para perseguir a sus opositores también fuera de los territorios nacionales. El juicio fue estructurado de esa manera porque quise respetar la realidad histórica de los hechos”, afirma Capaldo.

El 10 de julio de 2006 el fiscal cerró la etapa de investigación del juicio y pidió 146 órdenes internacionales de arresto. De estos 146 acusados sólo 33 llegaron al juicio. Esto se debe a que algunos países, por ejemplo Argentina, no otorgaron la autorización para actuar contra sus ciudadanos o no quisieron notificarlos de las actas. En otros casos los acusados ya habían fallecido.

Las audiencias preliminares comenzaron el 11 de octubre de 2013 ante el juez Alessandro Arturi. Ya habían pasado 12 años desde la primera denuncia. En esa larga etapa de espera, entre una solicitud de asistencia internacional que no se cumplía y el tiempo que transcurría aparentemente sin que pasara nada, algunas familias empezaron a perder la confianza en que el proceso pudiera tener lugar. Entre ellas, Mihura, una de las principales arquitectas de esta obra. Fue entonces que surgieron las diferencias con Capaldo, a quien culpó por los retrasos, y que envió varias cartas al entonces primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y al presidente, Oscar Luigi Scalfaro, para solicitar su atención a este tema.

El juez Arturi cerró el proceso preliminar en 2014 y definió la acusación en contra de 33 imputados, entre ellos 16 uruguayos, por el homicidio de 42 personas.

El 12 de febrero de 2015 empezó el juicio en la Tercera Corte de Asís del Tribunal de Roma, presidida por la jueza Evelina Canale y compuesta por otros ocho jueces, seis de ellos populares. Hubo más de 60 audiencias en menos de dos años de juicio, más de 100 testigos –casi todos de habla española, por lo que necesitaban traducción– y sólo un acusado presente en la sala (dos veces): Jorge Néstor Tróccoli.

El fiscal Capaldo pronunció su alegato final el 13 de octubre de 2016. Junto con él concluyó sus alegatos también la fiscal Tiziana Cugini, que casi lo reemplazó por completo durante las audiencias judiciales y pidió sentencias de cadena perpetua para todos los acusados, excepto para Eliseo Ricardo Chávez Domínguez.

El 17 de enero de 2017 la Tercera Corte de Asís del Tribunal de Roma condenó a ocho imputados, entre ellos a Juan Carlos Blanco, y absolvió a todos los demás, entre ellos 13 uruguayos.

Para Aurora Meloni es la primera vez que un tribunal se pronuncia sobre el asesinato de su esposo. “Siempre he luchado, no sólo por Daniel sino por todos. Siempre he pensado cuán profunda es la injusticia de no poder presentar una denuncia en nuestro país. Han sido 40 años muy difíciles, incluso aunque la vida siempre se pueda reconstruir. Y yo lo hice. Pero esta herida nunca se cerró. Con la sentencia de primera instancia fue la primera vez en 40 años que alguien [Juan Carlos Blanco] fue condenado por el asesinato de Daniel”.

Los fundamentos de la sentencia, dados a conocer en abril de 2017, subrayaban la responsabilidad en la implementación del Plan Cóndor de los altos cargos de las juntas militares y los estados mayores de las diferentes armas, pero afirmaban también que “no se puede presumir la responsabilidad de los homicidios por parte de sujetos que ocupaban posiciones intermedias”.

En referencia a Tróccoli, el fallo dijo que la estructura vertical de la Armada “no permite afirmar con certeza” que él “haya brindado una contribución consciente y voluntaria a la supresión de los detenidos […] entonces no puede afirmarse, en ausencia de elementos específicos y fuentes directas de acusación, el papel concreto de Tróccoli en las eliminaciones”.

Respecto de la sentencia, Capaldo dijo que quedó satisfecho a medias, y opinó que el fallo se vio afectado por la complejidad de los temas y por el tratamiento que hizo la Corte de Asís de los episodios. “En la sentencia de primera instancia hay una segmentación excesiva de los episodios que no conduce a ver la singularidad del comportamiento que lleva a la muerte y la desaparición. También debe decirse que este proceso se vio penalizado por el hecho de que el Poder Judicial italiano tuvo dificultades para captar su importancia, en parte por la distancia temporal y de los lugares donde ocurrieron estos hechos”.

Además, los plazos ajustados, la solicitud de reducir a la mitad los testimonios y la necesaria simplificación de la narración de lo ocurrido no permitieron una correcta asimilación de la historia, consideró. “Habrían sido necesarias más audiencias. Los eventos vinieron demasiado filtrados y todos juntos, especialmente para el jurado popular”, dijo el fiscal.

El juicio de primera instancia se desarrolló en dos años, un tiempo relativamente corto, debido a cuestiones administrativas relacionadas con un juez que era miembro del tribunal y en parte porque Capaldo llegó al juicio muy cerca de su jubilación. La lectura de la sentencia de primera instancia, de hecho, fue la última participación de Giancarlo Capaldo en una audiencia antes de abandonar el Poder Judicial.

Debido a las apelaciones a este fallo, en abril de 2018 comenzó el juicio de segunda instancia ante la Primera Corte de Apelaciones de Roma, presidida por la jueza Agatella Ciuffrida.

Meloni y Mihura siguieron participando. Capaldo, ahora retirado, ha dejado todo en manos de la fiscal Tiziana Cugini y del fiscal de segunda instancia Francesco Mollace. Todos los abogados de las partes civiles que representaron a las familias de las víctimas en primera instancia continuaron su trabajo gratuito y apasionado.

“Siento que debo acompañar este proceso hasta el final”, dice Mihura, “porque después de 40 años y 11.000 kilómetros es importante que alguno de nosotros esté siempre presente aquí. Cuando ocurrieron los hechos yo tenía 22 años. La organización en la cual militaba era toda mi vida, mis relaciones, mi familia. No teníamos idea de que seríamos aplastados por algo tan bestial.