El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, presentó este lunes una denuncia penal por el «delito de instigación a la violencia» contra Román Gutiérrez, productor agropecuario y excandidato a concejal de Pergamino, quien publicó un mensaje y video incitando públicamente a «fusilar» a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y a sus seguidores.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello, informó la secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.
Además, a última hora de la tarde de este lunes Pietragalla Corti sumó otra denuncia contra Guillermo Cueto, un supuesto exagente de la CIA, quien en una entrevista radial realizada este lunes por la mañana en Radio Mitre realizó declaraciones penadas por la Ley Antidiscriminatoria y que configurarían el delito de apología.
En el caso de Román Gutiérrez, la denuncia se basó en un video que el acusado publicó en su cuenta de Twitter el 30 de agosto de 2022, donde afirma: «Ahí los tienen a los negros planeros hijos de mil puta defendiéndola a la cara de verga la conchuda hija de mil putas, hay que fusilarla a ella y a todos estos hijos de mil puta también… son cuatro pelotudos, ya se van a morir todos».
Estas expresiones fueron realizadas por Gutiérrez mientras filmaba una manifestación en apoyo a la vicepresidenta de la Nación.
Qué dice la denuncia
En esa denuncia penal, la secretaría de Derechos Humanos advirtió que «este tipo de expresiones se encuentran prohibidas» por el artículo 209 del Código Penal, que establece: «El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41».
Si bien el deseo público de Gutiérrez fue explicitado de forma previa al intento de magnicidio del que fue víctima Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre, y no hay ningún elemento para unir ambos hechos, la denuncia penal presentada por la Secretaría advirtió en su comunicado que es precisamente este tipo de mensajes de odio los que ponen a la vicepresidenta en el lugar de «odiada», a quien en este caso hay que «fusilar».
Además, sostuvo el escrito, «no puede pasarse por alto que estas expresiones fueron vertidas en las redes sociales por una figura pública, que se desempeña como Concejal Suplente en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino por Juntos por el Cambio desde diciembre de 2021 y es un activo impulsor de protestas contra las medidas económicas del actual gobierno».
La segunda denuncia
La segunda denuncia penal presentada por el secretario en el día de este lunes fue contra Guillermo Cueto, quien fue presentado en una entrevista radial realizada esta mañana por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre como «ex agente de la CIA».
Durante el diálogo, Cueto se refirió al atentado sufrido por la vicepresidenta como un hecho simulado, tendiente a tener la «apariencia de un magnicidio».
En efecto, el entrevistado refirió que, según «su experiencia», el intento de magnicidio perpetrado tendría una «apariencia deliberada de un magnicidio para elevar la popularidad de Cristina Fernández de Kirchner», y que se trató de «un montaje político» y no un de «acto de agresión».
Las respuestas de Cueto, que no merecieron repreguntas o aclaraciones de ningún tipo por parte del entrevistador, manifiestan -según la denuncia- un mensaje tendiente a animar o estimular a la persecución o el odio contra Cristina Fernández de Kirchner y el sector político que ella representa, por ello se trata de expresiones prohibidas por el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria.
Además, el texto refiere que las declaraciones de Cueto también configuran un mensaje de apología del delito, conducta que se encuentra penada por el artículo 213 del Código Penal.
El mensaje apologético, según la denuncia penal, «está configurado por la intención deliberada de generar confusión en la sociedad respecto al hecho criminal investigado por la justicia federal, restándole la gravedad y hasta negando su existencia. Al negar la existencia del intento de magnicidio, instalando la idea de un montaje político deliberado, se pretende justificar la comisión del hecho criminal perpetrado».
Las denuncias presentadas por Pietragalla Corti aclaran que, si bien la secretaría de Derechos Humanos no desconoce que estos tipos penales pueden entrar en colisión con el derecho a la libertad de expresión –lo que requiere ser sumamente rigurosos en su aplicación–, es su «deber institucional» formular estas denuncias penales frente a discursos de odio que no están amparados por la libertad de expresión y que atentan contra la democracia de nuestro país.
