La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente al gobierno de Jujuy por la represión contra manifestantes. Ahí se pide que se investiguen los casos de violencia policial en las protestas sociales que se originaron contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador jujeño, Gerardo Morales, el intento de la privatización del agua para consumo humano y los recortes salariales. Los reclamos continúan al igual que las protestas.
“Estuvimos en Jujuy la semana pasada, la verdad es que vemos con mucha preocupación lo que está pasando en esa provincia porque es un adelanto de lo que puede suceder si la derecha, si Juntos por el Cambio, si Gerardo Morales como candidato a vicepresidente llegan al poder”, expresó Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Siguió relatando que de ser así seguirá aumentando “la represión a la protesta social, el ajuste, y también la persecución a los líderes políticos opositores”.
Situación de Milagro Sala
“Ahora nuevamente, como lo hacho siempre, el gobernador Morales vuelve a emprender su persecución contra Milagro Sala. Ella está con prisión domiciliaria por su problema de salud”, denunció el secretario nacional. Detalló que parte de la estrategia del mandatario es mandarla a que se haga “un estudio médico intempestivo para apretarla, para que, según él, deje de incentivar los cortes de ruta. Pero en realidad ella no tiene nada que ver con esto que está pasando, pero así es como se maneja el gobernador de Jujuy”.
“Por todas las denuncias recibidas durante las visitas realizadas a Jujuy la semana pasada, pedimos a la justicia que inicie una investigación penal en forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad de esa provincia en el marco de la feroz represión que se libró contra los manifestantes”, remarcó Pietragalla Corti. La presentación incluyó “testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas represivas jujeñas”, apuntó.
El relato de las víctimas
“Las víctimas nos dijeron que fueron maltratadas y golpeadas cuando las detuvieron, que recibieron disparos con posta de goma, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones”, subrayó el secretario nacional. También señalaron -en sus declaraciones- la utilización “de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre las filas de los manifestantes”.
“Constatamos muchísimos delitos cometidos por la policía, más allá de las responsabilidades de los responsables políticos directos”, denunció Pietragalla. También apuntó que todo esto muestra “un accionar organizado en forma ilícita desde la cúpula más alta del gobierno jujeño”.
Cabe destacar que el escrito presentado menciona que el propio gobernador publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial. Esto deja al descubierto que en esa provincia no se respeta la forma republicana de gobierno y que la Justicia está bajo las órdenes del mandatario jujeño.
Sobre la denuncia presentada y el apoyo internacional
“La reciente denuncia se suma al habeas corpus que presentamos ante esa Justicia local para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta”, reconstruyó Pietragalla. Fue a partir de ese pedido “que el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Morales a iniciar una instancia de mediación, pero hasta el momento no se ha cumplido”.
Cuando viajó a esta provincia del NOA -junto a la comitiva en dos oportunidades durante los últimos diez días- el secretario tuvo una reunión virtual con Jan Jarab, representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). También estuvo en diálogo con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a quienes les informó sobre la gravedad de la situación.
Estos dos organismos manifestaron expresamente -durante los últimos días- su preocupación por la represión contra manifestantes sociales en Jujuy y reclamaron al gobierno de esa provincia el respeto por los derechos humanos. Las manifestaciones continúan en las calles.
