La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) anunció que impulsarán junto a otros organismos de derechos humanos un nuevo pedido de juicio político al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por su participación en delitos de lesa humanidad como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) durante la dictadura cívico militar.
El fiscal y ex policía está acusado de haber participado en la desaparición forzada del militante paraguayo Mario Ramírez Medina y del espionaje, infiltración y persecución de exiliados chilenos.
El impulso del nuevo juicio político fue anunciado este lunes en la sede del Serpaj, que encabeza el copresidente de la CPM y Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. “Sobre la impunidad no podemos crear ninguna democracia, por eso reclamamos al Procurador y a la Corte provincial, como así también a la Legislatura, la inmediata separación del cargo de Fernández Garello”, dijo en la conferencia de prensa en la que develaron nuevas pruebas halladas en el archivo de la DIPPBA, que la Comisión tiene bajo custodia desde 2001.
“La Comisión presentó dos nuevas denuncias: una por la desaparición del ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina, otra por el espionaje a exiliados chilenos, por ese servicio Fernández Garello fue condecorado”, detalló Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, durante el anuncio del pedido de Jury a Fernández Garello. Y apuntó: “La Procuración tiene que dar un mensaje: alguien que integró la maquinaria del terrorismo de Estado no puede seguir en funciones”.
El reclamo apunta directamente al el procurador General de la Provincia, Julio Conte-Grand, que en noviembre pasado cerró y archivó un trámite disciplinario contra el funcionario que había sido impulsado por la CPM. Un año antes, el jurado de enjuiciamiento de la Provincia había archivado el pedido de jury por otros dos procesos por hechos de la dictadura.
La Comisión por la Memoria denunció los dos hechos y se presentó como querellante en la causa que tramita en el Juzgado en lo criminal y correccional 2 de San Martín y que investiga los crímenes cometidos en la entonces jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. En esa causa el fiscal general de Mar del Plata y otros miembros de la DIPPBA San Martín ya están denunciados por la participación la detención de tres militantes comunistas en 1981 y apremios ilegales contra otro, en 1982.
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El juicio político fue pedido, además de la CPM, por Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Comisión de familiares amigos y ex compañeros de Ana María Martínez, entre otros organismos y otras organizaciones.
“Este caso tiene que ver con la lucha por memoria, verdad y justicia. Y tiene otra relevancia importante para el Estado porque tiene que ver con el funcionamiento de la justicia”, detallóp Paula Litvachky, del Cels.
La nueva denuncia
Mario Ramírez Medina fue secuestrado por personal de la Policía Bonaerense el 9 de febrero de 1979 en su casa de Villa Pineral frente a sus hijos de 13, 15 y 16 años. Luego fue trasladado a la comisaría 1ª de Tres de Febrero y, ese mismo día, la delegación de San Martín de la DIPPBA elaboró un informe sobre su militancia en el Partido Comunista de Paraguay a partir de información recogida tras el operativo. Ese memorando de inteligencia lleva el sello y firma del comisario Federico Héctor Capurro, 2° Jefe a cargo de la Delegación DIPPBA San Martín, y del entonces oficial ayudante Fabián Uriel Fernández Garello. Mario Ramírez Medina continúa desaparecido y su caso está documentado en el informe de CONADEP.
“El memorando, producido el mismo día del operativo, se registró en el legajo Mesa DS Varios N° 12690. Luego de la biografía y el relato de los hechos de aquel operativo, se adjuntaron a ese legajo numerosas cartas presentadas por representantes de organismos internacionales de derechos humanos dirigidas a funcionarios policiales, denunciando lo sucedido a Mario Ramírez Medina. En total, el Estado argentino recibió 166 denuncias de organismos internacionales y de diversas entidades de solidaridad”, informó la CPM.
En el segundo hecho ocurrió entre 1978 y 1981, cuando la DIPPBA coordinó y ejecutó acciones de espionaje e infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos. Estas tareas de inteligencia fueron reconocidas por el propio fiscal Fernández Garello en sus declaraciones ante la justicia, minimizándolas como un simple censo de ciudadanos extranjeros. En su legajo de empleado policial se dejó constancia de la distinción que le otorgaron por ese trabajo a pedido de su jefe, el comisario Bustos, condenado luego por crímenes de lesa humanidad.
Esa intervención aparece en un memorando del 17 de octubre de 1980. “El documento consta en el legajo Mesa Referencia 17901, que registra una serie de memorandos e informes sobre acciones de la DIPPBA en la identificación de ciudadanos chilenos ‘peligrosos para la seguridad nacional’. Luego de estas tareas, varios ciudadanos chilenos fueron secuestrados en la sede del club espiado”, informó la CPM.
Además de Fernández Garello, estas dos nuevas denuncias involucran a otros ocho miembros de la delegación San Martín de la DIPPBA: el comisario Federico Capurro y los agentes D.L. Torre, José Figal, Enrique Barré y Mario Ossá por el primero de los hechos mencionados; por el segundo fueron denunciados el jefe de la Delegación Miguel Sopegno y los miembros Hugo Roberto Godenzi y Abelardo Elpidio.
