Cristina Fernández de Kirchner pidió que se investigue la eventual responsabilidad de la Policía de la Ciudad, por inacción o por desidia, en el intento de magnicidio en su contra. A través de un escrito presentado por sus abogados, José Ubeira y Marcos Aldazábal, al fiscal Carlos Rívolo (quien tiene delegada la causa) la vicepresidenta creyó también haber descubierto el porqué de la conducta de la jueza María Eugenia Capuchetti: “Más allá de todas las ilegalidades e inmoralidades, la importancia que tiene para este escrito es que explica por qué Capuchetti nunca investigó a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Capuchetti tiene un conchabo con el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), según denunciaron los abogados al recusarla el 8 de enero pasado. El escrito presentado hoy da cuenta de que “el ISSP depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es el ministro quien nombra a su director, según la poca información disponible) y lejos está de ser una universidad o instituto de formación en el que se pregone la libertad académica y el fomento del conocimiento sin restricciones ideológicas. Es, por el contrario, un organismo dedicado, según su propia definición, a formar policías y a brindar apoyo y asesoramiento político a las máximas autoridades de la CABA en materia de seguridad”.
El ISSO –añade el documento- “tiene como fin la realización de tareas estrictamente ejecutivas, como la planificación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. En otras palabras, Capuchetti trabaja en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo al mismo tiempo”. Según el razonamiento, si la jueza investigara a la Policía de la Ciudad, de alguna manera, se estaría investigando a sí misma.
Pero además, Ubeira y Aldazábal consignaron que “el ISSP parece funcionar como una caja destinada a construir influencias y a financiar operadores judiciales, jueces y fiscales”. Y en ese contexto revelaron un detalle hasta ahora tan desconocido como sorprendente: “tres días después de pedirse licencia en el cargo por estar involucrado en gravísimos y escandalosos hechos de corrupción y tráfico de influencias con jueces, fiscales, empresarios de medios e integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Marcelo D’Alessandro fue nombrado profesor titular del ISSP”. Un cargo similar –agrega el documento- ocupa el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques, “con quien D’Alessandro compartió un alegre viaje con directivos de Clarín, jueces y espías, que luego buscaron sacar de la luz pública a través de aprietes y extorsiones”.
“Está claro, entonces, que el trabajo de Capuchetti no es dar clases en una universidad, actividad compatible con la judicatura (siempre que sea autorizada por el órgano de superintendencia), sino asesorar a actores políticos. Es notable que, además de dar supuestos cursos a algunos policías en materias que desconoce (como investigaciones complejas), Capuchetti tiene un cargo de ‘Investigadora Senior’. Esto, en un lugar que se define como de apoyo a la conducción política, no puede consistir en otra cosa que en brindar asesoramiento al Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA o a funcionarios afines”.
Entre las medidas de prueba propuestas, el escrito considera que “debería oficiarse al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para que remita los legajos de todos los efectivos dispuestos en los operativos de seguridad desplegados en torno a Cristina Fernández de Kirchner y su domicilio, tanto personal, como respecto del Honorable Senado de la Nación y el Instituto Patria, entre los días 20 de julio y 1 de noviembre de 2022”.
“Además, debe citarse a prestar declaración testimonial a todos los comisarios dispuestos en el lugar de los hechos. Y requerirse el entrecruzamiento de llamadas de todos los abonados telefónicos de los efectivos dispuestos por la Ciudad de Buenos Aires en el lapso indicado”, agrega la propuesta de los querellantes.
El foco puesto sobre la Policía de la Ciudad registra un antecedente hasta ahora desconocido. “El 28 de julio de 2022, en el marco de una investigación por amenazas contra la Vicepresidenta de la Nación, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella le advirtió a D’Alessandro que podri?an producirse hechos violentos en el Instituto Patria, por lo que solicitó reforzar la seguridad del lugar”. Aquello ocurrió después de que Claudio Pedro Herz, un hombre de 64 años de edad munido de un megáfono convocara en las puertas de las oficinas políticas de la vicepresidenta a “ahorcarla en la puerta del Congreso”.
“Por lo que sabemos, Marcelo D’Alessandro ni contestó el oficio enviado por el fiscal federal, ni reforzó la seguridad del lugar. Solo se conoce, por imágenes públicas, la simpatía y los saludos intercambiados entre efectivos de la policía de la Ciudad y los atacantes”, subrayó el escrito. En efecto, un policía de la Ciudad se acercó en aquella ocasión al hombre que proponía la horca para la vicepresidenta y por toda reacción tuvo un afectuoso saludo con un “puñito”.
