Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, presuntas víctimas del espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos que se investiga en los tribunales federales de Lomas de Zamora, pidieron este jueves la indagatoria de la ex diputada Elisa Carrió “por su responsabilidad en la maniobra ilegal desplegada desde la Agencia Federal de Inteligencia con los objetivos de influir en la situación institucional y/o política y/o social del país y en la opinión pública y de dar cobertura a la organización paraestatal que integraban el espía Marcelo D’Alessio y otras personas a las que la nombrada se encontraba estrechamente vinculada”.

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Mediante un escrito un medio centenar de páginas, Peñafort y Rúa repasaron el derrotero que vincula a la Causa D’Alessio, que tramita en el juzgado federal de Dolores, con la causa por espionaje ilegal que lleva adelante el juez Juan Pablo Augé y que transita actualmente en la etapa de investigación de las actividades de inteligencia ilegal en las cárceles, especialmente sobre funcionarios y dirigentes del gobierno  2003 – 2015.

El escrito sostiene que Carrió (a través de sus colaboradoras, las legisladoras Maviana Zuvic y Paula Oliveto) se valió de escuchas ilegales a los presos de la cárcel de Ezeiza para intentar, “desesperadamente”, desbaratar desde el inicio la investigación del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, cuando estalló la “Causa D’Alessio”.

“Desde 2017 la AFI retiraba y conservaba en su poder los registros de las comunicaciones de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios, y sin más decidió sacárselos de encima y enviarlos con urgencia al juzgado. Se ve que alguien ahí ya sabía que Carrió y Stornelli irían a filtrar el contenido de esas conversaciones que el área de Jurídicos de la AFI había promovido ardidosamente intervenir, y que escuchaba, analizaba y transcribía sin orden judicial y sin ningún destino legal”, sostuvieron Rúa y Peñafort.

Horas después de que fuera allanada la casa de D’Alessio, en un country de la localidad bonaerense de Canning, Carrió publicó un tuit advirtiendo sobre una “maniobra” para derribar la Causa Cuadernos y pese a que el fiscal Carlos Stornelli ya había realizado una denuncia en similar sentido, a las 18.40 (fuera del horario de atención al público de tribunales), Oliveto y Zuvic presentaron, a nombre de la líder de la Coalición Cívica, una segunda denuncia. ¿La razón? Según Peñafort y Rúa, porque la primera había recaído en el juez federal Luis Rodríguez, enemistado con Stornelli.

La denuncia de Oliveto y Zuvic recayó en el difunto juez Claudio Bonadio. Y Luis Rodríguez fue apartado del sorteo por decisión del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.

“Se nota mucho. Y así la filtración ilegal de los audios provocada por el interesado juez de conveniencia se sumó a la filtración ilegal de sus transcripciones por parte de la entonces diputada Carrió y la Agencia Federal de Inteligencia en el marco de las tareas de escucha ilegal y espionaje penitenciario que se desplegaron durante el anterior gobierno a propósito de su política de persecución”, señalaron los abogados en su presentación.