«Con el cargo que ocupaba Lucio Ramírez no podía dejar de conocer las consecuencias fatales que implicaba el cumplimiento de las órdenes de traslado, explicó el fiscal Juan Martín Nogueira, y en su alegato pidió al tribunal la condena de prisión perpetua para el ex jefe de Operaciones del Regimiento 7 de Infantería de La Plata. La misma pena pidieron luego los querellantes particulares y de la APDH al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata en el juicio que se le sigue al ex militar acusado por los asesinatos de Ángel Giorgiadis y Horacio Rapaport y el secuestro de Julio César Urien, los tres presos políticos de la dictadura cívico militar en la Unidad Penal N°9 de La Plata ultimados durante un falso traslado en enero de 1977.
En primer lugar alegó Nogueira por la Unidad Fiscal Federal de La Plata. Ante los jueces Alejandro Esmoris, Germán Castelli y Jorge Michelli, quienes juzgan a Ramírez por estos hechos desde el 5 de septiembre pasado, el fiscal acusó a Ramírez de ser partícipe necesario de los homicidios calificados y de coautor de privación ilegal.
El fiscal explicó que como mayor de Infantería e integrante del Comando de Operaciones Tácticas (COT) del Regimiento 7, el militar acusado integró un aparato organizado de poder y al trasladar a las tres víctimas de la Unidad 9 a la unidad militar brindó un aporte esencial para la comisión de los delitos que consignó como de lesa humanidad. En esa línea, explicó que por su cargo, el acusado no podía desconocer el contexto del Terrorismo de Estado y de la situación de las víctimas. Por eso descartó cualquier posibilidad de ajenidad que pueda pretenderse sobre los dos traslados que hizo que culminaron con el asesinato de dos víctimas y la privación ilegal de la libertad.
En la audiencia, también alegaron Alberto Palacio, Liliana Molinari y Noemí Patiño, abogados de Soledad Rapaport -hija de la víctima-, quienes solicitaron que se aplique la figura de genocidio y se condene al ex militar a prisión perpetua.
Por su parte, los abogados de la A.P.D.H. LA PLATA y de María Teresa Piñero, esposa de Angel Giorgiadis, promovieron que se reconozca la desaparición forzada de Giorgiadis, ya que su familia nunca recuperó su cuerpo. Los abogados Oscar Rodríguez y Marta Vedio explicaron que toda la información que la familia de la víctima recibió fue un papelito en el que se anotaba una ubicación en el cementerio municipal de La Plata, que nunca pudieron constatar que fuera la sepultura del desaparecido.
Además, los abogados le pidieron a la fiscalía que investigue por falso testimonio a Ricardo Mario Sinopoli, aportado por la defensa e involucrado en la causa Feced en Rosario. Y finalmente pidieron a los jueces que Ramírez sea condenado a la pena de prisión perpetua, y que se le revoque la prisión domiciliaria de la que goza para que sea de cumplimiento efectivo.
El juicio al militar retirado comenzó el 5 de septiembre pasado y las querellas esperan que las condenas ratifiquen las que emitió el TOFN°1 por los mismos hechos contra los represores de la Unidad 9 en el juicio del año 2010, cuando el tribunal presidido por Carlos Rozanski, y tenía otra composición. Las víctimas eran presos políticos de la dictadura en la Unidad Penal N°9 de La Plata, que durante la dictadura funcionó como un centro de detención de perseguidos políticos que eran clasificados -según la lógica del terrorismo de Estado- como «recuperables» e «irrecuperables». Los últimos eran los habitantes del pabellón de la muerte, un lugar donde la dictadura depositaba a quienes iban a ser ejecutados en falsas fugas y en supuestos traslados a otros penales.
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