La Comisión Provincial por la Memoria expresó su “preocupación y rechazo ante la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de pedir el juicio político al Juez Federal Alejo Ramos Padilla”. El titular de esa cartera, Germán Garavano, impulsó el juicio político al magistrado de Dolores que investiga por al falso abogado Marcelo D’Alessio y a una supuesta red de espionaje ilegal en la que podría estar involucrado el fiscal federal Carlos Stornelli. La Comisión pidió la intervención de la Corte Suprema y de los partidos políticos.
“Los hechos que investiga este Juez en el marco de la causa donde está imputado el Sr. Marcelo D’Alessio son de extrema gravedad para el pleno funcionamiento del sistema democrático y republicano”, señalaron en un comunicado este lunes. “La respuesta del poder ejecutivo a esta gravedad institucional sea denunciar al juez, por concurrir a la convocatoria y dar alerta a otro poder del Estado como es el legislativo provoca no sólo desconcierto sino una mayor preocupación”, advirtieron.
“La decisión del Ministerio de Justicia deja a toda la ciudadanía en una extrema vulnerabilidad: podemos ser víctimas de espionajes ilegales, pinchaduras de teléfonos o correos electrónicos sin orden judicial, chantajes y operaciones de todo tipo, sin el mínimo control y resguardo por parte del estado que en vez de actuar frente a los hechos expuestos, reacciona contra el juez que lo informa y pretende ponerle límites. La práctica antigua de matar al mensajero”, consideraron.
En tanto, el presidente de esta Comisión, Adolfo Pérez Esquivel sostuvo que “hubo un sistema de espionaje paralelo avalado por el Gobierno, por Patricia Bullrich”. “Lo que llama la atención es cómo D’Alessio estaba en la Casa de Gobierno durante el G20”, señaló en declaraciones radiales. “Hay cosas llamativas, como cartas con membrete de la Embajada de Estados Unidos y de Israel. La Embajada de Estados Unidos siempre estuvo en todos los países latinoamericanos. Esto es histórico. Están aplicando el lawfare, que es la guerra judicial”, abundó.
“Hay elementos suficientes en la causa que dan cuenta de un entramado de operaciones de inteligencia ilegales, paraestatales, en Argentina e incluso en países extranjeros, con gran capacidad operativa que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. La actitud del gobierno, por el contrario, sólo genera un marco propicio para consagrar la impunidad y que estas prácticas continúen”, comunicaron desde la Comisión.
“Lo que ocurre debe ser parte de una preocupación común de todos los partidos políticos, instituciones y organizaciones democráticas, que tienen que respaldar la acción investigativa de la justicia. No es admisible que se inscriba en la disputa y especulaciones electorales, tendientes a desacreditar a los actores que intervienen en la investigación”, señalaron.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe intervenir de manera urgente para fortalecer la función del poder judicial de control y resguardo de la Constitución y la ley. Es necesario que respalde la investigación, provea los recursos necesarios y garantice su independencia. También debe procurar la seguridad personal del juez y su familia. Asimismo hacemos un llamado al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público Fiscal para que desde sus respectivas competencias apoyen esta investigación y contribuyan a la resolución de este problema grave que afecta el estado de derecho”, reclamaron.
“El espionaje y la inteligencia ilegal fueron parte indisociable del aparato represivo del terrorismo de estado. Los mismos operaron en la ilegalidad dentro del estado mucho antes del golpe y fueron parte del proceso paulatino de debilitamiento de las instituciones democráticas que lo propiciaron el 24 de marzo de 1976. La memoria nos alerta en el presente. Son esas alertas que no sonaron o no se escucharon las que nos llevaron al genocidio argentino del siglo XX”, concluyeron.
