El fiscal que investigó el robo en la casa del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fue denunciado el viernes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de Mariano Magaz, un funcionario cercano al massimo a quien la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, propuso al Senado para el cargo de juez en la Cámara de Apelaciones de Zárate-Campana. Lo acusan de falsificar firmas y falsear el acta de dos allanamientos realizados por el robo al ex intendente de Tigre y por frenar una denuncia que involucraba a un proveedor de ese municipio.
La denuncia y pedido de juicio político contra el titular de la UFIJ Rincón de Milberg del Departamento judicial de San Isidro fue presentada el viernes 1 de marzo por Alejandra Medrano, una vecina de Villa Ballester, partido de San Martín. La acusación quedó radicada ante el secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento, Ulises Giménez.
Magaz fue acusado por “falsedad ideológica, falsificación de documento público, uso de documento público falso, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” en una causa, y por incumplir sus deberes e incurrir en “graves irregularidades” y la comisión de acciones u omisiones en procedimientos en otra.
El fiscal fue propuesto el 24 de noviembre por la gobernadora María Eugenia Vidal para ocupar un cargo de juez en la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate Campana, y ahora espera el acuerdo del Senado para ser designado en ese cargo.
El pliego llegó a la Cámara alta pocos meses después de que el funcionario quedara ternado por el Consejo de la Magistratura. La designación del fiscal, de conocida afinidad con el massismo, sería parte de los acuerdos de gobernabilidad que el espacio político del exintendente de Tigre tejió con la mandataria bonaerense.
El pedido de juri ingresado el viernes cuestiona el accionar de Magaz en la causa que investigó el robo en la casa del líder del Frente Renovador por el que fue condenado en 2015 el prefecto Alcides Díaz Gorgonio. La denuncia de Medrano toma nota de dos allanamientos “de urgencia” realizados en la instrucción de esa causa (IPP14-10-1654-13) en domicilios de las localidades tigrenses de Rincón de Milberg y de Los Troncos, en los que señala varias irregularidades.
En concreto denuncia que, entre otras irregularidades, en el acta figuran personas que no firmaron las actuaciones, y que el fiscal habría falsificado las firmas de testigos en la página final del acta. Además, César Jaunarena, un testigo convocado por la Policía al momento de los allanamientos, denunció que la Policía y Magaz le indicaron que no debía decir que el dinero robado era más que el que figuraba en el acta del procedimiento que presenció.
“Según surge de los dichos del testigo Jaunarena, quien refirió que el fiscal Mariano Magaz le indicó que no diga ‘que se encontró más dinero’ porque el damnificado ‘no lo tenía declarado’; extremo que ratificó en el juicio oral cuando declaró que ‘en las actas de allanamiento aparece menos plata de la que vi’”, consignó Medrano en la presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Ese acta de allanamiento sumó una serie de irregularidades: la denuncia indica que no fue firmada por todas las personas que estuvieron en el lugar; que el documento no da cuenta de la presencia del secretario de prevención ciudadana de Tigre, Diego Santillán, en el allanamiento; y que las firmas de tres policías habría sido falsificada por el propio Magaz. Como prueba de la falsificación cita pericias caligráficas que indican que las firmas policiales tienen “semejanza y coincidencias morfológicas con las firmas de Mariano Magaz” que fueron estampadas en el mismo escrito.
La denunciante Medrano califica como abuso de funciones el accionar del fiscal y lo inscribe en el marco de “un claro acto de corrupción” en los términos del artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
La segunda causa en la que lo acusa la afectó directamente. Se trata de una investigación por usurpación del domicilio y robo de bienes, cometidos donde vivía Medrano. “La investigación venía desarrollándose con celeridad y diligencia hasta que, en el contexto de escuchas telefónicas, aparece involucrado en los hechos personal de dirección de la sociedad comercial Way Maker S.A, contratista de obra pública de la Municipalidad de Tigre”, denunció la mujer.
Según denuncia Medrano, de las escuchas surge que el despojo de sus bienes se habría realizado con un vehículo de la empresa por la ex conyuge de un accionista minoritario, y que ese hombre habría asegurado que le habían garantizado protección.
La denuncia quedó radicada en el Jurado de Enjuiciamiento y busca terminar con “la permanencia en el ejercicio de la función” del fiscal, que está a punto de ser nombrado camarista. La denuncia se interpuso en ese camino, y pide el apartamiento de Magaz.