Eduardo Tatiano, nuevo fiscal federal de la causa por la muerte de Alberto Nisman, pidió hoy el informe de la cuenta bancaria que el fallecido fiscal de la causa Amia tenía en el banco norteamericano Merril Lynch con su asesor informático Diego Lagomarsino. El fiscal también requirió a la Dirección Nacional de Migraciones el registro de los viajes que ambos realizaron al exterior entre 2007, año de la designación de Lagomarsino en la UFI-Amia, y 2012, cuando al parecer fue abierta esa cuenta.

Taiano, a quien el juez federal Julián Ercolini delegó la investigación, incluyó ambos pedidos en un paquete de nueve nuevas medias de prueba que marcan el pase efectivo de la investigación a la justicia federal, tal como ordenó por la Corte Suprema. El fiscal solicitó al juez federal Claudio Bonadio “remitir copias certificadas de la documentación de la entidad financiera Merrill Lynch Bank of América, obtenida vía exhorto; más precisamente de los movimientos bancarios de la cuenta titularidad de Natalio Alberto Nisman y Diego Angel Lagomarsino”, el técnico informático que, según declaró, le dio al fallecido fiscal el arma que le quitó la vida. La cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 por unos 600 mil dólares ingresados desde diferentes cuentas de terceros, entre ellas una a nombre del empresario Damián Stefanini, misteriosamente desaparecido a fines de junio de 2014.

El fiscal de la causa Amia, hallado muerto el 18 de enero del 2015, figuraba como apoderado de esa cuenta, vale decir con poder para operarla, mientras que como titulares figuraban Lagomarsino, la madre del fiscal fallecido, Sara Garfunkel y su hermana, Sandra Nisman. La existencia de esa cuenta fue llevada a la causa por la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, luego de que Sandra Nisman le revelara su existencia al comenzar la investigación por la muerte del fiscal, a cargo entonces de la fiscal criminal Viviana Fein. Por la cuenta y la compra de propiedades se abrió una causa por presunto lavado de dinero en la que Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino fueron citados a indagatoria por el juez Rodolfo Canicoba Corral, antes de que la Cámara Federal lo apartara y fuera reemplazado por Bonadío.

El pedido de Taiano presupone su intención de seguir esa línea de investigación como una de las posibles causales de la muerte de Nisman y apunta directamente a una eventual responsabilidad del informático Lagomarsino, tal como reclamó Arroyo Salgado. Aunque la investigación no determinó aún si se trató de un suicidio, de un asesinato o de un suicidio inducido, las querellas de los familiares de Nisman dan por sentado que se trató de un crimen vinculado a su posición funcional como jefe de la Unidad que investiga el atentado a la Amia de 1994. Otro signo de la reactivación de la causa en el fuero federal será la declaración testimonial que a partir de mañana y hasta el 20 de octubre comenzarán a prestar ante la fiscalía de Taiano 19 empleados de la UFI- Amia, que ya habían comenzado a hacerlo ante la jueza criminal Fabiana Palmaghini.

El fiscal también pidió que declare como testigo Damián Pachter, quien la noche que Nisman fue encontrado muerto en su baño escribió en su cuenta de twitter que algo estaba sucediendo en la casa del fiscal. Pachter declarará por videoconferencia ya que reside en Israel, a donde viajó luego de denunciar que había sido amenazado. Por último, el fiscal ratificó la realización de la junta interdisciplinaria con especialistas médicos y criminalistas que analizarán todas los peritaje técnicos realizados en la causa, pero se dio tiempo para fijar la fecha una vez que los haya analizado su propia fiscalía.

Los peritos de parte designado por Arroyo Salgado impugnaron los resultados de los gabinetes de criminalística y química forense de la Policía Federal, por lo que uno de los puntos de interés es saber si Taiano los convocará a un nuevo debate o los reemplazará por especialistas de otras fuerzas de seguridad. Nisman fue encontrado muerto la noche del 18 de enero del año pasado en el baño de su departamento de Puerto Madero, cuatro días después de denunciar a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros funcionarios y políticos, como supuestos encubridores del atentado a la Amia a través de la firma del memorándum de entendimiento con Irán.