La fiscal federal Paloma Ochoa reclamó el procesamiento de dos funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que no denunciaron penalmente el hallazgo de un insólito arsenal de armas de fuego, en una sede porteña del supermercado Coto, en 2016, y tampoco lo pusieron a resguardo. Lo hizo en la misma causa en la que fue procesado hace diez días el dueño de esa empresa.
Ochoa pidió los procesamientos al apelar las faltas de mérito que dictó el juez Sebastián Ramos en favor del director de fiscalización, resguardo y destrucción de materiales controlados de la ANMaC, Fernando Fumeo, y del coordinador de inspecciones, Juan Kotelchuk.
«Los imputados decidieron no ejecutar el procedimiento debido y acorde al peligro detectado. Dispusieron únicamente el secuestro preventivo del material, fajando el lugar de guarda y nombrando depositarios judiciales, sin proceder al traslado de los artefactos ni formular denuncia penal alguna», sostuvo en la apelación a la que accedió Tiempo.
La Cámara Federal porteña deberá decidir ahora si hace lugar al planteo de la fiscal, en el marco de la causa en la que el empresario Alfredo Coto y su hijo Germán fueron procesados por «tenencia ilegítima de materiales explosivos», «acopio de armas de fuego, piezas o municiones» y adulteración o supresión del número o grabado de un arma.
En el expediente se investiga el hallazgo de más de 200 granadas, armas de fuego, gas pimienta, gas lacrimógeno, más de 3000 municiones, un silenciador y chalecos antibala, entre otras cosas.
Parte del armamento encontrado pertenecía a fuerzas federales de seguridad, por lo que fue procesado también el prefecto que debió haberlas mantenido bajo control.
Las armas fueron encontradas el 30 de agosto de 2016 en un depósito del supermercado Coto, en Paysandú al 1800. El lugar no estaba habilitado para esa función. «La ubicación del sector de guarda y la naturaleza del material, de uso prohibido y/o exclusivo de fuerzas de seguridad, obligaba a extremar los esfuerzos o bien poner en conocimiento del hallazgo a otros organismos públicos pertinentes (UFIARM, Brigada de explosivos PFA, etc.) para facilitar su traslado, pero nunca dejarlo en manos de un usuario colectivo sin habilitación, en un sector de guarda carente de las medidas de seguridad necesarias», sostuvo la fiscal al solicitar los procesamientos.
«Pese a haber hallado en grave infracción una gran cantidad de materiales explosivos, de uso prohibido y/o exclusivo de fuerzas de seguridad, en manos de un usuario no habilitado al efecto, los imputados decidieron no ejecutar el procedimiento debido», remarcó Ochoa.
La causa se originó por una presentación anónima que llegó a la Unidad Fiscal especializada en la Investigación de ilícitos relacionados con Armas (UFIARM), a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello, que realizó una investigación preliminar y luego radicó una denuncia penal.
En su descargo ante el juez Ramos, Coto aseguró que no cometió ningún ilícito, que por la forma piramidal de la estructura de su empresa, él no estaba al tanto de cada uno de los movimientos y que las armas halladas en un local de su firma pertenecían a fuerzas de seguridad. El empresario agregó que esas armas encontradas en 2016 estaban arrumbadas allí desde hacía tres años y su existencia estaba motivada por «los graves y reiterados hechos de violencia que se generaron contra locales y dependencias de la empresa».
Fueron los funcionarios investigados los que habrían dado las órdenes de ocultar el hallazgo de las armas según surge de la lectura del expediente y de las declaraciones de los que encontraron el armamento. «Para qué carajos se meten donde no se tiene que meter», fue la respuesta que dijeron haber recibido dos inspectores, que declararon como testigos, por parte de Kotelchuk, el director de inspecciones. Tras esa reacción –relataron– el funcionario llamó a sus superiores y luego bajó la orden de dejar todo tal cual lo habían encontrado. No hubo traslado ni denuncia. Algo se estaba ocultando.«
