La justicia porteña ya trata un recurso de amparo que pide “declarar nula por inconstitucional la ley de Estacionamiento Medido”. Un elemento que con la nueva norma abarcará gran parte de la Capital Federal, y que suele venir acompañado por las ya clásicas grúas, cuya concesión irregular es ínfima, pero con recaudaciones millonarias. 

El amparo fue presentado en el Fuero  Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad el jueves pasado por Gustavo Desplats, coordinador de la ONG Proto Comuna Caballito y secretario parlamentario del bloque Bien Común en la Legislatura porteña. La demanda se encuentra en el Juzgado Nª 23 a cargo del Juez Dr. Francisco Ferrer. Apunta a la ley 5.728 de Estacionamiento Medido, sancionada por la Legislatura porteña el 1º de diciembre del año pasado por iniciativa del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Y que actualmente se encuentra en pleno proceso de instrumentación.

El nuevo sistema de estacionamiento medido en la Ciudad dejará atrás los parquímetros para reemplazarlos por terminales multipropósito y abarcará unas 10.000 cuadras, de las 24.400 existentes. Parquímetros renovados superarán ahora un 40% de las calles de la Capital Federal, llegando a 14 comunas, en barrios bastante alejados geográfica y poblacionalmente de lo que es el microcentro, donde se originó esta modalidad del parquímetro. Más del 60% de los vecinos deberá gastar para estacionar su auto en la calle. Si no cumplen, el acarreo será de 750 pesos, sumados a la multa. Las motos se agregarán al sistema. Los fines recaudatorios parecen sobrevolar todo el texto de la ley, mientras avanza las peatonalizaciones en diferentes zonas de la ciudad. 

“La ley número 5.728 fue aprobada sin respetar el procedimiento de doble lectura establecido en la Constitución de la ciudad impidiendo la participación ciudadana en la correspondiente audiencia pública. Por estos motivos, la conducta del GCBA está produciendo una lesión actual a los derechos que se pretenden proteger con la interposición de la presente acción de amparo colectivo”, comenta Desplats en el amparo. Su reclamo se centra en que la norma fue aprobada por mayoría absoluta (33 votos positivos) y en simple lectura, cuando “según la Constitución debió ser aprobada por mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura (40 votos) y con el procedimiento de doble lectura”. 

El gobierno se hará cargo de comprar las terminales autónomas y el sistema electrónico, a un costo de 18 dólares. Además, le abonará un monto mensual a las empresas, por su servicio. Pero no es lo único. Las terminales multipropósito vienen acompañadas por una expansión de las zonas donde se manejan las famosas grúas. El sistema de acarreo tendrá una cobertura total del territorio de la Ciudad  que se dividirá en cinco  zonas en las que operarán los distintos concesionarios, que pueden ocupar más de una zona en caso de que la licitación quede vacante. Habrá, además, playas de acarreo distribuidas en cada una de esas cinco zonas.

Sobre estas playas, Desplats remarca que “se pretende entregar terrenos zonificados como plaza, un  espacio universitario y otros muchos bienes públicos a los privados, que tienen una zonificación en el cuadro de Usos del Codigo de Planeamiento Urbano de la Ciudad, que impiden esa utilización sin la modificación del Código (Ley 449). La disposición de bienes del ‘Dominio Público’ requiere de 40 votos, y sólo logró 33”, remarca.

Hasta las nuevas licitaciones, las grúas actuales pertenecen a dos empresas (Dakota y BRD Saicfi) que tienen el contrato vencido hace 15 años y pagan un canon irrisorio mientras son subsidiadas. Y además, según un informe de la Auditoría, también ejercen un poder de policía por las calles porteñas, transportando a los inspectores y presionándolos para labrar multas. La Ciudad no recibe un peso de la recaudación, y sin embargo destina casi la mitad de sus 1513 agentes de tránsito para acompañar a las grúas. 

Desde que el macrismo asumió en la Ciudad, la tasa de acarreo aumentó un 1300 por ciento. Por día levantan más de 427 coches. En 2015, fueron 156 mil acarreos. Los autos van a playas costeadas por el Estado porteño. La de Constitución demandó $ 10 millones.

“Miles de porteños tendrían que pagar para estacionar en la puerta de sus casas. Otros miles tendrían que realizar trámites para no tener que pagar en el mismo lugar donde estacionaron toda la vida (por ejemplo, no tener más de un auto por domicilio, deberá registrarlo en el parquímetro todos los días y no tenerlo estacionado en el mismo lugar por más de 48 horas). Y todo esto nunca fue consultado plenamente con la sociedad y solo beneficia a los dueños de estas empresas”, agrega Desplats. Y completa: “Tampoco se ha pensado en otras alternativas solidarias o cooperativas como los ejemplos de Rosario o Montevideo. Es sólo un negocio que no mejora el estacionamiento”.

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