La fiscalía del juicio oral por el derrumbe del boliche Beara, que en setiembre de 2010 causó dos muertos y medio centenar de heridos en el barrio porteño de Palermo, pidió penas de entre tres y cuatro años de prisión para un grupo de ex funcionarios del gobierno porteño de Mauricio Macri, empresarios y policías.

El fiscal Oscar Ciruzzi pidió las penas más altas, cuatro años y medio de cárcel, para los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess, socios en la empresa “El Viejo Sabio S.A.”, que administraba Beara y también el boliche Caramel.

Para el fiscal, los empresarios son los principales responsables del “homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho activo con respecto a funcionarios policiales».

Si bien la calificación legal es similar a la de la tragedia de Cromañón, el pedido de penas es sensiblemente menor. Por los hechos del boliche de Once, el principal responsable, el fallecido Omar Chabán, fue condenado a diez años y nueve meses de cárcel.

El fiscal pidió cuatro años de prisión para el maestro mayor de obras Gustavo Amaru, acusado de haber aprobado la inspección técnica que posibilitó la habilitación del local en el que la frágil construcción de un entrepiso y la superpoblación causó el derrumbe que mató a Ariana Beatriz Lizarriaga, de 21 años de edad, y a Paula Leticia Provedo, de 20.

Durante el juicio, según sostuvo el fiscal, los peritos que analizaron la estructura que colapsó coincidieron en que la construcción estaba realizada de forma deficiente, que los tornillos estaban mal ubicados y que el derrumbe podría haber ocurrido antes. La estructura no estaba preparada para soportar la sobrecarga y el movimiento natural de un local en el que los asistentes bailaban o asistían, como aquella fatídica noche, a un recital del grupo Ráfaga.

El alegato también pidió penas de tres años de prisión en suspenso para cuatro funcionarios del Gobierno de la Ciudad: el ex director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Diego Farrell; el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Damián Saikauskas; el exjefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano, y el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky.

A ellos les reprochó las muertes y las lesiones, pero no los acusó por los sobornos, pese a que habían llegado también con esa acusación a juicio por parte del fiscal de instrucción Andrés Madrea.

El alegato de Ciruzzi sostiene que los funcionarios acusados “obviaron intencionalmente el accionar que debían cumplir por ley: existieron datos falsos del funcionamiento como café bar, datos falsos de que iba funcionar como casa de fiestas privadas”.

Sin embargo, pidió la absolución de la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Ileana Berkowski, quien estuvo también investigada por otros casos de resonancia como Cromañón y el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, que causó diez muertos.

Cuatro integrantes de la Policía Federal, el comisario Rodolfo Cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González también fueron acusados por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”.

Ciruzzi pidió para ellos penas de cumplimiento efectivo, de tres años y medio de prisión.

Pese a que Beara estaba habilitado para fiestas privadas, según la acusación fiscal “existió un accionar imprudente y violatorio de los deberes de cuidado en un lugar donde ellos querían que existiera un importante caudal de gente”.

“Si hubieran hecho caso a alguno de los requerimientos legales o advertencias de profesionales o de las demandas, quizás se hubieran evitado los resultados”, pero los empresarios incurrieron en “un accionar imprudente y violatorio de los deberes de cuidado”.

El fiscal hizo hincapié en las características de la habilitación solicitada y lo que ocurría en realidad adentro del local. También en ese punto es inevitable la comparación con Cromañón, que estaba habilitado como “local bailable Clase C” y en rigor era una suerte de microestadio que se llenaba de gente –hasta cinco veces más que lo permitido- en cada uno de los recitales de bandas de rock que allí se presentaban. «En Beara llegaron a asistir 700 personas, lo que excedía por escándalo la habilitación”.

¿Cómo fue ello posible? Para Ciruzzi, por el vínculo entre los tres socios y los policías condenados, quienes –según su acusación- recibieron coimas para consentir el funcionamiento del local en condiciones irregulares.
El fiscal también pidió la absolución de uno de los organizadores del recital, así como del encargado de Beara, Agustín De Grazia, y los gestores de la habilitación Leandro Camani y Matías Pantarotto.