El diputado nacional Rodolfo Tailhade pidió que se cite a declarar en calidad de testigos a la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó y al fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia, en la causa que investiga por supuestas presiones a la llamada «mesa judicial» del macrismo.
El planteo se realizó ante declaraciones públicas del fiscal, quien refirió maniobras de uno de los acusados, el ex asesor presidencial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, para lograr la renuncia de Gils Carbó, según el escrito al que tuvo acceso Télam.
El pedido de Tailhade se presentó al fiscal del caso, Franco Picardi, y fue respaldado en un escrito aparte por senadores de su bloque, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Taiana y Mariano Recalde y diputados como José Luis Gioja, Josefiina González y Marisa Ucesa.
En el escrito firmado de manera conjunta los senadores y diputados del Frente de Todos calificaron al hecho investigado como «inusualmente grave en términos institucionales» .
«Lo señalado por De Vedia implica el claro reconocimiento por parte de Rodríguez Simón de la existencia de ese ámbito clandestino e ilegal que era la denominada Mesa Judicial M, que conducía el propio presidente de la Nación Mauricio Macri y desde la cual se digitaba el curso de acción que debían seguir las causas judiciales que se habían iniciado contra dirigentes de la oposición púbilca», agregaron.
Tailhade, por su parte, estimó que, «como parece obvio a esta altura, resulta indispensable la comparecencia también en audiencia testimonial de la Alejandra Gils Carbó, víctima principal de la maniobra».
«Es de público conocimiento que el fiscal De Vedia conoce sobre hechos que se investigan en autos y, en particular, ha explicado en distintos medios periodísticos la participación directa del asesor presidencial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, en las maniobras desplegadas desde la Mesa Judicial M para atacar, desprestigiar y acusar de delitos a la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y forzar su renuncia al cargo», sostuvo.
En la causa se denunció el funcionamiento de la llamada «mesa judicial» durante el gobierno de Macri, destinada a «afectar la independencia del Poder Judicial» mediante «acciones delictivas».
El planteo se realizó ante declaraciones públicas del fiscal, quien refirió maniobras de uno de los acusados, el ex asesor presidencial Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, para lograr la renuncia de Gils Carbó, según el escrito al que tuvo acceso Télam.
El pedido de Tailhade se presentó al fiscal del caso, Franco Picardi, y fue respaldado en un escrito aparte por senadores de su bloque, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Taiana y Mariano Recalde y diputados como José Luis Gioja, Josefiina González y Marisa Ucesa.
En el escrito firmado de manera conjunta los senadores y diputados del Frente de Todos calificaron al hecho investigado como «inusualmente grave en términos institucionales» .
«Lo señalado por De Vedia implica el claro reconocimiento por parte de Rodríguez Simón de la existencia de ese ámbito clandestino e ilegal que era la denominada Mesa Judicial M, que conducía el propio presidente de la Nación Mauricio Macri y desde la cual se digitaba el curso de acción que debían seguir las causas judiciales que se habían iniciado contra dirigentes de la oposición púbilca», agregaron.
Tailhade, por su parte, estimó que, «como parece obvio a esta altura, resulta indispensable la comparecencia también en audiencia testimonial de la Alejandra Gils Carbó, víctima principal de la maniobra».
«Es de público conocimiento que el fiscal De Vedia conoce sobre hechos que se investigan en autos y, en particular, ha explicado en distintos medios periodísticos la participación directa del asesor presidencial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, en las maniobras desplegadas desde la Mesa Judicial M para atacar, desprestigiar y acusar de delitos a la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó y forzar su renuncia al cargo», sostuvo.
En la causa se denunció el funcionamiento de la llamada «mesa judicial» durante el gobierno de Macri, destinada a «afectar la independencia del Poder Judicial» mediante «acciones delictivas».
