La Legislatura de Santa Fe comienza a tratar este jueves el proyecto del gobierno provincial con el que pretende equilibrar las cuentas públicas y atender la demanda social. Para eso, el gobernador Omar Perotti tiene en la mira a dos peso pesado de la economía santafesina: bancos y cerealeras. Según trascendió en las últimas horas, el proyecto de reforma impositiva aumenta la alícuota de Ingresos Brutos a unas 18 empresas agroexportadoras, que pasarían de tributar 0,25% a un 2%.

“Se aumenta la obligación contributiva para los sectores que más pueden afrontarlo. Esto es para poner en marcha todos los programas sociales y, la indicación de Perotti es la emergencia alimentaria. Primero el hambre”, fundamentó Leonardo Ricciardino, vocero del gobierno provincial, en línea con el proyecto integral de emergencia que aprobó la Nación la semana pasada.

La jugada parece fuerte, toda vez que el último antecedente de intento de suba del impuesto a las exportadoras terminó en la nada, cuando sólo se hablaba del 1% para financiar la quita de subsidios al transporte que realizó el gobierno de Mauricio Macri desde inicios de este año.

En cuanto a los bancos, el otro sector fuerte apuntado por el gobierno provincial, deberían pagar una escala única del 7%, cuando hoy oscila entre el 2 y el 7%.

Desde el gobierno explicaron que los fondos se utilizarán para ayudar a sectores productivos y de menores recursos, de la misma manera que Nación subió la presión impositiva sobre los sectores de mejores ingresos para poder equilibrar las cuentas y establecer políticas para los sectores de menores ingresos.

La reforma tributaria implica también una suba del impuesto Inmobiliario de entre el 10 y el 40% según la categoría del contribuyente y además un aumento de la Patente y del impuesto sobre Sellos. Se mantendrán los beneficios impositivos vigentes para las pymes y habrá también una amplia moratoria de seis meses que alcanzará a todos los tributos provinciales.

El paquete impositivo se discute desde este jueves en la Legislatura en conjunto con la adhesión de la provincia al nuevo Consenso Fiscal firmado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, los 23 gobernadores (incluido Perotti) y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A partir del nuevo acuerdo, se suspende por un año (hasta el 31 de diciembre de 2020) la rebaja gradual de impuestos locales acordada en noviembre de 2017 entre la Nación y las provincias.

El objetivo del nuevo Consenso Fiscal, que tiene como consecuencia la reforma tributaria provincial, es que los gobernadores puedan contar con un mayor caudal de recursos propios luego de dos años seguidos de caída de la actividad económica que tuvo su correlato en la recaudación provincial y nacional, motivo por el cual también cayó la coparticipación federal.

Impuesto por impuesto

Según trascendió, el proyecto de Perotti no implica cambios en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para las empresas radicadas en el territorio santafesino, a excepción de las cerealeras y los bancos. Tampoco se gravará con ese tributo a la actividad primaria, como había confirmado el lunes el ministro de la Producción Daniel Costamagna. Sería un gesto del nuevo gobierno hacia los productores rurales que se verán afectados por la suba de retenciones. Aunque también trascendió que la excepción sería sólo para las unidades productivas de hasta 50 hectáreas.

En cambio, en materia de impuesto Inmobiliario habrá incrementos segmentados, con menor impacto en las pequeñas propiedades. El aumento previsto impactará con mayor fuerza en los inmuebles urbanos y menos en los rurales. Si bien no trascendieron detalles, la suba del Inmobiliario será de entre el 10 y el 40% según el contribuyente: por debajo de la inflación anual que en 2109 será superior al 50%.

Además, el gobierno provincial propone un aumento del 0,25 % en el impuesto sobre los Sellos. El Consenso Fiscal de 2017 preveía que se reduzca del 0,75 al 0,50%, pero seguirá en el mismo nivel con el objetivo de lograr una mayor recaudación. Por el mismo motivo, habrá una nueva suba de la Patente; si bien no transcendieron detalles sobre el porcentaje, el Ejecutivo informó que el tope será fijado en base a la inflación.

La moratoria

El llamado Plan de Regularización de Deudas Fiscales, o moratoria, alcanza a todos los impuestos provinciales y tendrá seis meses de vigencia. El gobierno lo explicó en función de “las dificultades en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes observada en los últimos años, como consecuencia de la recesión económica y la contracción del ingreso disponible de las familias”.

Los impuestos alcanzados por la moratoria serán Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano y Rural, Sellos, Contribución de mejoras, impuesto a las Actividades Hípicas, Patente, Tasa redistributiva de servicios, Aportes a institutos becarios y el impuesto a las embarcaciones deportivas.

“La moratoria abarcará a todos los tributos provinciales y cualquiera sea la situación de los contribuyentes, con descuentos de hasta el 70% en pagos al contado de lo que se adeuda en intereses”, explicó el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo.

“El objetivo de estas medidas es que el Estado obtenga los recursos para atender las necesidades sociales de la gente. Hay una situación financiera difícil y la provincia necesita contar con recursos genuinos para mantener los servicios, la alimentación de amplios sectores, la salud y la seguridad”, amplió el funcionario.

Según los cálculos del gobierno, las deudas impositivas suman unos 23 mil millones de pesos. “La situación financiera es delicada y el gobernador tomó la decisión de no tapar agujeros con tomas de créditos a tasas estrafalarias como las que hay en el mercado. La idea es hacerse de recursos genuinos e ir normalizando la situación”, agregó Borgonovo.

Juego político

El Ejecutivo envió la reforma tributaria del Senado y la adhesión al Consenso Fiscal a la Cámara de Diputados, ambas citadas para sesionar este jueves a las 15 y este viernes a las 10. Son las últimas sesiones del año; luego la Legislatura entra en receso y retoma su actividad en febrero de 2020.

Por ese motivo, para el gobierno es clave lograr la sanción de ambos proyectos esta semana, de manera tal que el nuevo esquema tributario entre en vigencia a partir del 1º de enero.

No será tarea fácil. El gobierno solo tiene mayoría en el Senado (12 contra 7), pero allí el bloque del PJ está dividido y la mitad de sus integrantes ya le dieron una prueba de indisciplina a Perotti cuando aprobaron, a fines de noviembre, el proyecto presupuesto 2020 elaborado por el gobierno saliente.

En la Cámara de Diputados, el peronismo solo tiene 7 votos seguros y el bloque mayoritario, de 28 legisladores es del Frente Progresista. Por ese motivo, los referentes legislativos del gobierno deberán trabajar duro para convencer a sus pares sobre la necesidad de que se aprueben ambos proyectos.

Ocho declaraciones de emergencia

El gobierno de Omar Perotti envió a las cámaras legislativas un paquete de leyes para que se declare la situación de emergencia en ocho áreas: social, alimentaria, salud, contrataciones, económica, financiera, fiscal y seguridad.

La intención del Ejecutivo es acelerar los procesos administrativos y eliminar barreras para la toma de decisiones en momentos de crisis económica.

“Se trata de un paquete de emergencias alineadas con la declaración de emergencia sancionada a nivel nacional”, explicó el vocero del gobierno Leo Ricciardino. “Implica que se amplían las facultades del Ejecutivo para compras alimentos, para producir o adquirir medicamentos, revisar contrataciones y postergar contrataciones”.

En materia de seguridad, según el vocero oficial, la emergencia “permitiría tomar decisiones respecto del personal, de la compra de equipos y asignación de recursos, todo lo vinculado con trámites urgentes que haya que realizar. Y también comprende la readecuación de toda la estructura de la fuerza policial”.

En cuanto al área de salud, en función de la emergencia sanitaria, se establece “la continuidad de la fabricación de remedios del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) estableciendo prioridades”, amplió el vocero.

Según indico Ricciardino, con la sanción de la emergencia en salud “se pueden reorientar las fabricaciones, ya sea de medicamentos más populares, o que lleguen a más amplia cobertura de gente. Hay que reorientar la producción a ese lugar”.

Los proyectos de emergencia ingresaron el lunes a última hora por el Senado, donde serán analizados en primer lugar antes de su envío a la Cámara de Diputados.