Intendentes bonaerenses del peronismo y el massismo, acompañados por representantes de sus bloques legislativos, presentaron el proyecto de ley para descentralizar la Policía de la Provincia y crear la Policía de Seguridad Municipal. La propuesta toma como modelo el traspaso de la Policía Federal de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, y busca dejar bajo la órbita de los jefes comunales, además de las policías locales creadas durante el gobierno de Daniel Scioli, las distritales de la Policía Bonaerense. La propuesta que reunió todos los bloques del FPV-PJ con el del Frente Renovador y metió una cuña en el acuerdo de los massistas con el oficialismo.
El proyecto de ley fue entregado al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini, por una comitiva de intendentes y legisladores peronistas y massistas que estuvo encabezada por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La iniciativa propone la creación de la Policía de Seguridad Municipal, que estaría compuesta por la policía local y las distritales de la fuerza de seguridad bonaerense, y sería financiado por la provincia a través de fondos coparticipados.
El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa realizada en el Anexo de la Cámara de Diputados, que encabezaron Insaurralde junto a su par de Miramar, Germán Di Cesare, en la que el lomense señaló que se trata de «un proyecto que consensuamos los intendentes, porque queremos ir avanzando hacia el espíritu de autonomía municipal».
Di Cesare, que fue el portavoz del massismo, remarcó que los intendentes son el primer mostrador ante los problemas de los vecinos. «La gente no se acerca al Ministerio de Seguridad para reclamar, viene a vernos a nosotros», afirmó.
La conferencia fue también una foto que mostró unidos a los bloques del FPV-PJ y el Frente Renovador. El click hizo ruido en el acuerdo que los massistas mantienen con Cambiemos en la Legislatura. Había jefes comunales como Juan Zabaleta, de Hurligham, Gabriel Katopodis de San Martín, Gustavo Menéndez de Merlo, Juan Pablo de Jesús del partido de La Costa, Guillermo Britos de Chivilcoy, Francisco Echarren de Castelli. También estuvieron el senador Sergio Berni, los diputados Fernando «Chino» Navarro, Walter Abarca y Juan José Mussi, de los bloques FPV-PJ, Frente Renovador y Peronismo para la Victoria-PJ.
«La policía tiene 95 mil hombres y no podemos mirar para el costado y dejar afuera a nuestros vecinos para cuidarlos mejor. Debemos contribuir con nuestra gobernadora, porque si hace un buen trabajo en seguridad van a vivir mejor 15 millones de personas», dijo Insaurralde en la conferencia. Y apuntó: «No tenemos ningún marco regulatorio, ninguna ley, que permita que nosotros (los intendentes) hagamos más de lo que hacemos.»
En ese camino remarcó que «la inseguridad es la mayor preocupación de millones de bonaerenses», y justificó la unidad en la propuesta: «los dirigentes provinciales promovemos esta ley para acompañar a la gobernadora Vidal en la lucha contra la inseguridad».
El proyecto de la Policía Municipal
El proyecto supone un traspaso a los municipios de las unidades de Policía de Prevención Local creadas por la resolución del Ministerio de Seguridad Nº 835/14 durante la gestión de Alejandro Granados y de la Policía de Seguridad de Distrito, «con los recursos presupuestarios que garanticen su adecuado funcionamiento», señala el proyecto.
La transferencia implica municipalizar las «competencias, funciones y servicios policiales de seguridad distrital conducidos y administrados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el ámbito territorial del municipio», que pasarán a depender orgánica y funcionalmente del Departamento Ejecutivo Municipal.
El proyecto prevé la transferencia total de la fuerza y abarca también «el equipamiento técnico, armas y municiones, indumentaria, elementos de protección y demás accesorios que use el personal policial». Pero también todo tipo de vehículos y patrulleros de la fuerza, los sistemas de comunicaciones, sistema informático, inmuebles e instalaciones. También establece que el personal policial conservaría «su jerarquía salarial, régimen previsional, cobertura de salud y estabilidad».
La Policía Municipal sería comandada por el Ejecutivo municipal, mientras que un Instituto Provincial de Seguridad Municipal compuesto por una Auditoría General, un Tribunal de Disciplina y una Secretaría de Planificación Estratégica se encargaría de homogeneizar las pautas de actuación y de la estandarización logística y tecnológica.
