Esta semana se confirmó la noticia del cierre de la Agencia Diarios y Noticias (DyN), fundada hace 35 años. Más de 100 trabajadores de prensa quedaron en la calle porque así lo decidieron sus principales accionistas: Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta de Tucumán.

Por falta de recursos no puede ser, si el Grupo Clarín es el más favorecido con la publicidad oficial del macrismo (337,2 millones de pesos sólo durante el primer semestre de 2017), además de que en estos casi dos años la empresa se reempoderó, incrementó sus ganancias y fortaleció sus múltiples negocios.

Cosas raras de la vida, entre más se enriquece el mayor grupo comunicacional de Argentina, más gente despide. En 2016, según Fopea, echó a 180 trabajadores, más que ningún otro medio. 2017 lo comenzó con el cierre de la planta gráfica AGEA: 380 personas más sin laburo. Y en el transcurso del año presionó a sus trabajadores para que aceptaran «retiros voluntarios».

Mientras se cerraba DyN, la hecatombe asomó en el Grupo Indalo. La empresa pagó salarios en dos cuotas y los trabajadores se declararon en asamblea permanente. La angustia de no poder cobrar y no saber si tendrás trabajo el próximo mes es infame. La situación se agrava porque los argentinos tienen encima la amenaza de una reforma laboral que buscará «bajar costos». Y los costos, ya lo sabemos, siempre somos los trabajadores.

Indalo incluye C5N y radios como la 10, Pop, Mega y Vale, en donde hubo cese temporal de actividades para reclamar el pago de los sueldos. Aunque ya les empezaron a pagar, la incertidumbre es total. Si lo sabrán los trabajadores de Radio del Plata o Ámbito Financiero. O los del Diario de Paraná, propiedad de la familia Etchevehere, que hace años cobran en cuotas. Capaz que ahora que Luis Miguel fue nombrado ministro de Agroindustria ya le alcanza para pagar completos los salarios.

También están los 30 trabajadores de Radio Continental Tucumán que la semana pasada quedaron en la calle de un día para el otro porque la empresa levantó por completo y sin previo aviso la programación local. Y ni hablar de Radio Emisora Cultural, propietaria de la legendaria Radio Rivadavia y de Radio Uno. La empresa quebró y sus trabajadores están en vilo. En Telefe, mientras tanto, esta semana hicieron un paro sorpresivo ante el temor de más despidos.

¿Y cómo olvidar el cierre del Buenos Aires Herald? ¿Y los despidos en Crónica y el cierre de las revistas de Editorial Atlántida y el periódico El Argentino? ¿Y los contratos precarios y el trabajo en negro?

Un solo dato para ilustrar un panorama desolador: la revista Anfibia anunció que necesitaba un editor y recibió más de 2000 solicitudes. Son más de 2000 periodistas que están buscando trabajo. Y casi no encuentran.

A los despidos masivos o por goteo y la desaparición de medios hay que sumar episodios preocupantes como la supuesta intención del gobierno, revelada en varias columnas y nunca negada por las autoridades, de empujar el cierre de Página/12 como represalia por las revelaciones de Horacio Verbitsky sobre el multimillonario y secreto blanqueo de familiares y amigos del presidente y de varios funcionarios. Decenas de periodistas de todo tipo de medios (Nelson Castro, Luciana Geuna, Jorge Fontevecchia, Miriam Lewin, Víctor Hugo Morales y Cynthia García, entre muchos otros), firmaron la solicitada «La información no puede ser silenciada» para alertar sobre el daño irreparable que provocaría esta medida.

Más allá de beneficiar con pauta oficial a medios amigos (como lo hicieron el kirchnerismo y los gobiernos anteriores) y desfilar incesantemente en programas de periodistas oficialistas, el gobierno calla ante episodios alarmantes:

-Periodistas de diversos medios fueron agredidos por violentos infiltrados en las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado. Hay fotos y videos, pero seguimos sin saber quiénes son y por qué no los han detenido.

-El diputado electo por Cambiemos Fernando Iglesias agredió en las redes sociales (con su habitual estilo pendenciero nunca cuestionado por sus aliados políticos) a los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum.

-Seis trabajadores de Perfil fueron procesados por ejercer sus derechos sindicales y luego absueltos gracias a la lucha de sus compañeros.

-La periodista Fabiana Bringas fue patoteada al aire por su jefe, el director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero.

-Los periodistas Germán de los Santos y Hernán Lascano tuvieron que cancelar la presentación de su libro «Los Monos» en Rosario por amenazas de familiares de narcos.

-El empresario estafador Mariano Martínez Rojas reapareció en horario central como supuesto testigo «arrepentido». Es el mismo que el año pasado destrozó junto con una patota las instalaciones de Tiempo Argentino y Radio América, caso que sigue impune.

La lista de ataques a la libertad de prensa es larga, tanto como el silencio del gobierno. Las denuncias se empañan por la leyenda urbana que hace creer que, si sólo cierran medios kirchneristas o son atacados periodistas kirchneristas, todo está bien: «se lo merecen». Alegrarse porque alguien, sin importar quién sea, pierda el trabajo, en principio es miserable. Pero resulta que ni siquiera tienen razón. La crisis abarca todo tipo de empresas, aun las más ricas, aun las más antikirchneristas.

Fopea reportó casi 1500 despidos de trabajadores de prensa en 2016. Según SiPreBA, fueron más de 2000. En lo que ya coinciden ambas organizaciones es en que, hoy, la cifra se acerca a los tres mil. Son 3000 voces menos. ¿Nos damos cuenta de la gravedad? Sin pluralidad de voces no hay democracia, ni libertad de prensa, ni derecho a la información.

Por eso, defender a los periodistas como trabajadores y al periodismo como oficio no es una cuestión corporativa. Son valores esenciales en cualquier sociedad. En muchos países de América Latina ya hemos padecido el daño que provoca la alianza entre millonarios y poderosos medios concentrados y los gobiernos de turno. Es un escenario en el que, siempre, ganan pocos.  

Seguimos. «