La supuesta meta de bajar costos por parte de las autoridades del PAMI vuelve a poner en riesgo la salud de los jubilados. El instituto quiere reducir la erogación por medicamentos en 600 millones de pesos. Así las cosas, mediante un carta documento la obra social de los jubilados abrió fuego e informó a los laboratorios que rescindiría el contrato firmado hace sólo tres meses, en el que fija sus condiciones de compra de medicamentos para todo este año.

La respuesta de la industria, que no tardó en llegar, fue aún más impetuosa: no sólo le advirtió al PAMI que no aceptará la rescisión del acuerdo, sino que además lo conminó a saldar la deuda que tiene con los laboratorios por $ 952,7 millones a más tardar esta semana. De no hacerlo, anticipó, lo responsabiliza de todos los inconvenientes que pudiera generar la finalización del convenio, entre ellos, la falta de provisión de medicamentos con descuento para los afiliados.

Tanto la apretada formal, con la intencionada filtración a los medios, como los términos de la respuesta de la industria no registran antecedentes según señalan desde los laboratorios.

En la nota que le enviaron al director ejecutivo del PAMI, Sergio Cassinotti, los laboratorios agrupados en Caeme (extranjeros), Cilfa (nacionales) y Cooperala (cooperativas) rechazaron la carta documento del instituto que recibieron el 27 de abril, por considerarla «improcedente, abusiva y contraria al principio de buena fe».

Según el texto, la actual gestión de Cambiemos ya renegoció el convenio en cuatro oportunidades, «incumpliendo en cada caso los acuerdos previamente alcanzados, afectando indebidamente la necesaria previsibilidad de las partes y la seguridad jurídica». Así y todo, asegura, «en todas las ocasiones los laboratorios se sentaron a negociar de buena fe» y otorgando «cuantiosos descuentos».

Pero, señala, en esta ocasión no existen motivos para rescindir el contrato, dado que, en el acuerdo firmado el 27 de enero pasado por el entonces titular del PAMI, Carlos Regazzoni, se contempló el presupuesto económico financiero del instituto, la situación económica vigente en el país, las proyecciones actuales de consumo y las condiciones económico-financieras de los laboratorios, y «es insostenible afirmar que en sólo tres meses dichas condiciones hayan cambiado de manera que pueda ocasionar un desequilibrio».

Históricamente el convenio que cada año firma el PAMI es el más importante que tiene la industria farmacéutica con una obra social. En base a eso la administración a cargo de Cristina Fernández de Kirchner logró controlar los aumentos dejando en claro en cada negociación que el Estado es le principal comprador de industria, no sólo por las erogaciones que debe hacer el PAMI sino también por la compras de los hospitales y el plan de vacunación.

El PAMI financia entre el 50% y hasta el 100% del precio de venta de los medicamentos que consumen sus afiliados, lo que representó en estos meses el desembolso de unos $ 3000 millones mensuales. Pero la nueva conducción, a cargo de Cassinotti, admite que el convenio firmado en enero está representando un gasto mensual superior al esperado, y aspira a recortar el presupuesto en unos $ 600 millones al mes.

El PAMI, sin embargo, también tiene una deuda con la industria farmacéutica  y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa como prenda de negociación.