En 48 horas, el gobierno porteño deberá explicar lo inexplicable. Más allá del plazo, pareciera difícil que la administración Larreta pueda justificar el aumentazo del 70 por ciento aplicado a los peajes de las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia en febrero pasado.
La jueza Elena Liberatori encontró criterioso el pedido de amparo presentado por los legisladores de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli y Andrea Conde, y pidió que la Ciudad argumente con más detalles su polémica decisión contra los usuarios de las autopistas. A la jueza le resulta inverosímil la explicación oficial del 15 de febrero pasado, que aseguró que «la actualización permitirá asimilar el aumento que hubo durante el 2016 en los costos de administración y mantenimiento, posibilitando la continuidad de los planes de mejoras».
A los legisladores no le cerraron las cuentas: el aumentazo está muy arriba de la suma de la inflación del año pasado más la pronosticada por el propio Gobierno para el actual, y más todavía si se toman en cuenta los aumentos de la pauta salarial o de cualquier otra variable macroeconómica.
El gobierno porteño no va a poder argumentar la irracionabilidad aplicada. No pueden justificar un aumento del 70 por ciento en los peajes que afecta directamente a la población que utiliza servicios de transporte o su propio auto para ir a trabajar y desplazarse en la Ciudad, explicó el diputado Campagnoli.
Hoy, una persona que viene a trabajar a la Ciudad desde la provincia de Buenos Aires tiene que pagar 2500 pesos por mes en peajes. El fuerte aumento se enmarca en la suba de tarifas de los servicios públicos nacionales que, junto a otras políticas del gobierno nacional, llevan a un brutal incremento de la inflación, agregó Conde.
Ahora todo está en manos de la jueza, quien resolverá si el nuevo cuadro tarifario sigue vigente o se retrotrae a enero.
