Siguen las repercusiones tras la filtración de los chats de Telegram entre los jueces Yadarola, Ercolini, Cayssials y Mahiques; su hijo y jefe de fiscales porteño, Juan Bautista; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; y los ex SIDE Tomás Reinke y Leonardo Bergroth. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky propone que ese grupo expresa una articulación que hay que comprender en detalle. “Se trata de todas figuras importantes en la protección de derechos”, afirma.
-¿Hasta qué punto toda esta filtración no entra bajo la figura del “fruto del árbol envenenado” en términos legales?
-Por ahora yo no tengo información certera, pero en principio si esta filtración viene de un hackeo entonces es posible que esta información no pueda ser utilizada en una denuncia, penal. Pero bueno, no todo se reduce a una discusión sobre investigaciones penales. Hay derivaciones políticas por supuesto y derivaciones institucionales, las cuales no quedan necesariamente atadas a que después no se pueda probar si los involucrados cometieron o no algún delito solo porque el origen de esta información sería ilegal.
-A su vez, hechos como esta filtración son las que a su manera construyen luego una verdad histórica, como ocurrió con las escuchas a Cristina. ¿Cuál es la validez de todo esto?
-La vida política en Argentina está regida por las filtraciones, eso a mí me parece un problema importantísimo y lo venimos diciendo desde hace tiempo. Porque es práctica muy instalada. Hay un mercado de información ilegal que es muy fructífero en Argentina para intervenir políticamente. Eso claramente tiene que ser señalado como un problema de nuestro sistema político y de nuestro sistema judicial. ahora Es también un problema que alimentó el sistema judicial o por lo menos Comodoro Py, así como otras instancias de la justicia federal, que fueron siempre muy permeables a la utilización de este tipo de información para armar causas y hacerlas jugar mediáticamente. Es un problema para la justicia porque le fue quitando credibilidad, tanto que en un momento la Corte Suprema, muy criticada, sacó una acordada para poder ordenar un poco la cuestión de las escuchas se ponía en tela de juicio a la DAJUDECO, la instancia que hace el análisis de las intervenciones telefónicas. Yo tengo muchas críticas sobre la Corte, pero eso es un dato político: tuvieron que salir a aclarar que había que respetar las garantías constitucionales, resguardar por lo menos las formas. Por otro lado está lo que se puede conocer de las filtraciones, y hasta dónde implican algo de interés público. Esta es la discusión que se tuvo con Assange y con los Panamá Papers. En conclusión, hay un problema con las filtraciones de información secreta que tiene derivaciones institucionales, políticas y sociales que a veces son muy importantes, entonces se pueden hacer las dos cosas: por un lado, pensar sobre por qué el sistema político-judicial funciona así y por otro qué deriva de la información que surge y podemos conocer cuando se corre un poquito a la cortina y vemos qué hacen los actores del poder fáctico en relación con actores estatales.
-Queda en evidencia por lo que se lee y se escucha en los chats que Ercolini, Mahiques, Yadarola y el resto de los funcionarios judiciales es que van al pie de Rendo y Casey, de Grupo Clarín.
-Ya nos enteraremos si este es el chat completo o si está editado, si es parte de una operación, no lo sé. Pero creo que con lo que hay podemos sacar algunas reflexiones. Lo primero es que son un grupo político, es claro y me parece muy relevante. Se van de joda, a disfrutar de las instalaciones de la casa de Joe Lewis, andan en helicóptero, van a brindar en el centro de esquí, hacen la cabalgata. Y eso no es mentira.
-Además se nota que en algún momento identifican ese exceso, ese pasarse de rosca.
-El propio Rendo diciendo “che, yo no puedo aparecer, porque que los haya invitado ahí, para ustedes que son funcionarios eso es un problema”. Creo que acá hay una articulación y tiene que ver con ser parte de un grupo, que tiene además una comunidad ideológica y que entienden que están haciendo patria de alguna forma. Esas interrelaciones, ese ese ida y vuelta, tiene que ver con cómo piensan el Estado, las instituciones y cómo creen que se hace política. Le rinden pleitesía al Grupo Clarín por un lado, pero al mismo tiempo obtienen beneficios importantísimos como tener la posibilidad de ir a lo de Lewis, algo que ni vos ni yo tenemos la posibilidad, hasta ser parte de los pasillos donde se toman las decisiones importantes. También el modo en que se refieren al jefe de la PSA, que dicen los jueces que “a este lo voy a hacer sentir el rigor”. Desde el punto de vista de la justicia es muy importante que los jueces decidan si les pasan o no causas a una fuerza de seguridad si los tratan bien o mal. Hay un manejo del poder muy arbitraria.
-¿Podríamos hablar a partir de estos chats de, como circula en algunos ámbitos, que esto es “la prueba definitiva del lawfare”?
-Me parece que la idea del lawfare es algo que está presente en muchas discusiones, pero te impide analizar con minuciosidad algunas cosas. Más allá de la etiqueta, lo interesante es entender cómo funciona este bloque, porque son amigos, se cubren, pueden hacer operaciones. Después están las operaciones especiales sobre Cristina u otros. Eso nos interesa marcar desde el CELS. Estos jueces, el jefe de los fiscales y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires son figuras importantes en la protección de derechos. Si no es como si todo tuviera que ver con la rosca política, y no digo que no sea así, que hay una desestabilización constante que venimos discutiendo hace mucho tiempo. Pero hay muchas derivaciones más, muy capilares y parte de las cuestiones cotidianas. Estamos hablando de la propiedad de un tipo como Joe Lewis, que está en un proceso judicial por esas tierras. Un terrateniente recibiendo a quienes deben resolver su situación legal, que encima implica el problema de la extranjerización de la tierra en Argentina. Lo mismo con el monopolio de Clarín: ¿quién controla y decide cómo se regula lo mediático si hay tanta cercanía con la justicia? Las cuestiones de espionaje y persecución a figuras políticas y movimientos sociales también son resueltas por las mismas personas. En este grupo estaba el director de Legales de la AFI.
-¿Hay en estos audios algo así como un delito?
-Creo que hay, que es posible pensar que cometieron delitos. No sabemos todavía si ese hackeo es la totalidad de los chats o faltan cosas. Pero sin dudas por parte de los funcionarios hay algo, porque primero fueron invitados a un viaje, lo cual ya es un conflicto de intereses. Está toda la cuestión de cómo armaron el testimonio para que se cierre la causa de Bariloche. Si uno analizara eso bien, posiblemente podríamos decir que hay delitos. También me parece importante que aunque no se logre condenar a nadie, la idea de impunidad alrededor de esto te pone en un lugar binario. O todo es mentira y todo es verdad y nunca se puede hacer nada. Hay otras formas de acción política o institucional frente a esto independientemente de la herramienta penal. Porque sino todos los conflictos institucionales se tienen que traducir en lo judicial y esto es parte del problema.
-¿Qué herramientas políticas y populares proponen desde el CELS al respecto?
-Creo que tiene que haber, más allá de lo que pasa con la etiqueta única del lawfare. Y no estamos hablando solo de una reforma tecnocrática, sino que realmente funcione distinta. Que el sistema judicial viva de otra legitimidad, por el tipo de respuestas que el sistema da y no por la rosca de palacio. Hay cuestiones ahí para poner a jugar en un sistema en el que está todo bastante roto. Ahí el Consejo de la Magistratura algún rol debería tener, pero no funciona. En Casación Federal, los pares de estos jueces y fiscales que participaron de ese viaje deberían tener algún tipo de posicionamiento sobre esto. ¿Cómo enfrentan estos jueces en las próximas semanas ir a los juzgados y tomar decisiones? Eso va a ser un problema porque ya están muy cuestionados desde el punto de vista de su legitimidad para tomar decisiones.
-¿No te parece que se plantea como lógico un pedido de renuncia de los involucrados?
-Yo creo que sí, están muy cuestionados en su legitimidad. La verdad que no sé cómo van a hacer de acá en adelante, más allá de que digan que es ilegal lo que se filtró. Ahora uno sabe que estos tipos estaban en esta. En cuanto al ministro de Seguridad de la Ciudad estuvo respondiendo que iba a hacer denuncias, para lo cual tiene derecho, pero no está respondiendo sobre el fondo de la cuestión, que es qué hacía en ese viaje y cómo se organizaron para tapar todo. Ahí lo relevante es si el gobierno porteño lo sostiene en su puesto. Pero los jueces tienen una posición mucho más complicada, porque los estándares de Naciones Unidas son muy estrictas respecto de cómo los magistrados tienen que cuidar su integridad para ejercer su función. Esto claramente tira por la borda todas esas reglas de buena conducta establecidas a nivel nacional.
