La ministra de Seguridad Patricia Bullrich utiliza su cuenta de Twitter para mostrar los operativos antidrogas que realizan las fuerzas de seguridad en el interior del país, difunde los videos donde aparece en la incineración de las incautaciones, e incluso se fotografió con su mamá para saludar a todas las madres en su día. Su cuenta de microblogging es, por ahora, uno de los pocos canales que utiliza la funcionaria para mantener su discurso público en los medios. Podrá usarlos, cuentan en el Gobierno, mientras cumpla con la decisión oficial de mantener un estricto silencio respecto al caso que investiga la muerte del joven Santiago Maldonado, un expediente que ahora transita una instancia definitoria desde el martes, cuando fue hallado el cuerpo sin vida en el río Chubut, a 300 metros de la zona donde la Gendarmería Nacional desató un operativo represivo el 1° de agosto, el último día en que fue visto el joven tatuador de 27 años.

Desde que resonaron las primeras denuncias sobre la desaparición, la ministra Bulrich tardó pocos días en descartar, por completo, cualquier responsabilidad sobre los uniformados que participaron del operativo. Poco después se confirmó la activa presencia de su jefe de Asesores, el abogado Pablo Noceti, que funcionó como enlace permanente del ministerio con los jefes de Gendarmería antes, durante y después del operativo que, según pudo reconstruir este diario, tenía dos propósitos: articular una ofensiva represiva contra las comunidades mapuches que protagonizan reclamos de tierras ancestrales, cuyos desalojos son promovidos por empresas multinacionales como Benetton, que alojan a fuerzas de seguridad en sus terrenos para perseguir a quienes ocupen los terrenos usurpados, y disminuir los riesgos de que eso ocurra.

La presencia de Noceti en la interlocución con las empresas interesadas en reprimir activamente el conflicto mapuche fue mantenida en total reserva por el Gobierno, con la misma vehemenca que puso Bullrich para negar cualquier involucramiento de la Gendarmería en el Caso Maldonado. Sin embargo, el funcionario se presentaba en distintas reparticiones policiales, judiciales y de Gendarmería como el enviado directo de la ministra, en medio de la sorda interna que mantiene con su segundo, el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco. El experto en seguridad, dentro del organigrama, cumple las funciones de viceministro de Seguridad, pero Bullrich procuró desplazarlo en los hechos de esas funciones, que finalmente eran detentadas por Noceti.

El núcleo duro de ese entramado comenzó a ver la luz mientras la ministra reiteraba su negativa a reconocer cualquier responsabilidad de Gendarmería. Su rol, casi virulento con quienes señalaban a esa fuerza, contó con el activo respaldo del presidente Mauricio Macri, y también del jefe de Gabinete Marcos Peña, que hace poco dijo estar «orgulloso» de la funcionaria. Pero detrás de esa defensa cerrada, hubo resquebrajamientos dentro del Gabinete, especialmente cuando comenzaron a surgir sospechas sobre los efectivos que ese 1° de agosto participaron del desalojo y persiguieron a los mapuches hasta la vera del río Chubut. Desde que las presuntas certezas sobre Gendarmería comenzaron a resquebrajarse y se transformaron en sospechas dentro del propio Gabinete, Bullrich no perdió su contacto permenente con Macri y Peña, pero fue rodeada por una mesa de situación en la que también participan el ministro de Justicia Germán Garavano, su secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj (que reponde directamente al jefe de Gabinete) y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE) Gustavo Arribas.

El segundo plano que ahora ocupa la ministra en el caso Maldonado también tiene un contexto judicial, debido a la causa que la investiga por presunto encubrimiento junto a Peña, Avruj y Garavano, entre otros funcionarios. Este viernes venció el plazo que tenía la Cámara Federal de porteña para decidir si el expediente debe ir a Esquel o quedarse en la Ciudad de Buenos Aires, aunque el fiscal Federico Delgado y su superior de segunda instancia, Germán Moldes, sostienen que el caso tiene que ser instruido en la Capital. Dentro de ese expediente surgen contradicciones en las testimoniales de los gendarmes, y una serie de sospechas sobre los sumarios instruidos dentro del ministerio, que también incluyeron un requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), porque las actuaciones no habían sido realizadas de acuerdo a lo que establece la ley. La cámara posiblemente se expida luego de las elecciones, pero además de las dudas sobre el ocultamiento de pruebas y el vidrioso rol de los funcionarios de Seguridad que intervinieron en el caso, las palabras de Bullrich para despegar a Gendarmería comienzan a transformarse en elementos inculpatorios a la luz de los hechos, que demuestran todo lo contrario. Quizás por eso la funcionaria mantiene un cerrado silencio sobre el caso que ya marcó su gestión y que podría obligarla a pasear por tribunales como sospechosa, no como denunciante.