Un alto mando retirado de la Prefectura Naval puso en evidencia cómo se filtraron las fotos y videos de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en 2017 y dejó desguarnecida a la defensa de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal imputada en la causa.

“Le informé a la ministra Patricia Bullrich vía telefónica con el teléfono oficial lo acontecido con el procedimiento, ya que era común hacerlo tanto en esta circunstancia como en otras. En esa oportunidad, ella me solicitó fotografías del procedimiento y el prefecto general Logozzo le solicitó las fotografías al personal interviniente en el procedimiento por orden mía.  Recepcionadas las fotografías, fueron enviadas al Ministerio por Whatsapp”,  declaró el prefecto general Eduardo René Scarzello, un hombre de 64 años que estuvo al frente del operativo de detención de Boudou, en jogging, pantuflas y recién levantado de dormir.

Logozzo es el también prefecto general Gustavo Roque Logozzo, quien “también tenía comunicación con la ministra». 

El juez federal Sebastián Ramos, quien tiene a su cargo la investigación impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, preguntó a Scarzello quién más había recibido esas fotografías. El detalle quedó reflejado en el acta de la indagatoria textualmente: “Preguntado para que diga si enviaron las fotos y filmaciones a alguien más dijo: ‘no’».

Restaba, entonces, un detalle más. El juez le preguntó al prefecto “si a la hora en que vio las noticias, en que se habrían filtrado las fotografías o filmaciones, la orden de pasar las fotos a la ministra ya había sido cumplida o no, dijo: ‘si, ya había sido cumplida’».

Bullrich y los prefectos Scarzello, Logozzo, Diego Enrique Fiorotto, Gabriel Alejandro Montes, Diego David Muñoz, David Sebastián Fernández y Hugo Raúl García están acusados de “haber tenido algún grado de participación e intervención en la difusión mediática, al momento o inmediatamente después y sin autorización de ningún tipo, de las imágenes obtenidas durante el acto de allanamiento y detención  en la causa seguida contra el ex vicepresidente Amado Boudou el día 3 de noviembre de 2017, abusando y/o incumpliendo de esa manera, a través de este comportamiento irregular, de las conductas que se esperan de un funcionario público durante el marco de un procedimiento judicial y de las reglas establecidas para funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones”.

La semana pasada, Bullrich declaró como acusada y se desentendió de la imputación, descargando responsabilidades en los prefectos. “Desconozco si efectivamente recibí ese tipo de información y, en su caso, quién la envió, cuándo, desde qué teléfono, a qué abonado -esto es, si fue remitido a un teléfono oficial personal o a un abonado del Ministerio- como así también si la información fue enviada en forma individual a mí o a un grupo o conversación integrado con otras personas”. 

“El personal que tuvo a su cargo la realización del procedimiento habría recibido por parte de su superior dentro de la misma fuerza la orden de obtener registros fotográficos y fílmicos en la noche previa a la diligencia. (…) Desde el Ministerio de Seguridad se impartieron las directivas generales respecto del accionar de la fuerza, tal como se ordena seguir en todos los procedimientos de iguales características”.

El prefecto Scarzello contó otra historia.  «La noche del 2 de noviembre de 2017 recibimos instrucciones por parte de la justicia para realizar coordinaciones a los efectos de un procedimiento que se realizaría en forma inminente, y le ordeno al prefecto general Logozzo que tome contacto con el juzgado para realizar las coordinaciones y apreste personal a sus órdenes para ello».

A ello añadió: «El procedimiento se inició y finalizó sin inconvenientes esa misma mañana. Además, como todas las mañanas, nos juntamos con el prefecto general Logozzo en mi oficina para ver las novedades operativas de la Prefectura y le informé a la ministra Patricia Bullrich vía telefónica con el teléfono oficial lo acontecido con el procedimiento, ya que era común hacerlo tanto en esta circunstancia como en otras».

En ese escenario, Scarzello recordó lo que Bullrich (por el paso del tiempo) parece haber olvidado: «En esa oportunidad, ella me solicitó fotografías del procedimiento y el prefecto general Logozzo le solicitó las fotografías al personal interviniente en el procedimiento por orden mía. Recepcionadas las fotografías, fueron enviadas al Ministerio por whatsapp, no recuerdo si efectivamente las envié yo o le di la orden al prefecto Logozzo que las enviara porque él también tenía comunicación con la ministra». 

Bullrich había asegurado en su indagatoria que el procedimiento de detención de Boudou fue ordenado bajo las pautas fijadas por el “Protocolo de actuación para la realización de allanamientos y requisas personales”, que fijó el propio Ministerio bajo la gestión de la hoy presidenta del PRO. 

“Protocolos no existen, la ejecución va acorde a la reglamentación procesal», desmintió el prefecto Scarzello.

El oficial retirado admitió que “es usual” que se tomen imágenes de los allanamientos y las detenciones en que participa esa fuerza. “Las fotografías o filmaciones se hacen para documentar fehacientemente cómo se llevan adelante los procedimientos». 

Lo que no es habitual es la filtración informal de ese material. Scarzello vio las fotos y videos que le había enviado a Bullrich “por televisión, por ahí aparecen”. 

La ex ministra declaró que “el aparato telefónico con el cual se obtuvieron las fotografías del licenciado Boudou habría sido extraviado poco tiempo después del procedimiento”. Un conveniente inconveniente para obstaculizar el avance de la investigación.