Los afiliados a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) paralizaron esta mañana la actividad en los tribunales en rechazo a las iniciativas del gobierno sobre ferias judiciales, horarios de atención al público y cuestiones salariales y jubilatorias. La movilización del gremio de Julio Piumato dejó virtualmente sitiado el Palacio de Justicia, que fue vallado (e interrumpido el tránsito) en la calle Talcahuano, y clausuró todas las puertas de acceso y egreso hacia las diez de la mañana.

La movilización y cese de actividades es la exteriorización de una pelea de fondo que se está comenzando a dar en el Poder Judicial. Y que podría resumirse, en lo medular, en tres palabras: “si”, “no”, “ni”.

“Si”: desde la Corte Suprema partió la lectura de que “algo habrá que ceder” para mantener un cierto equilibrio que no ponga en jaque a los temas inclaudicables, aquellos en los que coinciden los jueces y los empleados. Y eso que se cederá, según todo parece indicar, será la feria judicial de invierno, el receso de dos semanas que se produce a mitad de año.

“No”: La negativa rotunda e innegociable tiene que ver con que los funcionarios judiciales pasen a pagar el impuesto a las ganancias. Ya ni siquiera se acepta una fórmula que en algún momento resultó potable: incrementar los sueldos en la misma proporción en que se descontará el tributo, de modo tal de no afectar la “intangibilidad de los salarios”.

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Menos aún se aceptará que pasen a pagar ganancias los jueces designados de ahora en adelante, porque eso plantearía –argumentan- una desigualdad ante la ley que no resistiría una acción de amparo.

“Ni”: Parece “negociable” la extensión de la carga horaria. De hecho, los horarios en tribunales son laxos: es muy raro que un juez esté a las 7.30 de la mañana en su despacho, pero tampoco ocurre que a las 13.30 todos se hayan retirado. Existe una suerte de acuerdo tácito para que, cuando hay causas con urgencias, todos trabajan de más, y cuando no las hay, aquella “sobrecarga” se compensa. Pero si, tal como parece sugerir la iniciativa oficial, se va a extender el horario de atención al público, la UEJN exigirá que se paguen esas horas adicionales. En resumidas cuentas, el horario es flexible, pero debe haber más dinero.

El escenario se plantea a mediano plazo. Porque en una reunión que celebraron representantes de la Corte, de la Asociación de Magistrados y del gremio, los jueces y los empleados hicieron saber que se oponen “a todo”.

Detrás de esta primera discusión parece estar la pelea de fondo: el gobierno imagina que tiene seis años por delante y aspira a que en ese lapso, finalmente quede concretado el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, y la licuefacción del fuero federal porteño.